El debate global sobre la arquitectura financiera internacional que despertó el estallido de la crisis de las hipotecas subprime intenta tener su correlato en Argentina. Los hechos –antes que la voluntad política– ponen en evidencia la necesidad de reformar el entramado financiero-legal heredado de la última dictadura y perfeccionado durante la convertibilidad. Las elevadas tasas de interés, la fuga de capitales, el concentrado y extranjerizado sistema bancario, la escasez de crédito para la producción y el culebrón que protagoniza el desplazado, pero todavía en funciones, presidente del Banco Central, Martín Redrado, son sólo algunas de las consecuencias salientes del esquema neoliberal vigente. Los bastiones del sistema, que ha sido convalidado por los sucesivos gobiernos durante los últimos siete años, son la Ley de Entidades Financieras elaborada por José Alfredo Martínez de Hoz en 1977 y la Carta Orgánica del Central diseñada por Domingo Cavallo en 1992.

El ministro de Economía, Amado Boudou, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se expresaron en repetidas oportunidades contra la posibilidad de modificar esas legislaciones. Sin embargo, existen sectores dentro, fuera y afines al oficialismo que pretenden impulsar un debate en la materia. La evolución del sistema financiero es un reflejo de la puja que existe entre los distintos modelos de país. La configuración del sistema bancario, los organismos reguladores y el rol de la autoridad monetaria están estrechamente vinculados con las reformas estructurales que significaron la retirada del Estado de la economía e impulsaron la desregulación financiera y la apertura irrestricta a los flujos de capitales, en nombre del libre mercado.

Ante la falta de sustento político, las iniciativas más recientes dirigidas a modificar algunos aspectos del sistema fueron desactivadas por el poderoso establishment financiero. Fuera de la ortodoxia neoliberal argumentan que, pese a los cambios registrados en la política económica durante la post convertibilidad, es necesario reformar el sistema financiero para sostener un proceso de desarrollo que no se base en el ajuste permanente. Las distintas propuestas existentes plantean: modificar las estrictas limitaciones al financiamiento del Estado que tiene el Banco Central, discutir el régimen cambiario, asegurar la presencia de las entidades privadas en las distintas regiones del país, así como impulsar el resurgimiento de los bancos estatales especializados. También postulan la modificación de los objetivos de la autoridad monetaria y remarcan que el rol de la banca pública como motor del cambio será determinante.

Entidades financieras

El concentrado, extranjerizado y desregulado sistema actual privilegia la especulación por sobre la producción. La banca privada se enfoca en las actividades y zonas más rentables. El 85 por ciento de las sucursales de las diez entidades más grandes está concentrado en las cinco provincias más ricas, postergando las economías regionales y las pymes.

Mientras tanto, el 99 por ciento de los créditos otorgados no supera los 200 mil pesos. La mayoría de los préstamos están destinados a consumo y financiamiento de tarjetas de crédito. Desde la reforma neoliberal de Martínez de Hoz, el Estado perdió las herramientas para direccionar el crédito. El acceso al financiamiento quedó fuertemente condicionado por las altas tasas de interés.

En la actualidad, el principal impulsor de una reforma a la Ley de Entidades Financieras es el diputado y titular del Credicoop, Carlos Heller. “El funcionamiento del sistema financiero no puede quedar en manos del mercado, debe estar fuertemente regulado por el Estado. Pensamos en una ley que conciba a la banca como servicio esencial y público”, apuntó Heller a Página/12. La iniciativa, que cuenta con el visto bueno del diputado y ex presidente Néstor Kirchner, busca garantizar el financiamiento productivo a pymes y la extensión de los niveles de bancarización. Algunos especialistas advierten que para garantizar el financiamiento de mediano y largo plazo será determinante la creación de un Banco Nacional de Desarrollo. Esa entidad, sostienen, podría financiarse con fondos de Anses.

Carta Orgánica

En 1973, el objetivo del Banco Central era “regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”. Desde 1992 con la convertibilidad, la misión de la autoridad monetaria se reduce al último punto: “Preservar el valor de la moneda”. Esa medida limitó la posibilidad de hacer política monetaria. Para asegurarse el cumplimiento de la meta se consagró la antidemocrática “independencia” de la entidad, la misma perrogativa en la que se refugia el despedido Redrado.

Ante el fracaso de la receta conservadora, la heterodoxia económica postula la necesidad de bancos centrales dependientes del gobierno y comprometidos con el desarrollo económico. Advierten que una herramienta tan importante como la política monetaria no puede concentrarse solamente en el control de la inflación dejando de lado el empleo o la distribución del ingreso.

En ese sentido Heller propuso, retornar a los objetivos fijados en 1973 y a una estructura de gobierno de la entidad similar a la del Banco Central de Brasil. Allí, la política monetaria la decide un Consejo Monetario Nacional en sintonía con las directrices del presidente de la Nación. En ese comité el titular del Central comparte las decisiones con el ministro de Hacienda y otros ocho miembros.