SOCIEDAD › APOYOS PARA EL JUEZ AL QUE BUSCAN DESPLAZAR EN LA CIUDAD DE BARILOCHE

El derecho de actuar según el derecho

Dos juristas de renombre respaldan aquí al juez Martín Lozada, sobre el que pesa un pedido de jury por haber autorizado un aborto que está previsto en la ley. El Consejo de la Magistratura de Río Negro decide hoy si inicia el proceso.

Hijo’e tigre

Por Roberto Bergalli *

Me temo no ser objetivo en lo que a seguido escribiré, por cuanto conozco y admiro a las dos personas que me permiten dar a este texto el título elegido. Mucho más cercano al hijo que al... tigre y, por tanto, cuanto diga será expresión de mi modo de pensar o de sentir; es decir que podrá ello traducir un predominio de mi subjetividad. Con esta precedente aclaración adelanto la indignación que me produce la tentativa de defenestrar a Martín Lozada del ejercicio de la jurisdicción penal en Bariloche. Claro está que el motivo que parece fundamentar la petición de juicio político traduce una más que centenaria confrontación entre dos formas de ver el mundo. Una radicalmente arraigada en dogmas y, por tanto, cerrada e irracional; la otra, dictada por el discernimiento y, en consecuencia, por una percepción lógica y cabal de los hechos. Esta perspectiva es la que, fuera del caso en cuestión, siempre se proyecta en lo que puede ser el debate entre abortistas y opuestos a cualquier interrupción del embarazo, por más que ésta esté justificada en una causa prevista en todas las legislaciones penales modernas. Empero, un panorama semejante se continúa verificando en todas aquellas sociedades en que los dogmas imperan por sobre la razón. El contraste se repropuso recientemente en los Estados Unidos, y parece casi insuperable en España e Italia. Sin embargo, los sectarios que promueven la acción contra Martín Lozada no disponen de la capacidad (añadiría, asimismo, del valor) para hablar claro y se escudan en una supuesta pérdida de jurisdicción del juez Lozada –en un defecto de forma (en cualquier caso interpretable)– en el procedimiento que éste ha seguido para autorizar la interrupción del embarazo que afectaba a la menor violada por sus parientes.

Mas quizá sea suficiente lo dicho para presentar el caso. Por lo demás, ya se han hecho aportes abundantes sobre el mismo, de distintos periodistas, en este periódico. Claro está que Martín Lozada está en la mira de otros “bien pensantes” de Río Negro, por lo relativo a sus preocupaciones acerca de los derechos humanos de los presos detenidos en comisarías y por su actuación en la investigación sobre la muerte de Diego Bonnefoi, la que le permitió señalar una responsabilidad criminal por parte de un funcionario policial, con enorme enfado de las jerarquías. De tal manera, este “molesto” Lozada tiene que ser removido y alejado de Bariloche. ¡Como si en este bello paraje del sur argentino no acaecieran otras barbaridades más que las formidables represiones de los cuerpos policiales en meses pasados!

Martín Lozada es un ferviente creyente en el derecho y en las garantías que éste asegura a todos y todas las personas. Así lo conocí hace más de una década, desde que fue estudiante del Master por mí dirigido en la Universitat de Barcelona y se ha seguido prodigando por los derechos humanos desde la Universidad de Utrecht. Pero también sabe que el sistema penal es el mayor ámbito de violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, a lo que siempre ha pretendido oponerse desde el ejercicio de la jurisdicción. No obstante, no ejerce el protagonismo judicial al estilo del juez Garzón de la Audiencia Nacional de España, quien por lo visto, pese a que en su momento prestó un servicio a la causa de los DD.HH. en Argentina, aunque actuando entonces sólo por impulso de ONG y fiscales españoles, hoy se presenta como defensor de causas nobles.

Su padre, Salvador María Lozada, reveló un apego semejante a los instrumentos jurídicos cuando en 1972, como juez en lo Civil decretó la quiebra del Frigorífico Swift, ampliándola al grupo financiero Deltec que controlaba al primero desde el extranjero, y demostrando así una voluntad de protección del patrimonio nacional y de los trabajadores argentinos, quienes iban a quedar inermes si el grupo no asumía las deudas de la empresa quebrada. Su decisión jurisdiccional fue, en principio, avalada por la Corte Suprema, pero nada de esto valió para la dictadura que lo despojó de su cargo en 1976. Constitucionalista y profesor de derecho público en la UBA, publicista y autor de obras sobre el tema de la deuda externa, tiene demostrado a lo largo de su vida un espíritu indomable.

Estos valores son los que ha heredado el actual juez Martín Lozada (hijo’ e tigre) y a ellos es indeclinablemente fiel. ¿Es posible, entonces, que un conjunto de cerriles y recalcitrantes dogmáticos no pueda aprender de los valores de estos dos Lozada, representantes de dos generaciones atravesadas por la insensatez y castigados ambos por el autoritarismo al ser leales a los principios de una cultura jurídica liberal?

