SOCIEDAD › LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Todavía mucho está por hacerse

A un año de la reglamentación de la Ley nacional, tanto la
provincia como el municipio de Rosario; esperan los fondos
necesarios para su implementación. Hacia el Consejo Federal.

 Por Alicia Simeoni

Cuando se cumplió un año de la reglamentación de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; hay distintas miradas sobre su aplicación en la provincia y en Rosario. La subsecretaria de la Niñez, la Adolescencia y la Familia Luisa Donni no recibió todavía ninguna partida de la Nación para instrumentar la ley pero explicó que se firmó el convenio marco con el gobierno nacional por el que se espera una remesa de 375 mil pesos y de allí en más una cantidad que considera "aceptable" -1 millón 700 mil pesos- para el primer año de funcionamiento del Consejo Federal de Protección. Donni habla del "gran esfuerzo" de la provincia al elevar el rango y el presupuesto de la actual subsecretaría y aspira a que el municipio ensanche el Area Niñez. Desde la Municipalidad local la también subsecretaria de Acción Social Laura Alfonso señala que todavía no funciona el consejo provincial, que todo lo que hace el municipio lo encara "con fondos propios" y que "viene lenta" la aplicación de la ley en cuanto a la firma del convenio marco que derive fondos específicos de la Nación que ayuden a contar con la infraestructura necesaria. Desde el Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo el abogado Gustavo Lorenzo sostiene que la relación entre provincia y municipio rosarino "es poco clara para el ciudadano, que no hay organigramas ni acuerdos reales de trabajo conjunto por fuera de la actitud individual de operadores o profesionales", algo que provoca que ante situaciones de vulneración de derechos no haya mecanismos aceitados acerca de cómo intervenir.

Donni habla del gran "esfuerzo" de la provincia al aumentar en un 50 por ciento los recursos destinados al área y cuenta que en los últimos días de marzo se firmó el convenio marco con la Nación para que comiencen "a girarnos los fondos que luego se distribuirán de manera equitativa en el territorio provincial". Se trata de una primera cuota de 375 mil pesos y de otra remesa para el resto del año, alrededor de l millón 600 pesos.

-¿Cómo evalúa ese aporte para las necesidades que existen? preguntó este diario.

-Aceptable, creo que es aceptable para el primer año de funcionamiento del Consejo Federal. Se tendrán en cuenta los indicadores de cada ciudad para ver como se utiliza este dinero.

En el balance que hace Donni también habla de la relación con la Municipalidad de Rosario: "Día a día se construye esa conexión de trabajo entre los equipos provinciales y municipales. Ellos tienen la atención del primer nivel y lo ideal sería que todos los municipios lo tengan y que la complejidad se traslade a la provincia. Mi visión es que tienen que intensificar el trabajo en el Area Niñez para que la ciudad tenga una mayor capacidad de atención a la demanda. Es una aspiración. Me parece que sería importante que ampliaran lo que más pudieran la acción en este terreno", opinó la funcionaria provincial.

Desde el gobierno local las apreciaciones no son todas coincidentes con las que tiene Donni. Así Laura Alfonso, subsecretaria de Acción Social de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad muestra la experiencia de Rosario en cuanto a que se trabaja con el paradigma de la ley, la niña, el niño, los adolescentes como sujetos de derecho, "desde diez años atrás". Mientras marca la importancia de la ley que "ordena aunque cuesta vencer tantos años de cultura del patronato", entiende que la instrumentación y aplicación de la nueva norma de protección "son un poco lentas".

"A esta altura ya se debería contar con un Consejo Provincial" y con el convenio entre "provincia y municipio como prevé la ley 26.051". De lo que habla es de articulación orgánica e institucional de los esfuerzos y recursos para trabajar la problemática que prevé la ley de Protección para lo que se requieren recursos económicos que se apliquen a la infraestructura necesaria, al contrato con los profesionales que se necesite y a la tarea de armar los dispositivos técnicos que estén en consonancia con las necesidades relevadas.

Como ejemplo menciona que cuando hay un chico de noche y en la calle no se dispone de la estructura que significa "un parador nocturno" y "si hay que hacer una derivación momentánea o temporal" hay que ir a la institución ubicada en Alvear. "Se necesita contar con la infraestructura que permita trabajar con detenimiento la problemática". Alfonso da detalles en cuanto a la acción del municipio que marcha hacia la constitución de un Consejo de Niñez que fue aprobado por el consenso de todos los bloques del Palacio Vasallo y que integrará la participación de los ediles, de los integrantes del Poder Judicial involucrados en el tema, del Area Niñez -que coordinará la tarea-, la Oficina de Derechos Humanos y las secretarías de Salud Pública y Promoción Social, las organizaciones sociales y los colegios profesionales, en especial de abogados y psicólogos.

La subsecretaria Donni hizo además una lectura sobre la adecuación de la Justicia al espíritu de la ley 26.061 de Protección Integral y señaló que los jueces de Menores de Rosario se declararon incompetentes en las situaciones que no tienen relación con un conflicto con la ley penal. Cuando se trata de situaciones de abandonos el Código Procesal santafesino dispone la competencia de los jueces de familia, pero entre ellos el criterio no es uniforme y ante algunas situaciones ya se produjeron problemas de competencia. Según la ley de Protección a quienes les corresponde intervenir es, justamente, a los Tribunales de Familia "y si la provincia en algún momento pensara en otra cosa debería decirlo a través de una ley", resume Donni.

La Justicia de la capital provincial aparece más alejada del espíritu de la nueva norma y de la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos integrales de derecho. "Las dos juezas de menores entienden que ellas son competentes y el tribunal de familia se declaró incompetente. Por supuesto que comparto la orientación que toma la Justicia en Rosario como la que corresponde".

Con una mirada diferente y preocupada se mostró el abogado Gustavo Lorenzo de la Defensoría del Pueblo. Sostiene que "no hay claridad" en la relación de trabajo entre provincia y municipio rosarino "más allá de las actitudes personales, acordes a la ley, que pueden poner en juego los operadores" pero insistió en que "no hay un organigrama de trabajo en común por cuanto muchas veces se producen situaciones de vulneración de derechos del niño que quedan en el aire porque los juzgados se declaran incompetentes y la provincia y la Municipalidad no tienen aceitado los procedimientos de intervención", dijo.

El Poder Judicial es una pieza clave en la instrumentación de políticas que den cumplimiento al espíritu y contenido de la nueva ley, por eso el integrante del Centro de Atención a la Víctima marca como "interesante" lo hecho por los juzgados de Menores de Rosario que desde 1997 -dice- trabajan para desjudicializar las situaciones de pobreza. "Sin embargo el PJ todavía está atrasado en cuanto a modernizar las estructuras que intervienen en la vulneración de los derechos. No deben quedar dudas en los temas de las competencias y muestra de ello es que hay diferencias de concepciones y procedimientos" en la Justicia de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

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La Ley 26.061 se propone proteger integralmente todos los derechos de los menores en riesgo. Pero además del financiamiento, faltan unificar criterios en la actuación de la justicia.
 
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