La Cámara de Diputados aprobó una nueva apertura del canje de deuda por 192 votos afirmativos contra 33 negativos. El Frente para la Victoria obtuvo el apoyo del radicalismo, el PRO, los peronistas disidentes del Frente Renovador y algunos monobloques. El FAP, Unidad Popular y Proyecto Sur votaron en contra. La nueva ley propone la apertura por tiempo indeterminado de la llamada Ley Cerrojo. El objetivo del Ejecutivo es incorporar al canje de deuda al 7 por ciento de los bonistas que no ingresaron en 2005 y 2010 y aislar a los fondos buitre que están litigando en los tribunales de Nueva York. “Esta es una causa nacional que nos tiene que encontrar unidos más allá de las diferencias partidarias. Este proyecto constituye una etapa más dentro de un largo proceso dirigido a normalizar la deuda que resultara objeto de cesación de pagos en el año 2001”, argumentó Carlos Heller, titular de la Comisión de Finanzas. Como contrapartida, Pino Solanas reivindicó el default declarado por Adolfo Rodríguez Saá.

Este nuevo proceso del canje de deuda se inscribe en el escenario judicial iniciado por los fondos buitre en Estados Unidos, quienes representan sólo el 0,45 por ciento de los bonos que no entraron en los canjes anteriores. Si bien el Ejecutivo sabe que el negocio de los buitres no es renegociar la deuda sino litigar contra los Estados, con este proyecto se busca dar una señal a la Corte Suprema de Justicia norteamericana de “voluntad y capacidad de pago”.

“Este gobierno toma decisiones concretas sobre una deuda que no tomó. Pero sí decide hacerse cargo del futuro de todos los argentinos. Eso es ser estadista. Quiero terminar como comencé y agradecer a todos los bloques que decidieron acompañarnos en esta decisión que es una política de Estado”, argumentó Juliana Di Tullio, titular del bloque del FpV.

La votación tuvo cuatro abstenciones: Elisa Carrió, Nora Videla, Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez. El ex ejecutivo del JP Morgan Alfonso Prat Gay votó en contra.

“Hubo una mala estrategia de renegociación. La misma Presidente nos autodenominó como pagadores seriales. Somos los genios que tuvimos una quita del 75 por ciento y los estúpidos que debemos más de lo que debíamos al principio del proceso. Debíamos 150.000 millones cuando asumió Kirchner y hoy debemos más de 200.000 millones de dólares. Esto es un fracaso absoluto de la estrategia de negociación”, manifestó Prat Gay.

La trampa en el argumento del ex lilito consistió en mezclar tanto la deuda privada como la pública y en obviar un dato esencial: que en 2002 el peso de la deuda sobre el PBI era de un 160 por ciento, mientras que en la actualidad es del 45 por ciento. Y de ese total, la deuda privada en dólares representa sólo el 9 por ciento del PBI.

Al momento en que comenzó la intervención de Prat Gay, Pino Solanas salió del recinto y se dirigió a una sala contigua. “Este es un endeudamiento ilegítimo”, sostuvo Solanas casi a los gritos, frente a una cámara de televisión. Luego fue su turno en el recinto, donde volvió a insistir en la necesidad de realizar una auditoría sobre la deuda para determinar su legitimidad. Pero lo más curioso de su intervención fue cuando reivindicó a Rodríguez Saá, el artífice del default. “Acá hubo una sola persona que tuvo el coraje de frenar la pelota, decir que no se iba pagar la deuda y que se la iba a auditar. Esa persona fue Rodríguez Saá”, exclamó el nuevo aliado de Lilita Carrió.

La propuesta de este nuevo canje se formuló siguiendo los mismos parámetros de las operaciones de 2005 y 2010. Los bonistas que ingresen en el canje no podrán recibir una mejor propuesta que aquellos que ya ingresaron. A diferencia de las otras dos operaciones, la suspensión de la Ley Cerrojo (26.017) es por tiempo indeterminado. Sobre este punto, los radicales cuestionaron que el Ejecutivo no haya dejado abierto el canje en 2010, mientras que Prat Gay cuestionó que en esta oportunidad no se le haya puesto un tiempo de caducidad a la suspensión de dicha ley. Los legisladores del flamante Frente Renovador, que votaron a favor, pero con algunas disidencias, propusieron la derogación de la Ley 26.017.

“No podemos olvidarnos que la deuda pública signó los primeros veinte años del retorno de la democracia en la Argentina. Entre 1983 y 2003, la deuda operó como un condicionante casi permanente de las políticas públicas internas”, manifestó Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto. Con el Plan Brady (1992), la Argentina realizó su primer canje de deuda. Luego, durante el gobierno de la Alianza, se realizó el segundo, conocido como Megacanje, a partir del cual varios funcionarios de aquellos años fueron procesados por la Justicia Federal.

“El viceministro de Economía (Axel Kicillof) nos recordó qué ocurrió con el famoso blindaje y megacanje. Para volver a endeudarnos, tuvimos que aceptar los condicionantes del FMI, como la baja de las jubilaciones y salarios. Desde 2003 cambió la lógica para hacer frente a la deuda. Primero teníamos que crecer, para luego pagar”, concluyó Anabel Fernández Sagasti (FpV, Mendoza).

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