Aunque el CELS admite que las viejas recetas de seguridad comenzaron antes, la “cronología sobre el fracaso de la mano dura” difundida ayer comienza el 1º de enero de 2000, con la irrupción en la escena bonaerense del ex gobernador Carlos Ruckauf, el que prometió “meterles bala a los delincuentes”. En ese momento comenzó la política de limitar las excarcelaciones y de ampliar las facultades de la Policía Bonaerense, para realizar razzias e interrogatorios, por lo general en villas y barrios pobres. Las medidas derivaron en una “gravísima crisis penitenciaria” y en la superpoblación de detenidos en las comisarías.

A pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos, en agosto y septiembre de 2000 se incrementaron las medidas punitivas. En agosto de 2004, con el impulso del secuestro y asesinato de Axel Blumberg, en marzo de ese año, las penas máximas se incrementaron de 25 a 50 años. En mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado en 2001 por el titular del CELS, Horacio Verbitsky, que puso en jaque la superpoblación carcelaria y la política punitiva provincial.

Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2007, el gobernador Daniel Scioli fue “desmantelando las medidas de reforma policial” impulsadas por el ex ministro de Seguridad León Arslanian. Entre otras cosas, dejó de lado la conducción civil de la fuerza y se desarticularon los mecanismos de control interno de la fuerza de seguridad.

En mayo de 2008, Scioli anunció su Plan de Patrullaje para los municipios y se convocó por primera vez a los suboficiales retirados. Gastón Chillier explicó que en la etapa Arslanian se había apelado al retiro, para acelerar el alejamiento de la fuerza de funcionarios policiales sospechados de casos de gatillo fácil o actos de corrupción.

En julio de 2008, al impulso del impacto social de la Masacre de Campana (el asesinato de Marcelo Mansilla, su esposa y sus dos hijos), comenzó un nuevo proceso de endurecimiento punitivo. En octubre de 2008, el homicidio de Ricardo Barrenechea, supuestamente a manos de un menor de edad, hace que Scioli reclame la baja de la edad de imputabilidad. En enero de 2009, el caso de Luciano Arruga volvió a poner sobre el tapete la desaparición de personas y la mano policial en esos hechos.

El segundo plan Scioli fue anunciado en abril de 2012; el tercero, en julio del mismo año; el cuarto, en octubre de 2013; y así se llegó al quinto, el sábado 5 de abril de este año. En todos los casos se adoptaron las mismas medidas, algunas de ellas anunciadas como nuevas, como el tratamiento oral y público de las excarcelaciones, cuando se trata de una norma ya vigente que no es aplicada por el Poder Judicial.