SOCIEDAD › MAS TIEMPO PARA DENUNCIAR DELITOS CONTRA NIÑOS

Contra la impunidad del abuso

La impunidad que envuelve los abusos contra la integridad sexual de niños y niñas podría revertirse si la Cámara de Diputados aprueba en las próximas horas un proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal a partir de la cual se establece que la prescripción del delito comienza a correr a partir de que la víctima cumple los 18 años. Con la legislación actual, el damnificado puede hacer la denuncia desde el momento del hecho hasta un plazo igual al máximo de la pena prevista para ese delito.

Los bloques políticos acordaron incorporar la iniciativa al temario de la sesión de ayer, aunque a última hora todavía no había comenzado a debatirse y podría incorporarse a la lista de temas que continuarán tratándose hoy en el recinto.

Sin embargo, el consenso que cosechó la iniciativa en el Congreso no tuvo su correlato en la sociedad, donde sólo ganó adhesiones parciales y rechazos. El juez Carlos Rozanski, a cargo del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de La Plata Nº 1, se mostró a favor de la propuesta pero presentó objeciones. Por un lado, consideró que es un “avance” en el sentido que busca poner fin al nivel de impunidad que rodea a las víctimas de abuso sexual, obligadas en muchos de los casos “a olvidar o a no hablar”.

Por otro lado, el magistrado –que impulsó la aprobación de una ley, vigente en la ciudad de Buenos Aires, para que los niños no atestiguen ante jueces o policías– respaldó el proyecto pero recomendó a los legisladores evaluar ciertas excepciones a la ley.

“En el caso de que el abusador sea un miembro de su familia, la víctima está sumergida en un ambiente violento, en una relación asimétrica. Todas estas particularidades hacen que la persona pueda exteriorizar el delito durante su adultez –explicó Rozanski–. Por todo esto es que hay que analizar los casos en que la víctima no contó con las condiciones materiales para hablar porque no se lo permitían o por impedimientos psicológicos propios de la situación traumática.” Para esas situaciones, opinó, no debería haber prescripción.

Por su parte, Diana Maffía, coordinadora académica del Instituto Hannah Arendt, utilizó similares argumentos al del magistrado pero para oponerse a la iniciativa. “Hay muchos casos de violencia sexual que se exteriorizan cuando la mujer inicia una relación o quiere tener un hijo. El grave daño que causa ese episodio en la vida de la víctima hace que aflore a largo plazo”, detalló.

En este contexto, para Maffía, imponer plazos en la prescripción “no sólo no defiende a la víctima sino que defiende al victimario” por lo que llegó a comparar el proyecto con “una nueva ley de punto final”. Luego se preguntó: “¿Por qué en vez de imponer límites, el Estado no genera políticas integrales de respeto y compromiso hacia la víctima que permita aumentar el nivel de denuncias de estos casos?”.

En la actualidad, según el Código Penal, los plazos de prescripción del delito comienzan a correr desde el mismo momento en que se produce el hecho y finalizan cuando se cumple el máximo de la pena prevista. Si por ejemplo, la condena por el delito es reclusión o prisión perpetua, prescribe tras cumplirse 15 años y en caso de que el abusador sea un familiar directo, se extiende a 20 años. La propuesta en debate en el recinto propone, según explicó la diputada oficialista Diana Conti, que “la prescripción comience a contarse a partir de que la víctima cumple los 18 años”.

Durante su discusión en las comisiones de Familia y Legislación Penal, donde obtuvo dictamen favorable, esta iniciativa se impuso sobre otras dos presentadas por el kirchnerismo que estipulaban el abuso sexual como un delito imprescriptible. “No se puede equiparar el abuso sexual a hechos de lesa humanidad, que son imprescriptibles”, objetó Conti. En la misma sintonía se expresó la diputada del ARI Marcela Rodríguez, quien defendió el espíritu del proyecto: “Este cambio permitirá que personas abusadas en su niñez puedan iniciar una acción penal, pero esto no quiere decir que todos los delitos sean homologables a un delito de lesa humanidad”, destacó.

Informe: Elisabet Contrera.

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La Cámara de Diputados consensuó el tratamiento del proyecto.
 
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