Aquella decisión de la Corte había sido cuestionada por Uribe, quien el 26 de junio último anunció que evalúa llamar a un referendo para que la sociedad diga si está de acuerdo o no con aquella reelección.

La Corte resolvió ahora "rechazar enérgicamente las descalificaciones, agravios e infundadas imputaciones contenidas en la alocución presidencial del 26 de junio, dado que, de ningún modo se ha presionado al mandatario ni al Congreso", dijo el presidente de ese alto tribunal, Francisco Ricaurte, al leer un comunicado que reprodujeron medios bogotanos y las agencias Ansa y DPA.

El tribunal rechazó el señalamiento que hizo el mandatario, quien acusó a la corte de aplicar "criterios de justicia selectiva" y señaló además que algunos de los integrantes de la Corte tenían nexos con narcotraficantes y paramilitares.

Ricaurte comentó que los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia están obligados a comparecer ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes después que el gobierno le pidiera a ese tribunal investigar a los magistrados.

"La Corte Suprema de Justicia, acogiendo el clamor general en aras de la preservación de las instituciones democráticas, de la concordia y del bien de la Nación, no entrará a fomentar polémicas estériles que impiden la realización de los fines del Estado", concluyó.

Inicialmente, la corte condenó la semana pasada a tres años de prisión domiciliaría a la ex congresista oficialista Yidis Medina, quien se declaró culpable del delito de cohecho luego de señalar que el gobierno le ofreció en 2004 dádivas para que fuera aprobada la ley de reelección.

Asimismo, ese alto tribunal solicitó a la Corte Constitucional y a la Procuraduría que revisen la eventual ilegalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección del mandatario.

Tras conocer estas decisiones, el presidente Uribe anunció que le pedirá al Congreso tramitar un proyecto de ley de referendo para que se convoquen elecciones y se repitan los comicios de 2006.

El gobierno desistió de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso tras considerar que el proyecto de ley para citar a un referendo no alcanzaría a aprobarse en primer debate y correría el riesgo de ser archivado.

Según Medina, en el plan también participó el ex congresista oficialista Teodolindo Avendaño, arrestado hace algunas semanas por este caso, quien se ausentó de la votación para permitir que el apoyo a la reforma constitucional fuera mayoritario de ese día.

La ex legisladora, que está en una cárcel de Bogotá desde el pasado 28 de abril, asegura que detrás del ofrecimiento de cargos públicos para amigos suyos estuvieron los entonces ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.

El partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo impulsa una investigación en contra de Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el argumento de que si hay culpables por recibir prebendas también deben ser castigados quienes las ofrecen.

Uribe ha asegurado que su gobierno no ofreció dádivas y que los funcionarios comprometidos "persuadieron" a los congresistas para respaldar la enmienda, sin incurrir en la "compra de conciencias".