UNIVERSIDAD › DEBATE ENTRE DISTINTOS SECTORES DE LA UBA TRAS LA REFORMA DEL ESTATUTO

Lo que la asamblea nos dejó

El gobierno de la UBA reivindicó los cambios y, sobre todo, el hecho mismo de que se pudiera realizar la asamblea. La minoría de los cuatro decanos quedó satisfecha, pero con la sensación de que se podría haber hecho más. La FUBA rechazó las modificaciones.

 Por Julián Bruschtein

Pasada la asamblea y reformado el estatuto de la Universidad de Buenos Aires, la comunidad académica continúa deliberando. Para la mayoría que gobierna la UBA, “la reforma fue un éxito” en dos sentidos: por la reforma en sí y por “la victoria del sistema sobre el antisistema”, según lo graficó el decano de Farmacia y Bioquímica, Alberto Boveris, y señaló a la FUBA y su “escaso margen para el escándalo”. La minoría compuesta por los cuatro decanos se mostró muy satisfecha, aunque con la idea de que “se podría haber profundizado más”. La FUBA planteó que se buscó “modificar para avanzar en las exigencias de la Ley de Educación Superior” y que se “anuló el derecho de los estudiantes a la alimentación”.

La imagen de los asambleístas votando de pie y aplaudiendo la aprobación de la declaración de apoyo al pedido presupuestario realizado por el Consejo Superior fue todo un síntoma. Algunos protagonistas situaron la escena como “el fin de una etapa”. “La forma en la que estuvo organizada la asamblea fue vital para demostrar que ya no necesitamos de una pata de conejo para reunirnos”, bromeó con seriedad Boveris, partidario de la mayoría que gobierna la UBA. “Los alcances de la reforma son muchos –agregó el decano–. Principalmente el asentamiento de la gratuidad de la enseñanza en la letra del estatuto y la investigación como parte fundamental del aprendizaje. Lo que ha sucedido es que hemos adecuado el estatuto a los tiempos que corren.”

La trama de la asamblea para reformar los estatutos vigentes desde 1958 es de larga data. Durante 2006 los estudiantes rechazaron la candidatura para rector del decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, acusándolo de haber sido funcionario judicial durante la dictadura militar. La definición donde se consagró finalmente a Rubén Hallú y a Jaime Sorin como autoridades sucedió en diciembre, fue luego de ocho meses y la suspensión de cinco cónclaves académicos. Se realizó en el Congreso en medio de un escándalo por los gritos adentro y la represión policial en las inmediaciones, que terminaron con dirigentes estudiantiles presos y varios contusos.

De aquel acuerdo entre el espacio de Hallú y el de Sorin surgió la promesa de convocar a una nueva asamblea para modificar el estatuto, que recién pudo cumplirse el viernes pasado, un año y medio más tarde y con tres convocatorias truncas en el camino. En el sector minoritario de los cuatro decanos, identificados con posturas de centroizquierda, celebraban de viva voz la reforma parcial. “Es un paso importante para la UBA. Es bueno que el espacio de la asamblea se instale como forma de debate y no solamente cuando hay que elegir rector. Quedaron bastantes temas pendientes, pero ya quedó instalada la fecha en la que se va a tratar esa problemática”, estimó el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, en referencia a los artículos dedicados al cogobierno. Pero, por debajo, distintas fuentes indicaron que “se podría haber hecho una reforma más profunda”. La sensación que flotaba en el ambiente era que las limitaciones fueron “propias. No se pudo construir una alternativa más fuerte”. A pesar de ello reinaba un clima positivo, ya que “nuestro espacio trabajó mucho en las comisiones para redondear las propuestas” y cincelar con los representantes de la mayoría el proyecto para que “pueda ser votado por el 87 por ciento de los asambleístas”.

Los estudiantes nucleados en la FUBA tienen un panorama diferente. “Primero, la votación en general sin posibilidad de argumentar fue lamentable. Pero, además, la implementación de los ciclos en la UBA es una exigencia de la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y por lo tanto de la LES (Ley de Educación Superior)” sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, aseguró Martín Bustamante (CEPA-PCR), presidente de la Federación. Pero además “anularon el artículo 71 porque así las autoridades se eximen de preocuparse presupuestariamente de la alimentación de los estudiantes, un derecho consagrado en 1958. Muchos votaron sin saber lo que estaban votando”, sentenció el dirigente estudiantil.

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