SOCIEDAD › DEBEN DETERMINAR PATRIMONIO Y SEDE DE LOS CONDENADOS POR EL CASO DE MARíA MARTA

Una visita asistencial en la Zona Norte

 Por Horacio Cecchi

Pasada la orden de excarcelación de los cinco condenados por el caso García Belsunce II, firmada por la Sala D de la Cámara de Apelaciones al Tribunal que llevó adelante el caso, ahora el trámite se torna entre burocrático y asistencialista. Los jueces del Tribunal Oral 1, Alberto Ortolani, María Elena Márquez y Ariel Introzzi Truglia, se disponían a analizar los patrimonios personales de cada uno de los condenados para determinar los montos de las fianzas. Hoy, asistentes sociales y peritos, más los registros de propiedades, permitirán dilucidar con cuánto dice que cuenta cada uno, que obviamente es poco y nada. Como ejemplo, en la primera audiencia del juicio, Horacio García Belsunce se presentó como abogado, coaching ontológico –una paquetísima variable de decirles a los demás cómo encaminar su vida (la del cliente)– y periodista, “pero trabajo como remisero”.

En realidad, la orden de la Sala D de Apelaciones y Garantías fue que la fianza fuera fijada para los tres familiares de María Marta que, coincidentemente, fueron los que recibieron mayores penas, esto es, Guillermo Bártoli, con cinco años; Horacio García Belsunce, con cuatro años y seis meses; y John Hurtig, con tres años y seis meses. Los camaristas dejaron librado al criterio de los jueces del TOC 1 si fijar o no fianza para los otros dos condenados, Sergio Binello y Juan Gauvry Gordon, quienes recibieron tres años cada uno.

Los jueces Alberto Ortolani, María Elena Márquez y Ariel Introzzi Truglia ordenaron ayer que en un lapso de 48 horas se realice un informe socioambiental de los acusados para evaluar la situación económica de cada uno y poder establecer el monto de la fianza que debe ser proporcional a los riesgos procesales pero también a recursos económicos. De hecho, la pretensión de los jueces es actualizar los datos que por última vez fueron fijados en 2003.

Los defensores aportarán toda la documentación que indique ingresos y bienes. Ya, al recibir el pedido, comenzaron las versiones de rigor: “Si no tiene un peso partido por la mitad”, intentó describir uno de los defensores. De hecho, uno de los casos que aparecen como ejemplo del quebrantahuesos que terminó siendo el juicio a la fecha es el de Horacio García Belsunce, quien empezó el caso allá por diciembre de 2002 y enero de 2003, como periodista conductor de su propio programa, y abogado; pero en mayo pasado, cuando se inició el juicio oral, HGB se paró ante los jueces y dijo sin pestañear que hacía coaching ontológico, pero que el caso había arrasado con su economía y ahora se dedicaba a remisero. Incluso, en la misma audiencia pidió permiso laboral para dedicarse a la conducción, ya no de televisión sino de un vulgar auto de remise.

Ayer fue el día del empleado judicial, por lo que no hubo actividad en los tribunales de San Isidro. Por lo que los trámites que podrían haber empezado ayer recién comenzarán hoy. Las visitas para contar con datos socioambientales serán encargadas por los jueces al Servicio Penitenciario Bonarense, custodio de los condenados. El SPB enviará asistentes sociales que mudarán los habituales peritajes socioambientales en villas y monoblocks para visitar alguna casona o departamento de Palermo, Boulogne, Pilar, San Isidro o Tigre. A excepción de Gauvry Gordon, que no contaba con recursos previos a que se desatara el caso, en octubre de 2002. Los jueces esperan contar con los estudios socioambientales a primera hora de mañana para poder reunirse y fijar el monto de la fianza estimada para cada uno. Y entonces, los abogados deberán salir a buscar los títulos para responder por los cargos y, entonces sí, recuperar la libertad.

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