SOCIEDAD › EL JUEZ FEDERAL DE MORóN BUSCA DETERMINAR POR QUé ARRUGA CORRíA DESCALZO Y CRUZó LA GENERAL PAZ POR DONDE LO HIZO

Las incógnitas en la investigación por Luciano

Juan Pablo Salas, juez a cargo de la investigación por el caso Arruga, tomó declaración al joven que atropelló a Luciano. También al equipo del SAME que llevó al adolescente al Hospital Santojanni. Va a ordenar una reconstrucción, para lo que cortará la General Paz.

 Por Raúl Kollmann

El conductor que atropelló a Luciano Arruga el 1º de febrero de 2009 declaró ayer ante el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, y el fiscal Sebastián Basso. El contenido de la declaración está bajo el secreto que decretó el magistrado, pero Salas está tratando de averiguar por qué Luciano cruzó esa noche la General Paz, corriendo y descalzo. El conductor, que hoy vive en Monte Grande y tiene 26 años, ya fue sobreseído por la Justicia, pero Salas investiga qué es lo que rodeó a la muerte y las irregularidades que llevaron a que el Estado tuviera como desaparecido durante más de cinco años a un joven que había muerto en la misma noche y a unas 30 cuadras del lugar donde lo vieron vivo por última vez. En el Juzgado de Morón corría ayer la versión de que Salas incluso ordenará una reconstrucción del momento en que fue atropellado Luciano, en General Paz y Emilio Castro, para lo cual se cortará la avenida en el mismo horario en que ocurrió el presunto accidente.

Por lo que se sabe, Salas no sólo le tomaba ayer declaración al conductor, sino también a los que iban en la ambulancia del SAME que acudieron esa noche ante el llamado por el accidente. Hay también llamadas al 911 de personas que vieron los hechos y dijeron que en plena avenida había un joven desviando los autos porque había atropellado a una persona y estaba tratando de evitar que los vehículos pisaran el cuerpo.

El juzgado centra la investigación en por qué Luciano cruzó por un lugar inhabitual. Estaba descalzo y vestía unas calzas deportivas, un jean y una remerita. El magistrado está pidiendo ahora los datos al Hospital Santojanni, donde lo llevaron. Entre otras cosas, la autopsia dice que se trataba de una persona de sexo masculino, de entre 25 y 30 años. Es muy probable que los forenses digan que el cuerpo correspondía a una persona de una envergadura desusada para los 17 años que tenía Luciano y que tenía mucho pelo en el cuerpo, algo que también tomaron como síntoma de una edad más avanzada. Estos fueron algunos de los factores que, tal vez, llevaron a que la mamá del chico, Mónica Alegre, no pudiera saber la verdad de inmediato. Ella fue al Santojanni, pero le dijeron que allí no había ningún joven de 17 años, sólo un mayor de entre 25 y 30.

Según las constancias, Luciano llegó con vida al Hospital Santojanni y murió 24 horas después. Se le hizo la autopsia, se le sacó una muestra para hacer un ADN y las fotografías que la semana pasada permitieron identificar a Luciano, por los dos tatuajes que la familia reconoció. Lo impactante corre por una doble vía. Por un lado, la jueza Laura Runiard y la fiscal Marcela Sánchez tuvieron a su cargo una causa en Capital Federal y no establecieron ningún vínculo con el público reclamo por la desaparición de Luciano del lado de la provincia de Buenos Aires. Terminaron ordenando el entierro del cuerpo como NN en el Cementerio de la Chacarita, a finales de mayo de 2009. El argumento es que nadie reclamó el cuerpo.

Más grave fue la desidia de la Policía Bonaerense y la Justicia de La Matanza. Hubo que insistir mucho para que en la comisaría tomaran la denuncia y la fiscal Roxana Castelli y el juez Gustavo Banco fueron –según la familia– igual de lentos y reticentes. Por detrás estaba la historia de detenciones de Luciano y los aprietes para que pasara a robar para un grupo de policías. Incluso fueron imputados uniformados de Lomas del Mirador. El CELS tuvo un papel protagónico representando a la familia de Luciano en su ardua pelea por saber la verdad.

Las cosas se empezaron a mover recién cuando tras muchas idas y vueltas, en 2013, Banco aceptó que la causa debía pasar a la Justicia Federal y por eso le terminó llegando a Salas. La semana pasada, personal vinculado con su juzgado y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Natalia Federman, lograron que se juntaran dos datos obvios: las huellas digitales de Luciano con las que constaban en la causa del joven atropellado en la General Paz.

El juez Salas tiene por delante un trabajo que va en varios sentidos. Por de pronto, la muestra del cuerpo de ADN reservada antes del entierro como NN se cotejará con la familia, para estar seguros de que el cuerpo que estuvo en el Santojanni es el de Luciano. Y luego habrá que hacer una breve exhumación para hacer otro cotejo de ADN, para que quede claro que el cuerpo enterrado en la Chacarita es el de Luciano Arruga. Una nueva autopsia –según creen en el juzgado– no tiene sentido porque es difícil que se puedan sacar nuevas conclusiones de un cuerpo enterrado hace más de cinco años.

Pero la otra vertiente de la investigación es más importante. El juez trata de saber por qué Luciano cruzó corriendo la avenida y cómo fue todo a partir de ese momento. Eso incluye lo ocurrido en la General Paz, la intervención del SAME y del Hospital Santojanni. Por supuesto que una de las hipótesis es que el chico huía del acoso policial, pero habrá que probarlo. Luego estará la cuestión de la actuación policial y judicial en la búsqueda del adolescente, lo que llevó a que Luciano estuviera como desaparecido –y al mismo tiempo enterrado como NN– durante cinco años y ocho meses.

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Luciano Arruga cruzó corriendo, descalzo, subiendo un talud y cruzando la General Paz en un sector que no tenía paso peatonal.
Imagen: Luciana Granovsky
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