Así lo establece el decreto 243 publicado hoy en el Boletín oficial, tras recordar en los considerandos que el objeto del Fondo es "financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales".

Dicho Fondo se constituirá con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional, y se distribuirá a las provincias que adhieran al Fondo "a través del Banco de la Nación, en forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 23.548 y sus modificatorias".

El funcionamiento del fondo será auditado anualmente por la Sindicatura General de la Nación, mientras que las provincias que adhieran deberán establecer los mecanismos de control sobre los usos de los fondos que hagan los municipios.

Cada uno de los estados que adhieran a la norma deberán presentar "el régimen por el cual las provincias le distribuirán a sus municipios, al menos, el 30% del total de los fondos que reciban".

Además se suspenderá el envío de recursos del Fondo a aquellas provincias que utilicen los mismos para "gastos corrientes", a las que no envíen en tiempo y forma la información requerida por la unidad ejecutora y las que distribuyan a los municipios "un monto menor al 30%, o en una proporción no semejante a lo que se les destina de la coparticipación federal de impuestos".