Empero, todavía creo que va a predominar la ponderación en el Consejo de la Magistratura provincial y se va a imponer un criterio más juicioso y reflexivo por sobre el desvarío que alienta a buena parte de la judicatura y la abogacía rionegrina. No sólo lo merecen los antecedentes intelectuales y profesionales de Martín Lozada. Lo requieren los ciudadanos de la provincia para seguridad de sus derechos y garantías. ¡Así lo espero!

* Profesor (jubilado) de Sociología Jurídico-Penal en la Universitat de Barcelona.


Enjuiciar a quien hace justicia

Por Carlos Rozanski *

Una niña de 17 años, de El Bolsón, fue violada durante años por su padre y su tío. Según surge igualmente del fallo del reconocido juez Martín Lozada, esa niña, producto de alguno de esos abusos, estaba embarazada de once semanas. La joven expresó claramente su deseo de interrupción del embarazo, un pedido avalado en un todo por su madre y mediante el cual reclamaban al Hospital de El Bolsón la práctica correspondiente para poner fin –al menos en esa instancia– al calvario que venía viviendo la niña.

Como lamentablemente es frecuente observar en abusos sexuales, en lugar de actuar con la celeridad que un caso como el descripto requiere, en un país donde la ley expresamente contempla la solución solicitada por la víctima y su madre, comenzó un período de dudas y dilaciones que finalmente fueron resueltas por el magistrado. Así, el hospital interviniente, a pesar de contar con los medios técnicos para ello, se negó a realizar el aborto, debido según surge del fallo a que “las tres médicas ginecólogas del hospital se constituyeron formalmente como objetoras de conciencia para dicha práctica en todas sus instancias” (sic).

No obstante, el equipo técnico que llevó a cabo la confección del informe donde se evaluó la petición de la víctima y su madre consideró que “es fundamental que se haga lugar a dicho pedido dado que de ello depende la integridad emocional” de la niña. Informó asimismo la directora del hospital que su “salud psíquica se encuentra seriamente comprometida, dada la condición de abuso crónico, coerción y ejercicio de poder que sobre su persona se ha venido ejerciendo durante varios años”. Finalmente, como continúa el fallo, de los informes profesionales surgía la existencia de un riesgo potencial para la vida de la niña. Consultado el psicólogo forense, indicó que la víctima presentaba un “síndrome de acomodación al abuso sexual”.

Frente a semejante cuadro, el juez Lozada ordenó la práctica interruptiva que aconsejaban cada uno de los profesionales intervinientes, procedentes de diversas disciplinas y coincidentes todos tanto respecto del sufrimiento que padecía la niña a raíz de los abusos, como de los riesgos que el paso del tiempo implicaba para su integridad psicofísica.

En pocas horas, un organismo oficial de la provincia de Río Negro se dispone a tratar un pedido de juicio político al magistrado nombrado, por la decisión sintetizada. La pregunta obligada, frente a semejante despropósito, es cómo puede ser que quien hace lo correcto, quien protege a una niña abusada, quien toma una decisión que no es opcional sino obligatoria, en el marco estricto de su ministerio y del cumplimiento cabal de la ley y los tratados internacionales que nuestro país suscribió y trata a diario de cumplir, pueda estar a punto de enfrentar una circunstancia como la apuntada. Qué profundas razones siempre disfrazadas pueden hacer que tomar las decisiones correctas ponga en riesgo la carrera de las personas de bien como Martín Lozada. Con la crudeza que la situación reclama, cabe señalar que si bien hay mucha gente que sobre estos temas dice la verdad y obedece a una verdadera, transparente, coherente y humanista conciencia, también hay otra cuyas convicciones no son las mismas. Prefieren la hipocresía de tolerar los miles de abortos caros a mujeres de buena posición que se realizan año tras año en nuestro país, mientras no vacilan en condenar aquellos que, perfectamente legales como el de este caso o bien clandestinos y riesgosos, son realizados también de a miles, a mujeres humildes que muchas veces pagan con su vida el pecado de ser pobres y además estar embarazadas. La Argentina actual no tiene espacio para soportar una afrenta más a funcionarios como Lozada, a quienes se pretende sentar en el banquillo de los acusados por haber hecho lo correcto. Mentalidades preconciliares que crucifican a esas mujeres y a todo aquel médico, psicólogo, obstetra o juez que pretenda aplicar la ley, tienen tanta responsabilidad en el daño sufrido por las víctimas como los violadores que han originado los embarazos. Es de gente bien nacida respetar los derechos de las niñas como la de este caso. La mayoría de los argentinos lo somos.

* Juez de Cámara, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

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