El Gobierno aprobó la metodología que deberán seguir las empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telecom y Telefónica, para transferir los recursos acumulados en concepto del Servicio Universal –el uno por ciento de su facturación– al Fondo Fiduciario creado a tal fin. Según consta en los balances de ambas compañías, desde julio de 2007 hasta septiembre de este año llevan recaudados 2600 millones de pesos. Este dinero será utilizado para financiar el plan Argentina Conectada, iniciativa que pretende extender la cobertura de fibra óptica en todo el país con una inversión estimada en 8000 millones de pesos. A partir de la nueva resolución de la Secretaría de Comunicaciones, las empresas de telefonía deberán realizar una nueva declaración jurada ante el órgano fiduciario, quien notificará los plazos para realizar las transferencias.

El concepto del Servicio Universal fue instaurado en el año 2000, a través del decreto 764/2000, el cual estableció la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Allí se definió que las dos principales compañías del sector, Telefónica y Telecom, debían realizar aportes para llevar el servicio de telefonía e Internet a las zonas más lejanas y menos rentables del país, como contrapartida de haber gozado por diez años la exclusividad de la prestación del servicio de telecomunicaciones, tras la privatización de Entel.

Luego de ese decreto, las compañías comenzaron a separar el uno por ciento de su facturación para el Servicio Universal pero nunca fue utilizado para tal fin, ya que el Estado nunca lo reguló, mientras que las compañías tampoco lo estimularon. Es más, en el caso de las empresas de telefonía celular, como por ejemplo Movistar (antes Unifón), Personal y Claro (antes CTI), ese uno por ciento fue cobrado sistemáticamente a los usuarios. A partir de 2006, las compañías de celulares tuvieron que devolver a los usuarios dicha recaudación.

En 2008, el Gobierno fijó un nuevo reglamento para el Servicio Universal, donde se aprobó la creación de un Fondo Fiduciario para que las compañías del sector transfirieran los fondos acumulados. Telecom recurrió a la Justicia por considerar “ilegal” esa medida. Sin embargo, ahora deberá traspasar a la cuenta bancaria del Fondo Fiduciario 981 millones de pesos, acumulados entre julio de 2007 y septiembre de este año. Por su parte, Telefónica deberá traspasar 1609 millones de pesos. Estos montos figuran en los balances consolidados de ambas empresas. El Estado dejó de lado el período 2000-2007 en una negociación con las empresas, e hizo borrón y cuenta nueva a partir de ese último año.

Para hacer efectivo el traspaso, las compañías deberán realizar una declaración jurada. El dinero será utilizado para financiar parte del plan Argentina Conectada, una iniciativa que prevé expandir la red de fibra óptica en todo el país. En un primer tramo se construirán 10.000 kilómetros para llegar a unos 35.000 al cabo de cinco años. La inversión total de este plan rondaría los 8000 millones de pesos, de los cuales 6000 millones serán aportados por el Estado, dentro de los cuales estarían los recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (2600 millones). Los restantes 2000 millones serán aportados por los sectores privados.

Unas 700 empresas y cooperativas de todo el país tendrán acceso a la utilización de este nuevo backbone para la prestación de servicios sobre Internet. Para 2015, el Gobierno especula con alcanzar los diez millones de hogares con algún tipo de conexión a banda ancha.