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El dictamen de un perito oficial señaló “la existencia de una importante contaminación, proveniente de las actividades del Centro Atómico Ezeiza, que ha afectado las aguas subterráneas de la región a nivel tal que impide su uso como bebida humana”. La zona afectada abarca parte de los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza. El informe pericial sugiere “la provisión urgente a la población de agua desprovista de contaminantes” y recomienda investigar también la posibilidad de “contaminación del suelo” y “del aire interno de las viviendas” de la zona. El peritaje se efectuó por pedido de un juez federal, quien, “para despejar todo cuestionamiento o duda”, decidió recurrir a “un grupo de especialistas” coordinados por “la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional”. En contrapartida, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo oficial que fiscaliza a la CNEA, sostiene que “todas las muestras de agua analizadas son aptas para consumo humano”.
El dictamen fue producido por el perito Fernando Máximo Díaz, designado por el juez federal Alberto Santa Marina en una causa por “presunta infracción a los artículos 200 y 207 del Código Penal”, que reprimen la contaminación de fuentes de agua potable, en este caso el subacuífero Puelche. El especialista tomó muestras de agua de pozos en zonas próximas al Centro Atómico y detectó “una extensa e intensa contaminación de uranio disuelto que supera los límites para el agua de bebida en dos grandes áreas, una de las cuales tiene aproximadamente 2500 hectáreas”. Encontró también emisores de radiaciones alfa “en un área de aproximadamente 600 hectáreas” y “contaminación por emisores beta en el 52 por ciento de los pozos muestreados”.
El perito también registró “un pico de contaminación de actividad alfa y de uranio disuelto asociado al sitio Campo 5”: se trata de un lugar del centro atómico donde hubo una planta de procesamiento de uranio; es posible que el área haya quedado contaminada y se produzcan filtraciones a las napas.
El informe también señala “elevada presencia de radón en el agua subterránea de la región, con mayor concentración en las cercanías del Centro Atómico”. Esta sustancia, “si bien está por debajo de los valores guía en relación con el riesgo de ingestión, se encuentra en cantidades que pueden afectar la calidad del aire interno de las viviendas e incrementar los riesgos por inhalación”.
También se advierte “una contaminación de nitratos (contaminante no radiactivo) que se inicia en el interior del Centro Atómico Ezeiza y alcanza una extensión de 30 a 40 kilómetros cuadrados”.
El perito encontró “un nivel de evidencias que permite identificar como posibles fuentes a Conuar S.A., Campo 5 y las Trincheras de Infiltración de Residuos Líquidos”. Conuar es una empresa mixta, de la CNEA y del grupo Pérez Companc, donde se elabora el combustible destinado a las centrales de Atucha y Embalse. Las Trincheras son lugares que durante muchos años funcionaron como vaciaderos de residuos nucleares.
Según el informe, en el 74 por ciento de los pozos examinados “las aguas no son potables”. Señala “la existencia de una importante contaminación proveniente de las actividades del Centro Atómico Ezeiza (actuales o pasadas) que ha afectado las aguas subterráneas de la región a nivel tal que impide su uso como bebida humana”. Por eso el perito estima necesaria “la provisión urgente a la población de agua desprovista de contaminantes, ya sea proveniente de fuentes alternativas o mediante el adecuado tratamiento de la fuente actual”.
El perito también recomienda “realizar la investigación de radón en el aire interno de las viviendas” y “encarar un estudio de epidemiología que permita evaluar los efectos en salud que ha producido en la población la exposición a la contaminación detectada”, además de advertir “la posible existencia de otra vía de exposición: la contaminación del suelo”. Recibido el peritaje, el juez Santa Marina dispuso, “para despejar todo cuestionamiento o duda”, recurrir “a la opinión de un grupo conformado por especialistas de distintas áreas” y encomendó su organización “a la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional”.
Según un comunicado de la entidad ambientalista Greenpeace, el peritaje es “una primera prueba contundente de las sospechas y preocupaciones que desde su propio origen despertó el Centro Atómico de Ezeiza: su ubicación en un área densamente poblada y sus polémicas instalaciones de gestión de residuos radiactivos han cosechado críticas a lo largo de los años”. Juan Carlos Villalonga, de esa entidad, observó que “los contaminantes se encontraron en lugares donde la ARN hace evaluaciones rutinarias y nunca encontró nada, lo cual demuestra impericia o mala fe”.
La ARN emitió su propio informe, según el cual la entidad “regularmente realiza monitoreos en los alrededores del Centro Atómico Ezeiza” y “los resultados cumplen con la normativa argentina en la materia y con las recomendaciones de la OMS, siendo el agua potable de la zona radiológicamente apta para el consumo humano”.