El 19 de agosto, a las 8.45 de la mañana, la Escuela Media Nº 6 de Florida, en Vicente López, recibió por teléfono una amenaza de bomba. La Municipalidad puso en marcha el desalojo de la zona: fueron evacuados también los colegios vecinos, fue cortada la avenida Maipú y se desvió el metrobús que pasa por allí. Después se supo que el autor de la llamada fue un alumno del establecimiento. Ahora, el municipio que conduce Jorge Macri reclama a la escuela que se haga responsable del gasto que demandó el operativo, unos 30 mil pesos según el cálculo de la gestión PRO. Unas 200 personas de la comunidad educativa del distrito protagonizaron ayer un abrazo a la escuela en repudio a la demanda del municipio.

El alumno que realizó la llamado lo hizo desde su celular al 911 para alertar de una supuesta bomba. Tras la advertencia, las autoridades de la institución evacuaron tanto el nivel primario como el secundario. Lo mismo hicieron el Jardín Maternal Mi Pequeño Mundo –ubicado frente al edificio víctima de la amenaza– y la Escuela de Formación Docente Nº 39.

El 26 de agosto llegó el reclamo del municipio a través de una nota firmada por el secretario de Educación local, Ludovico Grillo, y el director general de Educación No Municipal, Maximiliano García Diana. El texto sostiene que la falsa denuncia activó el “protocolo de avisos de catástrofe” y detalla que se movilizó “a todo el cuerpo de patrullas de Defensa Civil, el cuerpo de patrullas policiales, a las patrullas de seguridad municipales, a los Bomberos Voluntarios, ambulancias y a la Dirección de Explosivos”. También puntualiza que “se desvió el tránsito de la avenida Maipú y el metrobús Norte”.

Luego argumenta que el Código Civil establece que “el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar”. Concluye que hubo “negligencia” en los directivos de la escuela, “quienes son responsables directos de los hechos dañosos que el alumno efectuó dentro de la franja horaria de cursada, aparejando como consecuencia un menoscabo en el patrimonio municipal”. Por por eso los responsabiliza por los gastos generados en concepto de “despliegue de fuerzas de seguridad del municipio, con un oneroso costo operativo aproximado de 30.000 pesos argentinos”.

“Es una irresponsabilidad enviar un comunicado pasando factura de los gastos por operativos de evacuación, tratándose de una obligación que el municipio tiene con los vecinos”, sostuvo a Página/12 Elda Mazas, secretaria general del Suteba-Vicente López. Para el gremio, la nota enviada por la Secretaría de Educación local constituye una prueba de los criterios de gestión pública del municipio. “Lo peor es calificar de negligentes a los directivos que hicieron el protocolo de evacuación como corresponde. Es la concepción mercantilista de la educación que tiene el intendente”, agregó Mazas.

Antes del abrazo de ayer a la escuela, diferentes representantes del Suteba-Zona Norte, docentes, inspectores y referentes de organizaciones sociales y partidos políticos repudiaron el reclamo de la gestión PRO. “Esta convocatoria se desprende de una decisión tomada en asamblea en la que consensuamos que el comunicado del municipio es un atropello. ¿Por qué nos vienen a hablar de gastos de operativos de seguridad? Se trata de cuidar a los que estudian y trabajan en la escuela”, señaló Marta Sáenz, docente de la Escuela Media Nº 6 de Florida. Por su parte, Alejandro González, concejal por la UCR del distrito, destacó la importancia de defender la educación pública “por ser la única herramienta realmente transformadora”.

Desde el Centro de Estudiantes de la escuela, Nicolás Tropp, su presidente aseguró que “entendemos que no corresponde acusar de negligentes a los directivos que cuidan a los alumnos”.

Para el Suteba, la medida del municipio “muestra una falta de compromiso total con la escuela pública, ya demostrado en importantes recortes como el realizado en la Escuela Especial N 504, que ya no dispone del transporte público que trasladaba a los alumnos por falta de presupuesto”.

“Vicente López, como todos los municipios, recibe fondos del gobierno nacional por la Ley de Financiamiento Educativo y este año lleva recibidos 25 millones de pesos que no son aportados para apoyar la educación pública”, denunció Raúl Calamante, secretario de Interior del gremio. Recordó, además, que un mes atrás el municipio aprobó un convenio para poner a funcionar un bachillerato internacional en la escuela pública municipal Paula Albarracín de Sarmiento, donde los exámenes y la matrícula se abonan en dólares.