SOCIEDAD › EL INTENDENTE QUE FUE AL PROSTíBULO

Destitución a punto

La Cámara de Diputados de Salta dio ayer media sanción al proyecto de ley de intervención del municipio de Salvador Mazza, luego de que un operativo contra la trata de personas descubriera a su intendente, Carlos Villalba, dentro de uno de los locales allanados. El proyecto, que convoca a nuevas elecciones, será tratado hoy en la Cámara de Senadores provincial, donde se descontaba su aprobación.

El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, el justicialista Santiago Godoy, dijo que “estamos echando a un intendente porque no tiene voluntad de luchar contra la trata”, y agregó que “este hombre se va porque lo encontraron en un procedimiento de detención de personas que facilitan la trata”. “Esta es la razón de gravedad institucional, porque con su conducta alteró la voluntad de la provincia y la Nación”, expresó Godoy.

El debate, que comenzó apenas pasadas las 20 del martes, se extendió hasta los primeros minutos de la madrugada de ayer, cuando el proyecto fue aprobado en general y en particular, bajo el atento seguimiento de una importante cantidad de vecinos de Salvador Mazza, que siguieron en la calle la sesión. El proyecto de intervención fue impulsado por el kirchnerista Héctor Camacho, quien abogó por “esclarecer este hecho” y dijo que su iniciativa busca “cuidar la política y la democracia”. Irene Soler, diputada del Partido Conservador Popular, indicó que “el caso del intendente Villalba es grave porque el Estado debe luchar contra la trata, pero ¿cómo lo va a hacer el Estado municipal si su representante está involucrado, cuando es él quien la debería combatir?”.

A la iniciativa sólo se opusieron los diputados del Partido Renovador, al que pertenece Villalba. Darío Valenzuela, legislador de esa fuerza, señaló que “el intendente cometió un error de extrema gravedad y por tal motivo tiene que dejar de serlo, pero a través de los mecanismos con los que cuenta el Concejo Deliberante, como el juicio político”.

El proyecto, que hoy será tratado por el Senado provincial, plantea la intervención del Poder Ejecutivo municipal y la convocatoria para elegir intendente.

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