CIUDAD › SUSPENDIERON EL DESALOJO SIN PLAZO EN SAN FRANCISQUITO Y CONVOCAN AL ESTADO

Con el alivio de seguir en su casa

La medida dispuesta por el juez Bonino fue aplazada por la resistencia pacífica de los vecinos, muchos de nacionalidad peruana, que piden una solución a su hábitat, ya que pagaron esos terrenos. Son 83 personas, entre ellos 28 niños.

 Por Luis Bastús

Cuando atisbaron que por esta vez habían ganado la pulseada y conseguido la suspensión del desalojo sin plazo cierto, la fogata encendida junto a la trocha angosta con maderitas de cajones del Mercado pasó de simbolizar resistencia popular a cocinar en dos discos de arado unas cuantas presas de pollo, cebollas, papas y pimientos para las 20 familias en vilo, y para los voluntarios que acompañaron a resistir la orden judicial de echarlas a la intemperie. Las dos humildes piezas de teja y chapa que Leo erige junto a la vía ayer fueron el palacio de Versalles y de la Moncloa. Cabildo abierto donde la empresa Belgrano Cargas aceptó que la Justicia posponga sin fecha el desalojo, a cambio del compromiso de los vecinos y de una ONG a presentarse en la causa y exigir la intervención de los tres niveles de Estado -﷓Nación, provincia y municipio-﷓ para producir una solución real al déficit habitacional que ayer volvió a hacer eclosión en este rincón del barrio San Francisquito.

Son 83 personas --28 niños-- que hace siete años habitan una lonja de cien metros entre la vía y los galpones, al 2700 de San Nicolás y de Cafferata. Se instalaron allí donde florecía un basural, previo pago de 5 mil a 10 mil pesos el cuadro de tierra fiscal a "unos tal Pintos". Primero fueron palos y chapas, y ahora todas lucen vigas de cemento, paredes de block y hasta pisos cerámicos. Las conexiones a las redes de luz y agua las hicieron ellos mismos. La veredita, a medio metro de los rieles oxidados, no: "Fue la Municipalidad", afirman.

La empresa Belgrano Cargas, concesionaria de ese ramal que atraviesa la ciudad desde el oeste en trocha angosta, inició un juicio de desalojo en 2009 ante el juez en lo civil y comercial Alberto Bonino, quien ya intervino hace dos años, y a favor de propietarios, en las usurpaciones de terrenos en Villa Gobernador Gálvez. El juez aplazó la desocupación forzosa un par de veces, a la espera de que el Estado brindara una solución habitacional para el grupo intimado. La última vez fue el 12 de setiembre por un recurso interpuesto por la Defensoría de la Niñez, para evitar que los menores afectados quedaran sin techo. Pero el plazo vencía ayer, y la angustia de la gente trocó en resistencia, mansa pero firme.

El traje pulcro y oscuro del oficial de Justicia destacaba ayer entre el gentío, el pasillo de tierra y la curiosidad de los perros. Había venido acompañado de una docena de policías que no llegó a ejecutar la orden de desalojo. Los recibieron el vecindario, militantes de la ONG Casa de Todos, y compañeros de la facultad del hijo de Nancy, que llegaron para relevarlo en el mitín con tal de que él no faltara al examen que tenía que dar en la Escuela de Enfermería de la UNR.

La historia que esta señora le narró al emisario del juez: "Yo vine hace seis años desde Perú a visitar a mi hermana, que vive aquí cerca, pero es sola, y por ella me quedé. Me vendieron este terreno para que yo viva con mi marido. Cinco mil pagué, y estuve dos años en chapitas, hasta que dije a mi marido que toda la vida no vamos a vivir así, que necesitamos una casa, y así hicimos estas piezas. Nosotros trabajamos, señor: yo hago limpieza de casas, mi marido es albañil cuando hay trabajo. Usted quiere que aprendamos a hacer piquetes como los argentinos, pues yo no voy a salir de acá, me voy a colgar del techo, pero no me van a sacar. Somos peruanos, tenemos derecho a vivir, tenemos hijos argentinos también. Estamos doloridos porque no podemos dormir tranquilos, no es justo lo que nos está sucediendo", lloró Nancy.

Giovanna dijo que "si tuviera plata uno se iría de acá, pero no tenemos adónde. Todos estos años de trabajo para hacer esta casita, porque todos queremos vivir bien; no puede ser que nos vengan a sacar así, sin ofrecernos una alternativa. Todos somos personas y tenemos derecho, la ley debe ser igual para todos, ¿no?", planteó.

Un referente del Estado presente ayer fue el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Ramón Verón. "Intervinimos para suspender el desalojo desde el 12 de setiembre y buscamos una prórroga mayor para relevar la cantidad de personas que viven aquí y ver en el mediano plazo qué reubicación brindarles. Estamos involucrando otros actores del municipio y Nación para armar un dispositivo para que esto se resuelva de la mejor manera. La medida se va a suspender", vaticinó.

También estuvo el diputado provincial Eduardo Toniolli, quien le expuso al oficial y al abogado de Belgrano Cargas, Fernando Messulam, la resolución aprobada por unanimidad en Legislatura para que la situación judicial aguarde la intervención del Ejecutivo por una solución de fondo. "El derecho a la vivienda está por encima de cualquier otro. Esta gente es trabajadora, aunque en negro, quiere regularizar su situación, no busca prebendas. Estas construcciones resolvieron problemas de seguridad en el barrio, lo dicen vecinos que vinieron de otras cuadras a apoyar el reclamo", resumió. Desde el Concejo, Norma López y Fernanda Gigliani habían promovido una mediación ante el juez Bonino, y enterado del conflicto al secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, y al funcionario de Transporte nacional, Edgardo Colombini.

El abogado de la empresa demandante argumentó la postura empresaria en "una cuestión de seguridad, porque pasan trenes y nadie en la desesperación por ocupar un predio mide la posibilidad de que se escape un chico y sea atropellado". Messulam acusó que "no hay presencia del Estado en este problema que es social antes que jurídico. Ahora convenimos en darle tiempo a la gente para que se vaya organizando", dijo Messulam.

Antes del mediodía, los abogados Salvador Vera y Luisa Montalbetti, de Casa de Todos, salieron al pasillo y comunicaron el acuerdo: desalojo suspendido sin plazos, y presentación judicial para obligar a Municipalidad, Provincia y Nación a intervenir. El júbilo hizo asomar a un nene risueño desde una ventana: "¿Por qué aplaudieron?", preguntó. Y alguien exclamó: "¡Ahora hay que comer!". Apareció una guitarra, y sonó la chacarera El Olvidao, esa que dice "No quiero de más, quiero lo que es mío". El pollo empezaba a dorarse en el disco.

Compartir: 

Twitter
 

Cuando se frenó el lanzamiento, las brasas de protesta trocaron en fuego para la comida.
Imagen: Andrés Macera
 
ROSARIO12
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2017 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

Logo de Gigared