Como si en Jujuy no existieran suficientes problemas y conflictos pendientes de resolución, el gobernador Gerardo Morales parece decidido a acumular otros tantos: los necesarios para demostrar hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda con tal de dejar en claro que el poder le pertenece, especialmente el que le permite abrir nuevas grietas e infundir más temor del que ya generan todas las disposiciones reñidas con la legalidad. Un repertorio que va desde la autorización a la policía para que reprima disparando balas de goma en la cara de manifestantes, hasta el expreso pedido a sus legisladores provinciales de la creación de una comisión parlamentaria con el claro propósito de perseguir a sus opositores políticos.
La saga de amenazas y aprietes de Morales ahora toma nueva escala con un pendiente que el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio tiene desde el año pasado, cuando ya había intimado a la Universidad de Buenos Aires a que le entregara a la provincia de Jujuy el manejo del Pucará de Tilcara, lugar de supernumerario valor tanto turístico como histórico que está bajo el cuidado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dentro de la cual se encuentra la carrera de Antropología que es, en efecto, la que opera en el sitio.
Ese embate se enhebra ahora además con una afirmación temeraria contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara que funciona en la base del Pucará, a quienes no solo acusó de ser quienes “incentivan los cortes”, sino que también los amenazó: “Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Todos esos están cometiendo delitos, van a tener condena y van a tener problemas porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño”. Fue en una entrevista que le realizó el lunes pasado Guillermo Jenefes, ex vicegobernador jujeño en tiempos de la gestión de Eduardo Fellner. “Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de restablecer el orden en Jujuy”, redobló Morales, evidentemente dispuesto a mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar.
No conforme con esa provocación al ámbito académico, dos días después la policía provincial que responde a su mando ingresó de manera ilegítima al predio residencial de la Universidad Nacional de Jujuy que funciona en la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos, hacia oeste de la ciudad de San Salvador. Los efectivos hicieron su intromisión mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Superior (órgano máximo de gobierno de la UNJu) con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles y del sindicato docente ADIUNJu.
Si Morales buscaba con todo esto provocar a los distintos actores de la docencia universitaria, lo logró de inmediato: casi al instante la propia UNJU emitió un comunicado de repudio. El daño colateral para el gobernador es que el texto además enumera una serie de ilegalidades del procedimiento policial que van desde reglamentaciones educativas hasta la propia Carta Magna: “Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y el articulo 31 de la Ley de Educación Superior que dice que la fuerza publica no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universidad legítimamente constituida”.
Luego se sumaron también el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, el sindicato e docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, y la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Señalar y perseguir
Aunque a muchos haya sorprendido esa violenta exposición de Morales en el prime time de Canal 7 (el más visto de la provincia que gobierna), el propósito final de esas declaraciones está lejos de constituir algo descolgado o producto de la improvisación. Por un lado, sirve para darle más músculo a la narrativa que Morales y su séquito vienen componiendo para configurar la idea de un enemigo externo o desestabilizador, ya que previo a su alocución dijo que a los cortes de ruta “va gente que es de afuera”. E inmediatamente después mencionó a “los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara”, una enunciación por cierto bastante peyorativa (decir “los de” es muy distinto que describirlos tal lo que son: investigadores y personal educativo que, además, trabaja en la conservación del lugar arqueológico).
Pero, por otro lado, Morales aprovecha todo este conflicto para volver a poner sobre la mesa una inquina personal que se arrastra desde septiembre del año pasado, cuando el gobierno le hizo un pedido formal a la Universidad de Buenos Aires para que le entrega a la provincia el manejo del Pucará de Tilcara. “Yo ya le hice una presentación a la UBA, que si no me contestan, vamos a expropiar”, dijo al inicio de su violento aunque desordenado exordio sobre Tilcara, el Pucará, la UBA, los cortes y “los de afuera”, todos nombrados juntos aunque de manera inconexa, con espacios y silencios. “Esos son los que incentivan los cortes, no todos, (pero) la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara”, expuso con una sintaxis oral desprolija pero al mismo tiempo clara.
El pedido lo hizo público en enero Miguel Ángel Rivas, el mismo Fiscal de Estado que tomó la palabra en la conferencia de prensa de la semana pasada para anunciar que el gobierno jujeño se presentaría como querellante en las más de cien denuncias realizadas contra distintos manifestantes.
"En el mes de septiembre de 2022, el propio gobernador Gerardo Morales, en representación del pueblo de Jujuy, requirió formalmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA la restitución del Pucará de Tilcara con el museo y demás áreas de valor arqueológico, histórico y cultural que fueran expropiados por la provincia de Jujuy y donados a esa facultad”, explicó Rivas según un texto publicado el 25 de enero en el micrositio web de prensa de la provincia.
En otro párrafo, Rivas daba por supuesto que “se descarta que las autoridades de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional de Buenos Aires rápidamente van a responder y van a avalar la inquietud de la provincia para devolver su patrimonio, compartiendo que existen organismos que pueden hacerse cargo de la protección de tan rico material arqueológico, histórico y cultural, pero sin dejar de reconocer también que por el año 1948, no sucedía lo mismo”.
El Pucará, pasarela para la moda
Para otros, el problema tiene otro trasfondo: por aquella fecha Tulia Snopek, la esposa del gobernador, llevó a Jujuy el evento de moda Argentina Fashion Week con la idea de hacer cuatro desfiles en distintos puntos de la provincia. El primero sería en San Salvador, el segundo en la plaza de artesanos de Purmamarca, otro en las Salinas Grandes y uno más en el propio Pucará.
Tulia Snopek es conocida por distintas cuestiones, desde su apellido vinculado a tres generaciones de abonados a puestos políticos o estatales en Jujuy (entre los que se encuentran exgobernadores, diputados, senadores), o su propia inclusión en el Consejo de la Magistratura sin que se le conozca idoneidad para tal ejercicio. Lo que significó toda una novedad entonces fue su interés por el mundo de la moda. Y mucho más su deseo de utilizar el Pucará como una pasarela de moda, utilidad que lejos está de su propósito arqueológico. Naturalmente la UBA no le concedió el permiso por motivos obvios y, casualmente, poco después Morales inició su embestida contra la Facultad de Filosofía y Letras con el pretexto de recuperar el dominio del lugar. A pesar de que en 2005, cuando era senador nacional por Jujuy, había manifestado al Congreso su preocupación por la posible utilización privada del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
