SOCIEDAD › ACUSACIONES CONTRA LA FAMILIA GARCIA BELSUNCE

Con la policía a otra parte

Un testigo acusó a los García Belsunce de intentar impedir que entraran los policías a la escena del crimen en la casa de El Carmel. Amenaza de bomba y desalojo en la sala de audiencias del juicio.

 Por Horacio Cecchi

“Van a volar por el aire”, advirtió la voz en el conmutador. La recepcionista que atendió el llamado comprendió rápidamente y avisó a la guardia. Minutos apenas pasadas las 9 de ayer, el edificio de los tribunales de San Isidro fue desalojado. La gente, aglomerada en el hall, abandonaba el lugar entre risas y comentarios socarrones. La amenaza no parecía surtir su segundo efecto, el miedo, pero había logrado el primero: detener la jornada y colocar el anónimo frente a las cámaras. Durante más de una hora y media, todos los actores judiciales transitaron por la vereda y los diferentes bares. Para el caso, en el bar Habeas Corpus, cruzando la calle Ituzaingó, frente a los tribunales, compartían una amigable charla en la misma mesa parte de la defensa de Carlos Carrascosa y los abogados de la querella que no acusa. Pasadas las 10.30 se retomaron las audiencias, incluida la de Carrascosa. Entonces, se reubicaron según la usanza, la querella que no acusa del lado de los fiscales y la defensa, geográficamente enfrentada. Y se inició la cuarta jornada que se concentró en las sospechas de coima a la policía y de arreglos para evitar la autopsia.

La cuarta audiencia del juicio oral por el homicidio de María Marta García Belsunce se inició una hora y media después de lo previsto, por las precauciones del caso. La audiencia en sí fue tan tediosa como las tres anteriores y como serán las próximas cinco, según estiman fuentes judiciales: se trata de la lectura de las pruebas que se incorporaron al juicio. Ayer les tocó el turno a las declaraciones de Pichi Burgues de Taylor cuando fue indagada por encubrimiento (el año pasado fue sobreseída del caso), Sergio Binello y Guillermo Bártoli, previa minisesión de chicaneo entre las partes (la defensa pidió explicaciones por declaraciones radiales de la fiscalía el día anterior).

En lo básico, las declaraciones de Pichi Taylor, Binello y Bártoli consistieron en los argumentos que para mediados de enero de 2003 habían elaborado como coartada, defensa o verdad de los hechos, según el punto de vista con que se lo mire. Pichi Taylor había sido acusada de anular pruebas clave como las toallas ensangrentadas que se utilizaron para limpiar las paredes y piso en la casa de El Carmel y de impedir el paso al médico Nölting, además de decirle a Inés Ongay, amiga de María Marta, que se había pagado para que no se hiciera una autopsia. En su declaración, Pichi Taylor dio sus argumentos que, finalmente, fueron aceptados por la Justicia, ya que fue sobreseída antes de llegar al juicio oral.

Por su lado, se leyó el careo que se realizó entre Inés Ongay y Pichi Taylor, ya que ambas declararon versiones absolutamente contrapuestas. Ongay, que vive en el sur y arribó cuando el cortejo fúnebre llegaba a la Recoleta, declaró y ratificó que en una reunión ese mismo día le dijo a Pichi Taylor que no le cerraba lo del accidente, y le preguntó “cómo se habían arreglado para no cumplir con el ABC”, y declaró que Taylor le respondió que “se había pagado para que no hubiera autopsia y para que se fuera la policía”. Taylor, demás está decirlo, lo negó.

También se leyeron las declaraciones de Sergio Binello, íntimo amigo de Carrascosa y cuya mujer, Viviana, había jugado al tenis con María Marta el día en que la víctima sufrió el golpe del grifo asesino. También se incorporó por lectura el careo entre Sergio Binello y Alberto White, cuyas posiciones eran enfrentadas. En síntesis, Binello sostuvo el 19 de enero de 2003 que White lo había llamado al celular mientras él se encontraba en la casa de Carrascosa (cuando ya el cuerpo de María Marta estaba tendido en el piso) para avisarle que desde la guardia le habían informado que llegaba la policía. “Le dije que hiciera lo posible para que la policía no entrara”, declaró entonces y relató que después fue Horacito García Belsunce quien se hizo cargo para que no entraran los uniformados.

White, que no podía ser considerado como un ajeno a la familia ni mucho menos, tenía una versión diferente. En aquel momento era presidente de El Carmel y como tal fue informado por la guardia que se acercaba un patrullero. White sostuvo que le avisó a Binello y que éste le ordenó que “si es necesario coimealos (a los policías)”. “Entendí –agregó White– que estaba haciendo de interlocutor de Carrascosa.” White aseguró que no había pagado a los policías y que cuando llegó a la entrada de El Carmel recibió un llamado de Binello que le decía que “la policía ya no va a venir. Horacio García Belsunce (h) se encargó”. White agregó que no le agradó cómo se estaba manejando la situación. “No había gente pensando con cordura”, agregó White durante el careo. Binello, por su lado, se mantuvo en lo suyo. “No ordené, pedí, no tengo autoridad para ordenarles a otros socios”, dijo.

Después, llegó el turno de lectura de las declaraciones de Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta (está casado con Irene Hurtig, media hermana de la víctima). Bártoli fue quien salió a buscar el certificado de defunción, que primero intentó obtener en la funeraria Ponce de León, en Pilar, y luego en Casa Sierra, en Capital. Bártoli reconoció que había pagado un cheque de más de dos mil pesos para obtener el servicio fúnebre de María Marta que incluía un certificado de defunción por el que debía pagar 70 pesos. El certificado después se comprobó que era trucho (estaba firmado por el médico Juan March, quien fue enjuiciado y condenado porque firmaba certificados al por mayor): figuraba que María Marta había fallecido en el domicilio de su padre, Horacio García Belsunce, en Capital, de un paro cardiorrespiratorio no traumático. O sea, todavía faltaba un mes y medio para que muriera con cinco pitutos calibre .32 en su cabeza. Bártoli sostuvo que en la Casa Sierra le habían dicho que para inhumarla en Recoleta (como quería Carrascosa) debía tener domicilio de defunción en Capital. “Para mí fue un formulismo burocrático.”

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Un llamado anónimo obligó al desalojo y la suspensión durante una hora y media del juicio.
 
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