El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se presentó ayer, puntual, a declarar ante el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Ramiro González para responder a los cargos por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moreno explicó que se impusieron sanciones a varias consultoras que divulgaban índices de precios en forma irregular provocando aumentos en las tasas de interés, crecimiento del riesgo país e incluso apuntaban a que el país pagara más intereses por los bonos que se ajustaban por el índice inflacionario. Ninguno de los jueces que actuó en cada caso –dijo el funcionario– advirtió irregularidades en la actuación de su dependencia. Es más, hay tres causas abiertas contra las consultoras y en esos expedientes actúan jueces, fiscales y hasta una Cámara que tampoco advirtió una acción irregular de Moreno o su secretaría. Por último, Moreno sostuvo que el juez federal Julián Ercolini ya emitió un fallo a fines de 2012, ante un expediente surgido de una fotocopia del actual, y señaló que “no se aprecia una actividad delictiva en los términos denunciados”.

Durante dos horas hubo una indagatoria que las partes evaluaron como “cálida” o “cordial”. Tanto Bonadío como el fiscal González estuvieron presentes en todo el tiempo que duró la declaración, no hubo gritos ni polémicas. Tanto el magistrado como el secretario son de carácter fuerte.

Moreno les entregó un escrito sintetizando su defensa, aunque luego dedicó el tiempo de la indagatoria a explicar las medidas que tomó “en defensa de las políticas del Gobierno”. Por ejemplo, en la denuncia penal formulada contra la consultora de Melconian y Santángelo (M&S), Moreno señala que se trata de “un índice de inflación inventado, producto de una reunión con agentes de mercado y destinado a crear inestabilidad con el objeto de obtener ganancias”. En la causa contra M&S hay un informe sobre bonos atados a la inflación propiedad de los dos consultores. En el escrito entregado ayer, también se hace mención a cómo se hacen crecer de forma irregular –según Moreno– las tasas de interés que deben pagar los consumidores en función de índices que considera inventados.

El origen de las sanciones a las consultoras fue una denuncia de la Comafru, la Cámara de Operadores Frutihortícolas del Mercado Central. Esa Cámara consideró que los índices de precios de las consultoras estaban falseados y que eso los perjudicaba. La Secretaría de Comercio decidió entonces abrir un único expediente contra todas las consultoras, aunque cuando las empresas fueron contestando se hicieron archivos distintos. Por ello es que la defensa de Moreno argumentó, en el terreno formal, que la causa Bonadío es exactamente igual a la de Ercolini, porque se basan en un único expediente en el que se relevaron las irregularidades de las consultoras. De manera que Bonadío –según Moreno– sólo tiene una fotocopia del expediente que tuvo Ercolini. Este recibió la denuncia de los diputados opositores Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Ricardo Gil Lavedra, entre otros, y archivó el caso por inexistencia de delito.

Pero, además, Moreno argumentó que se presentaron tres denuncias penales contra las consultoras que encabezan Melconian y Santángelo, Orlando Ferreres y Graciela Bevacqua. En dos de los tres casos, los fiscales impulsaron la acción porque efectivamente sostuvieron la existencia de delitos de las consultoras y los jueces ordenaron medidas. En el tercer caso, el fiscal no impulsó la acción, el juez Marcelo Aguinsky elevó el caso a la Cámara en lo Penal Económico y ésta decidió que existía mérito para iniciar las acciones. Por ello, la defensa de Moreno afirma que fiscales, jueces y hasta camaristas no vieron delito en la actuación de la secretaría, sino que mantienen causas abiertas contra los denunciados.

Por último, la defensa de Moreno, en su escrito, señala que se aplicaron las sanciones –en el caso de Jorge Todesca, de la consultora Finsoport, porque no presentó la información de cómo su consultora armaba los índices de inflación– y que distintas salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocaron las sanciones, pero que ni la Cámara opinó que hubiese irregularidades por parte de la secretaría ni el tema está terminado: todavía está pendiente un recurso para que las multas efectivamente se apliquen.