En la etapa de instrucción, Severo reveló que había sido convocado por un delegado de la UF para impedir el corte de la vías que planeaban los tercerizados, con apoyo de militantes del Partido Obrero, el día que fue asesinado el joven militante. Además, denunció que el grupo, que respondía a Pedraza, guardaba armas en un galpón de las estación Constitución.

Durante su secuestro de casi un día, Severo declaró que fue amenazado para que "me deje de joder con el ferrocarril, que ni la Policía, ni los derechos humanos, ni la Presidenta me iban a salvar".

En el juicio están siendo juzgados diez integrantes de la patota ferroviaria, entre ellos Pedraza y su adjunto, Juan Carlos Fernández, junto a siete policías acusados de no actuar para evitar el ataque a los manifestantes.