SOCIEDAD › OPINIóN

¿Cuánto vale la vida de las mujeres?

 Por Graciela Abutt Carol *

¿Qué clase de Estado es posible en el que un juez inferior desconoce la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, último intérprete de la Constitución y que, al mismo tiempo, ignora la autoridad de leyes vigentes, que son las que regulan nuestras conductas?

¿Cuál es la idea de Estado de Derecho que proyecta una decisión de ese calibre?

Y, simultáneamente, ¿es posible un Estado en el que un juez se desentienda de los derechos humanos más básicos de una niña golpeada y violada que espera se respete su derecho?

La decisión del juez Víctor Soria prohibiendo la interrupción (legal) del embarazo de una niña violada nos refleja como una Salta rudimentaria, con institucionalidad de cartón pintado que rechaza el orden federal, desprecia los derechos fundamentales y, como en la época de la colonia, privilegia creencias sobre derechos, instalando una anomia legitimada desde el Poder Judicial.

Veamos sus efectos: ¿qué mensaje envía esta decisión del juez Soria a las/los médicas/os responsables de efectivizar los derechos de las mujeres, a [email protected] operadores de justicia que extienden arbitrariamente sus principios dogmáticos al resto, a las mujeres violadas que quieren ejercer sus derechos a terminar con una gestación no deseada?

Lo que no advierte el juez es que las mujeres, sobre todo las violadas, van a continuar interrumpiendo embarazos no deseados. El único efecto que su sentencia produce es propiciar la clandestinidad y la marginalidad con el consiguiente riesgo para la salud y la vida de las mujeres más vulnerables, lo que ubica su sentencia al margen de toda ética.

Para el prevaricato, el remedio es el juicio político. La sentencia FAL de la Corte Suprema lo habilita y el movimiento de mujeres no duda en utilizarlo.

La decisión del juez Soria nos obliga como sociedad a pensar cuál es el grado de compromiso real que tienen nuestros [email protected], así como los [email protected] judiciales con las leyes, con la Justicia y la ética.

Hace tiempo que la magistratura salteña no da cuenta en sus decisiones de que la composición de la ciudadanía es mucho más amplia, plural y variada que sus cerrados principios morales o religiosos, los que invariablemente afectan derechos de las/los más vulnerables. Esta tensión quizá se resuelva profundizando la lucha por un Estado de verdad laico, único garante de la vida y la libertad de las mujeres.

* Alianza de abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

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