EL MUNDO › LOS CARTELES MEXICANOS RECRUDECEN SUS CHOQUES

Narcoguerra en prisión

Los barones de las drogas se pelean por controlar los centros penitenciarios. A menudo reciben el apoyo de custodios y directivos para traficar armas y estupefacientes y prostituir a mujeres.

 Por Gerardo Albarrán de Alba

Desde México, D. F.

La guerra entre narcotraficantes no sólo se libra en las calles. Los centros penitenciarios del país son el nuevo escenario de enfrentamientos cada vez más violentos entre diversos carteles de la droga en su lucha por el control del tráfico de estupefacientes y de armas en el interior de los penales, así como por la organización de fugas. En el último mes han ocurrido choques armados en penales en los estados de Baja California, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León. En ocho motines han muerto 23 presos. Pero la madrugada de ayer ocurrió el más fuerte, en el penal de Reynosa, Tamaulipas: anoche se habían recuperado 21 cadáveres y había al menos 11 heridos.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los enfrentamientos se agravan porque presos que forman parte de las nóminas de carteles rivales son internados en áreas comunes, a lo que se suma la sobrepoblación de reos y las deficiencias de seguridad, que facilitan el ingreso de drogas y armas. Lo más grave es la corrupción en los penales. La prensa mexicana ha documentado reiteradamente la participación de custodios y directivos de los centros de reclusión en el tráfico de drogas y armas, la fuga de reos y la prostitución en cárceles de mujeres.

Por lo pronto, los estados donde se concentran los principales carteles del narcotráfico han cedido el control de los penales a los barones de la droga. Tamaulipas es la sede del cartel del Golfo y este no es el primer motín. En los últimos 16 meses se han fugado 28 reos de las cárceles de Nuevo Laredo y Reynosa en acciones organizadas por el propio cartel. La última vez fue apenas el pasado 9 de octubre, cuando cuatro custodios facilitaron la huida de 17 presos, varios de ellos ligados al cartel del Golfo, quienes salieron por la puerta principal.

El motín de ayer inició a las 3 de la mañana tras un enfrentamiento entre dos grupos rivales que buscan el control del penal. Los reos muertos habrían sido calcinados. A mediodía ya había logrado ingresar un agente del Ministerio Público Federal. Las autoridades reportan 16 muertos y 11 heridos, pero fuentes extraoficiales aseguran que podrían ser más.

En Tijuana, Baja California, 13 presos murieron a manos de la policía federal durante dos motines en el penal de La Mesa a mediados de septiembre. En Sinaloa, al menos cinco reos han muerto y otros 14 han resultado heridos por disparos de pistolas en trifulcas en el interior del penal de Culiacán en la última semana. El viernes pasado estallaron dos granadas de fragmentación en uno de los módulos; cinco presos resultaron heridos. En el penal de Mazatlán murieron otros cinco presos hace tres meses. El subsecretario de Prevención y Readaptación de Seguridad Pública en Sinaloa, Ricardo Serrano Alonso, aceptó que el crimen organizado llevó su guerra al interior de estas instituciones.

Pero lo mismo dijo el gobernador del estado de Tabasco, en el sureste del país, hace cuatro meses, al admitir que los narcotraficantes controlan el principal penal en la entidad. En septiembre pasado, la policía federal detuvo a los directores de la policía estatal y al de una policía municipal, así como a varios comandantes, por formar parte de la nómina del cartel del Golfo, que controlaba un penal municipal.

En Michoacán, donde el 15 de septiembre pasado estallaron dos granadas en medio de una multitud, el hampa se apoderó de los nueve centros de readaptación social y de los 15 centros preventivos, según los informes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En la capital del país, la cosa no es mejor. Todos los penales enfrentan problemas por sobrepoblación, corrupción, tráfico de drogas y de armas, y prostitución.

Elena Azaola, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, acusa a las autoridades de ejercer una doble moral, al permitir que el personal de los penales participe en la venta de drogas.

El problema es más que complejo, dice: “Sabemos que (la venta de estupefacientes) es uno de los mecanismos que permite mantener el control de los penales. Si hoy la quitan, mañana todas las prisiones del país saltan en llamas, en motines”.

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Un enfrentamiento entre presos en el penal de Reynosa dejó al menos 21 muertos y 11 heridos.
Imagen: AFP
 
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