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Buenos Aires se prepara para tener los primeros tribunales ambientales

Antes de aprobar la ley que crea juzgados para actuar en temas ambientales, la Legislatura, la Justicia y el gobierno porteños organizan un seminario, con la participación de una experta española.

Un proyecto que se debate en la Legislatura porteña propone la creación de tribunales ambientales, que estarán dedicados a investigar y juzgar sólo cuestiones relacionadas con contaminación. En el desarrollo están participando los tres poderes estatales de la Ciudad y la Policía Federal. “Queremos tribunales especializados en el juzgamiento y el control de las actas ambientales. Por eso buscamos instalar la discusión jurídica”, sostuvo Javier Fígoli, director general de Control de la Calidad Ambiental. En el marco de los debates, la Legislatura organiza un seminario en el que participará Silvia Jaquenod de Zsögön, especialista en Derecho ambiental del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien dialogó con Página/12.

Según explicó Fígoli, la iniciativa legislativa busca “establecer una serie de normativas que van desde la creación de un tribunal ambiental –que se especialice en el juzgamiento de las actas ambientales desde lo administrativo– hasta la especialización de los encargados de los controles”. Los nuevos tribunales resolverían los recursos de apelación luego de un acta por una contravención en cuestiones ambientales, “como el exceso de decibeles permitidos, que es uno de los problemas más graves que tenemos. La idea es obtener una Justicia más específica, que eduque y que prevenga”, señaló.

La especialista española coincidió: “Hay que trabajar en la prevención para evitar las sanciones porque, cuando sancionamos, ya el daño ambiental está ocasionado. El ámbito penal debe ser el último escalón al que hay que llegar”, afirmó Jaquenod de Zsögön.

–¿Qué pasa cuando no se logra prevenir?

–Agotada la vía preventiva, ya en período de sanción, pues nos queda aplicarla efectivamente. Si tenemos el nexo causal, sabemos quién ha causado el daño, sabemos cuál es el daño producido, está el vínculo entre el causante y el daño, hay que aplicar la sanción. En España, por ejemplo, las sanciones en algunos sectores temáticos pueden llegar a 2,4 millones de euros. Claro que hay sanciones más leves como las que conllevan la clausura temporal o definitiva, o el precintado de la instalación, o la retirada del mercado de productos que no han sido fabricados de acuerdo a las normas. La ley por sí sola no arregla nada, es sólo un instrumento jurídico que hay que poner en práctica en los momentos oportunos y en los casos concretos.

–¿Cómo se logra evitar el daño?

–Lo fundamental para la prevención es la formación. Como juristas, no deberíamos pretender saberlo todo de todo, pero sí tener la capacidad suficiente como para detectar el momento en que necesitamos rodearnos de un equipo interdisciplinario que nos asesore. Deben estar formados los jueces, fiscales y los funcionarios políticos. No tienen que ser superhombres en materia ambiental, pero deben saber a quién recurrir. Si no tienen la formación, pues que se rodeen de un equipo. No es posible que haya causas judiciales que tarden cinco años en decidirse, eso sucede por la falta de formación. Porque mientras, el proceso de deterioro ambiental continúa. Por otra parte de la mano de la formación está la información, que genera conocimiento. Y en ese sentido los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad, porque si informas estás previniendo. Eso además permite la participación pública. Y son necesarias fuertes campañas de sensibilización ambiental constante. Debe ser una actitud del Gobierno, de las universidades. La universidad no ha asumido la variable ambiental. ¿Qué universidades asumen el derecho ambiental como asignatura? Y eso se repite en Europa, que no es la panacea.

–¿Eso ocurre porque el Derecho ambiental es reciente?

–No, no es para nada reciente. Podemos mencionar ya un digesto del siglo VI. Y hay registro de penalidades en 1748 para los causantes de incendios, que iban de multas hasta la cárcel o el destierro. O normas que prohibían arrojar animales muertos a las aguas. Incluso aquí, en bandos del Cabildo durante el siglo XIX se hablaba de la pestilencia del Riachuelo. Elderecho ambiental no es nuevo. De eso voy a hablar en el seminario (se dictará hoy, a las 14 y mañana a las 10 en la Legislatura, con entrada libre).

–Entonces, ¿por qué no se le ha prestado atención?

–Creo que se debe a que nos confiamos de que la naturaleza es capaz de procesar todo lo que se le eche, pero es un organismo vivo muy sensible que probablemente nos pase facturas, si no lo está haciendo ya.

–¿Qué opinión tiene sobre el conflicto entre Uruguay y la Argentina sobre las plantas de celulosa?

–Es un tema francamente delicado por su carácter transfronterizo internacional. Por eso hay que ser extraordinariamente prudente. No creo que sea incompatible el progreso y la conservación, siempre y cuando se adopten medidas preventivas. No debe pagarse un precio altísimo en recursos naturales. Puede hacerse todo bien adoptando una serie de medidas, con la tecnología disponible y logrando consenso, con acuerdos que se cumplan.

Informe: Lucas Livchits.

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Silvia Jaquenod de Zsögön, especialista en Derecho ambiental del Colegio de Abogados de Madrid.
 
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