16:25 › POR EL ASESINATO DE ELISABETH KASEMANN

La Corte rechazó la extradición de Videla y Massera a Alemania

La Corte Suprema de Justicia denegó hoy la extradición a Alemania de los represores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, quienes eran requeridos por el secuestro el 9 de marzo de 1977 de una ciudadana de ese país y su posterior homicidio.

Así lo confirmaron fuentes del Máximo Tribunal, quienes indicaron que la resolución se tomó en la causa en la que Alemania reclamaba a los ex jerarcas de la última dictadura por el asesinato de Elisabeth Kasemann ocurrido en la Argentina el 24 de mayo de 1977.

La Corte resolvió por mayoría desestimar la queja interpuesta por los apoderados de Alemania contra la resolución del juzgado federal número 12, Sergio Torres, quien había declarado "improcedente" el pedido de extradición.

La resolución de Torres fue ratificada por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y, mediante sus propios argumentos, por Carmen Argibay. El decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt, no votó.

Alemania había requerido la extradición de Videla, Massera y del difunto ex general Carlos Suarez Mason en relación con la desaparición en 1977 en Argentina de Kaseman y Klaus Zieschank, a pedido del juzgado de primera instancia de Nuremberg.

Ese reclamo ya contaba con el rechazo del gobierno argentino: el entonces ministro de Defensa y hoy senador José Pampuro había sostenido que los dictadores no debían ser extraditados pues a raíz de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final podían reabrirse las causas judiciales en Argentina.

Por la desaparición de Kasseman también están imputados los ex represores Juan Bautista Sasaiñ y Pedro Alberto Durán Saenz, este último sindicado como jefe del Centro de detención "El Vesubio", donde habría sido trasladada la ciudadana alemana.

La Corte resolvió también rechazar un recurso presentado por la defensa de Videla contra la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, sancionadas en la segunda mitad de la década de los 80, y el rechazo a la excepción de cosa juzgada que había planteado en la causa que investiga su participación en el denominado "Plan Cóndor".

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