“Soy sudanesa, soy musulmana y no me voy a cubrir la cabeza.” Amira Osman Hamed fue terminante. Y no es que lo hubiera dicho en un reunión de amigos, sino que fue su respuesta al policía que le ordenó que se cubriera con un hijab. Lo repitió en una entrevista, a pocos días de que debiera iniciarse el juicio por el delito de llevar sus cabellos al descubierto en lugar de cubrírselos con el hijab. El juicio fue postergado a pedido de los abogados de Amira que solicitaron al fiscal general de Jabal Awliya la revisión de la acusación. El tribunal de esa ciudad del norte de Sudán que la juzgará aceptó la postergación hasta el 4 de noviembre. En ese momento, de mantenerse la tesitura, Amira será enjuiciada enfrentando la condena de 40 latigazos. Tal como lo señaló en la entrevista, Amira sostiene que prefiere ser flagelada a latigazos que cubrir su cabello con un velo.

Jabal Awliya, ubicada a 20 kilómetros de Kartum, capital de Sudán, es donde durante la guerra civil estuvo situado un campo de concentración de los que se conoce con el eufemismo de campo de refugiados, con unas cien mil personas. Las pésimas condiciones de vida de los refugiados no obstaban a las autoridades para mantener la premisa de que las mujeres siguieran así pero con sus cabellos cubiertos.

Amira Osman Hamed tiene 35 años y fue detenida el 27 de agosto pasado por infracción al artículo 152 del Código Penal sudanés, que castiga los actos de indecencia que ofendan la moral pública ya sea con acciones como con “indumentaria indecente”, es decir que asume la creencia no como fe sino como obligación. La ley está vigente desde 1991, impuesta por el actual presidente, Omar al Bashr. La mujer llevaba sus rizos al viento, lo que no más por originalidad ya provocaba revuelo. La detención de Amira no fue su primera experiencia y contacto con la ley de la moral pública. En 2002 había sido detenida también por violar el artículo 152, en aquel momento por usar pantalones, que ameritaban la aplicación del artículo paleozoico escaso de definiciones. El uso de la prenda apta sólo para hombres, de todos modos, es punible con una multa. Amira pagó y siguió usándolos.

Ahora enfrenta las consecuencias de mostrar su cabello libre, señal de indecencia para el artículo 152 de Al Bashr. Una campaña de Amnesty International, lanzada para defender a la activista y evitarle el dolor pero mucho más la humillación de ser lacerada a latigazos por una ley hecha por un hombre para someter a una mujer, recolecta firmas. Además envió una carta al vicepresidente Ali Osman Taha en la que “urge a las autoridades a anular los cargos contra Amira Osman Hamed inmediata e incondicionalmente” y llama a las autoridades a “abolir el castigo de los latigazos, que viola la absoluta prohibición contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Amira sostuvo que el 27 de agosto había concurrido a una oficina pública en Jabal Awliya cuando un uniformado le ordenó, cargado de agresividad, que se cubriera la cabeza. “Usted no es sudanesa, ¿cuál es su religión?”, preguntó el policía, ya que basta con que sea musulmana para ser castigada. “Soy sudanesa, soy musulmana y no me voy a cubrir la cabeza”, respondió Amira sin que le temblara un rizo que tiene, y muchos, y que el policía había visto y analizado y, por tanto, desde esa perspectiva ella merece el castigo.

Amira dijo estar dispuesta a ser flagelada a latigazos en defensa del derecho a llevar su cabello descubierto. El juicio, pautado para el 19 de septiembre, fue postergado hasta el 4 de noviembre.

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