En la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario trabajan 550 personas. Todos los días se procesan 450 Registros de Operaciones de Exportación (ROE), que representan casi 150 millones de dólares en operaciones de comercio exterior, siendo la relación entre aprobados y rechazados de 9 a 1. También se siguen pagando compensaciones. Casi 8 mil millones de pesos han sido repartidos entre 232.535 operadores, siendo los molinos de harina, los feed lots, los faenadores avícolas y los productores tamberos los principales beneficiarios. Además, se fiscalizan las actividades de los distintos sectores y con la información que todos los días envían acopios, frigoríficos y otras industrias agropecuarias se producen más de 650 informes que luego son utilizados por el sector público y el sector privado para tomar decisiones en la producción y comercialización.

Cuando escuchamos decir que se quiere cerrar la Oncca nos preguntamos primero qué piensan hacer con el personal que en este organismo se desempeña, pero también qué piensan hacer con todas estas acciones, la información, los saberes y el conocimiento que en estos años de existencia del organismo ha capitalizado el sector público.

La Oncca fue creada en 1996, casi seis años después de la disolución de las juntas nacionales de carnes y granos, porque la evasión y la informalidad en el comercio de carnes y granos se había vuelto escandalosa. ¿Acaso los señores diputados que impulsan la disolución de la Oncca desconocen esto? ¿O no hemos aprendido duramente los argentinos los costos de la retirada del Estado en las actividades claves de la economía, la cultura y la educación?

Lo que hoy se está debatiendo en el Congreso, y pocos se animan a decir, es el nivel de intervención que el Estado debe tener en el mercado de productos agropecuarios. Los principales actores del mercado agropecuario mundial poseen en mayor o menor medida instituciones estatales que intervienen con fuerza en la producción agropecuaria. Basta sólo investigar lo que sucede en Estados Unidos, Canadá, Australia, los países de la ex Unión Soviética y Turquía. En ninguno de ellos la producción y el comercio de productos agropecuarios están librados al libre juego de la oferta y la demanda.

Curioso movimiento argumentativo se ha dado alrededor de la Oncca: se comienza criticándola por las denuncias de corrupción en la asignación de subsidios y se termina cuestionando los ROE.

Los trabajadores de la Oncca estamos movilizados en defensa propia, de nuestra fuente de trabajo y de las 550 familias que viven de nuestro sueldo. Pero también en defensa de un organismo que está llamado a cumplir un rol central en la producción agropecuaria nacional. No para remplazar al Ministerio de Agricultura, sino como un organismo dinámico, moderno, joven, de aplicación de políticas agropecuarias. Creemos que asumir la defensa de este organismo es asumir la defensa de un modelo de desarrollo que tiene como condición necesaria la construcción de un Estado fuerte, responsable, que garantice condiciones equitativas para operadores y productores más allá del tamaño y las capacidades económicas que éstos tengan.

* Delegados de la Asamblea de Trabajadores de Oncca-Junta Interna ATE.