SOCIEDAD › JOAO CASTEL-BRANCO GOULAO, DEL CENTRO DE DROGAS Y ALCOHOL

El camino portugués

El experto explica qué sucedió en su país después de la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, establecida diez años atrás. Los mitos y los falsos argumentos en el debate.

 Por Emilio Ruchansky

De visita para exponer en la décima Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, el coordinador del Centro Portugués de Drogas y Alcohol, Joao Castel-Branco Goulao, señaló a este diario la importancia de una política pública descriminalizadora. “Es la mejor forma para fomentar confianza en los usuarios de drogas que quieren acceder al tratamiento”, dijo este funcionario en la conferencia organizada por la Asociación Intercambios. Castel-Branco Goulao integró un comité que, a fines de los ‘90, asesoró al gobierno portugués para instalar un modelo de despenalización regulada, que funciona desde 2001. El debate actual en el Congreso argentino, comentó, le pareció “muy profundo, serio y propone un cambio legal de forma honesta”.

“Cuando empecé a trabajar en este tema, hace más de veinte años, era común que la gente no quisiera dar más que su nombre de pila, las personas tenían un miedo enorme. Hoy, luego de diez años de despenalización, te dan sin inconvenientes su carnet de identificación porque tienen la tranquilidad de que nadie los llevará presos”, aseguró el funcionario durante el cierre de las jornadas. Llevó mucho tiempo, agregó a Página/12, salir de las políticas prohibicionistas que en su país, como aquí, impusieron un modelo terapéutico ligado a la Justicia penal.

Sus conclusiones, tras más de una década de despenalización, es que se introdujo “coherencia” en el sistema sanitario: “Nos sentimos todos mucho más a gusto trabajando en este contexto, es mejor para la gente”.

–¿Cómo funcionaba el sistema judicial en los casos de consumo de drogas en la vía pública o tenencia antes de la reforma?

–Si una persona era encontrada con drogas se la llevaba a la comisaría, ahí se le abría una instrucción penal y era puesto a disposición de un juzgado. Podía recibir una pena de prisión y, como alternativa a la pena, se le ofrecía un tratamiento médico.

–Son las mismas opciones que tienen los usuarios en Argentina. En el caso de hacer el tratamiento y ser detenido nuevamente, también se les imponía la pena estipulada.

–Sí, exactamente así.

–¿Y qué ocurre ahora?

–Bueno, si la policía ve a alguien fumando en la calle, por ejemplo, sigue llevándoselo a la comisaría, la diferencia es que se sacó la pena. Primero se pesa la sustancia, si son más de 15 gramos de marihuana, que es lo establecido como dosis para 10 días, se inicia un proceso penal porque se presume que puede estar vendiendo. Si tiene menos, es atendido por la Comisión para la Disuasión de la Dependencia. Si se constata que tiene un consumo problemático, es invitada a hacer un tratamiento, puede ir a un centro especializado o incluso retomar el tratamiento, si lo venía haciendo. Lo importante es que no se le imponen penalidades y en ningún caso tiene obligación de aceptar el tratamiento, lo que terminó facilitando el acceso.

–¿Cómo está conformada esa Comisión?

–Por un psicólogo, un trabajador social y una persona de la Justicia. Este último no tiene mucha intervención, fue más bien una herramienta pensada al principio: no olvidemos que nuestra ley tiene más de 10 años y en ese momento todavía era difícil desjudicializar toda la temática. Hoy los tres profesionales son designados por el Ministerio de Salud. Si la persona es un consumidor ocasional o recreativo, se trata de determinar el contexto, si tiene escolaridad y el consumo interfiere, si trabaja o no, si tiene familia y qué relación tiene y también si está en situación de calle o no. Si está todo bien, se le da información sobre cómo reducir los daños de la droga que está consumiendo.

–¿Qué ocurre cuando sí hay problemas en el contexto en el que se da el uso de la sustancia?

–Aquí aparece la ayuda, sea para inclusión laboral o la atención en centros de salud o comunitarios. En todo caso, se intenta integrarlo a través de respuestas comunitarias. La comisión abre un expediente administrativo que dura seis meses, si no hay ninguna situación de infracción se cierra. Si la hay porque, por ejemplo, vuelve a fumar en la calle, eventualmente puede haber una penalidad: puede ser una multa de entre 40 y 500 euros o, lo que suele ocurrir, hacer trabajo comunitario. La multa, en verdad, casi no se aplica. Otra penalidad es que no pueda ir a los barrios donde se vende o consume, y si lo hace, ahí recibe la multa.

–Con el tiempo se debe haber desarrollado una tolerancia sobre el uso en espacios públicos.

–Sí. En general, ahora la policía aborda a esa persona y le pide que fume o consuma en otro lugar, no la lleva a la comisaría. Se lo considera algo menor, a lo sumo una infracción. Uno de los buenos aspectos de despenalizar es éste, que las fuerzas de seguridad persigan a los tiburones del tráfico y no a los usuarios.

–En estos momentos de debate en Argentina, algunos opositores a la reforma plantean que no se puede despenalizar, si antes no hay un sistema de salud preparado para atender a los usuarios.

–Para que alguien se acerque al sistema de salud, primero debe dejar de ser tratado como un delincuente. Nosotros no constatamos que creciera el consumo, de hecho se redujeron un 36 por ciento en 2010 los usuarios que se inyectan heroína, aunque ahora repuntó el consumo por la crisis económica. Sí hubo muchos usuarios que empezaron a atenderse porque se sentían más comprendidos, sobre todo los más viejos, que tenían miedo, después de tantos años del fascismo en el poder, estuvieron hasta 1974, porque si se atendían tenían miedo de que esa información pasara del sistema de salud a la Justicia y se los persiguiera. O quedaran estigmatizados y con menos oportunidades de conseguir un trabajo después.

–Mejoró la atención porque también mejoraron las condiciones de la oferta médica y social.

–Sí, además se fue incrementando el presupuesto, porque se pasó plata de la Justicia a la salud, aunque no fue de manera lineal. Es más barato ahora porque ya no criminalizamos. Además, se aplica muy bien la reducción de daños, tanto lo que tiene que ver con el acceso a la metadona de bajo umbral como la asistencia en territorio, donde se ofrecen exámenes para detectar hepatitis, VIH y otras enfermedades.

–¿Y qué ocurre con el cultivo de marihuana para uso personal?

–Cuando se sancionó la reforma no había activistas cannábicos, como los hay ahora en Argentina. Entonces no se planteó el tema. El cultivo sigue penado y el año pasado se decomisaron cinco mil plantas en todo Portugal. Hoy, por influencia de España, donde el tema está más avanzado, surgen propuestas para hacer clubes de cultivo para los usuarios. Yo estoy de acuerdo en que se discuta esto porque resulta una solución al tráfico, tiene mucho sentido. En el caso del usuario medicinal, creo que la discusión es más amplia. Nosotros cultivamos opio para producir morfina, también se puede pensar en cultivar cannabis desde el Estado para los usos médicos.

–¿Qué opinión tiene del debate de reforma que está ocurriendo en el Congreso argentino?

–Me parece un debate muy profundo, serio, que propone un cambio legal de forma honesta. Nosotros pusimos cantidades mínimas, porque era otro momento, hoy se puede plantear. Lo importante es que haya tratamiento para quien lo necesita. Si se desjudicializa la atención primero, mejor, pero eso no debe impedir que se creen las condiciones para que haya una red de atención, accesible y gratuita por parte del Estado.

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Imagen: Pablo Piovano
 
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