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La eliminación de las retenciones a las exportaciones provocaría un aumento del 16,2 por ciento en la pobreza y del 28 por ciento en la indigencia. Los números surgen de un reciente trabajo del Cenda, un centro de estudios conformado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, y cobran relevancia en un momento en que las decisiones de política económica, vía eliminación de los reintegros, intentan hacer efectivos los efectos de las retenciones no sólo para los bienes primarios, sino también para los agroindustriales.
Uno de los resultados más diáfanos de la decisión del Ministerio de Economía de anular las reintegros a las exportaciones de alimentos fue poner en evidencia que los productos de las cadenas agroindustriales no eran, en la práctica, alcanzados por el tributo. Ello respondía a que, para la mayoría de estos bienes, las reintegros compensaban total o parcialmente los retenciones. En consecuencia, la eliminación de los reintegros resulta en la práctica un equivalente a la suba de las retenciones.
Esta realidad coexiste con la continuidad de las presiones sectoriales para que las retenciones sean eliminadas o reducidas, punto que ahora suma la demanda por la reimplantación de los reintegros. En este contexto, la investigación del Cenda repasa los efectos de las retenciones sobre los precios y, por esta vía, en los indicadores sociales más sensibles.
Inmediatamente después de la devaluación los consumidores pudieron experimentar que los precios de las llamadas commodities resultaban determinados, por definición, no por sus costos de producción internos, sino por sus valores en los mercados internacionales.
Al margen de las variaciones que se producen en estos mercados, ello significó que dichos precios se movieran en relación directa con el tipo de cambio. Por ejemplo, si un producto se vende en 100 dólares en el mercado internacional, luego de una devaluación interna su productor querrá seguir percibiendo el mismo precio también en el mercado local. Este ajuste interno será posible siempre que el empresario tenga la opción de exportar obteniendo, de manera efectiva, el precio internacional. Aquí es donde entran las retenciones que, como se argumentó repetidamente, cumplen también la función extrarrecaudatoria de podar el precio externo, lo que a su vez induce una baja en el interno.
La investigación del Cenda da vuelta este camino recorrido tras la salida de la convertibilidad y analiza, de manera contrafáctica, qué sucedería si las retenciones se eliminasen. Dado que los empresarios trasladarían al mercado interno los precios internacionales, el resultado sería un encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria del 17,8 por ciento. En consecuencia, tomando como base para la simulación los valores de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2004, la pobreza aumentaría del 40,2 al 46,7 por ciento de la población y la indigencia del 15 al 19,2 por ciento (ver cuadro). El evidente deterioro de los indicadores sociales básicos, que “distorsiona” los precios pagados por los asalariados y por lo tanto sus ingresos, no es precisamente la dimensión distorsiva que preocupa a la crítica ortodoxa.
Quedan sin tratar dos aspectos. El primero es la relación entre superávit fiscal y tipo de cambio. Los empresarios de las cadenas agroindustriales parecen no plantearse que la pérdida cambiaria inducida por un nivel de tipo de cambio inferior podría ser mayor a lo recortado por retenciones. El segundo aspecto, en defecto del primero, es preguntarse qué impuestos sustituirían a las retenciones si fuesen eliminadas. ¿Más Ganancias? ¿Más IVA?
Pero si el criterio ortodoxo para juzgar a las retenciones en base a la “distorsión” de precios en un idílico mercado de competencia perfecta queda reducido al absurdo frente a las distorsiones más potentes de los indicadores sociales básicos, cuál es el criterio que debe seguirse para determinar la política impositiva. El camino sugerido por la investigación del Cenda es, precisamente, volver a la evaluación de los efectos de los impuestos sobre el nivel de producción. Una conclusión preliminar es que, dado que las cantidades exportadas no se incrementaron a pesar de la devaluación, tampoco desde esta perspectiva el tributo resulta distorsivo.