EL MUNDO › INDIGNADA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA COLOMBIANO A LA QUERELLA DE LA EX REHéN

Betancourt demanda ser indemnizada

La ex candidata presidencial rescatada tras más de seis años de cautiverio pide casi siete millones de dólares. El gobierno contestó que Betancourt desoyó reiteradas advertencias de no adentrarse en territorio dominado por la guerrilla.

La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y su familia presentaron una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de unos 6,84 millones de dólares por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años.

El secretario general del ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó ayer en un comunicado que el pasado 30 de junio se recibieron, de la familia Betancourt, dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, de su madre Yolanda Pulecio, de sus dos hijos y de su hermana. “Convocan a la nación y al Ministerio de Defensa para conciliar (...) los perjuicios que en opinión de ellos le fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt a manos de la guerrilla de las FARC,” señaló el mensaje.

“El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planificación y ejecución de la Operación Jaque”, dice el comunicado, en referencia al operativo militar que obtuvo su liberación en julio de 2008. La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del ejército, el 23 de febrero de 2002, día de su secuestro por las FARC en una carretera del sur de Colombia, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro.

Para el Ministerio de Defensa no existen elementos objetivos para conciliar con la política franco-colombiana, por los daños ocasionados durante su secuestro. “Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, estado de Caquetá, en el sur del país.” Asimismo, señaló Neira, los perjuicios son estimados por “los convocantes” en la suma global de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares). “No existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos”, puntualizó el mensaje del ministerio. El principal argumento del gobierno colombiano es que Betancourt, el día de su secuestro, desconoció y despreció las advertencias públicas y privadas que le hicieron las autoridades ante el inminente riesgo de seguridad que suponía su movilización por esa carretera del sur de Colombia.

Por su parte el ex comisionado de paz del gobierno en la época del secuestro, Camilo Gómez, recordó que el gobierno había rechazado un pedido de autorización de Betancourt para ir en esas fechas a San Vicente del Caguán, epicentro de las frustradas negociaciones de paz con las FARC entre 1999 y 2002. “Ingrid había solicitado autorización en dos o tres ocasiones para llegar hasta allí y el gobierno le había dicho tajantemente que no era posible que una persona hiciera esos movimientos porque las condiciones de la zona eran muy complicadas en ese momento y había combates”, dijo.

Gómez precisó cuándo y dónde Betancourt habría ignorado la advertencia del gobierno. “Llegó hasta el retén militar más avanzado y allí los militares le pidieron que no continuara y está firmado en la minuta, en el libro de la guardia de ese retén, que ella dice que continúa bajo su responsabilidad.”

Los procedimientos legales señalan que en caso de no existir una conciliación entre el Ministerio de Defensa y la familia Betancourt, tendrán que pasar a una demanda ante un juez. La ex candidata presidencial fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, junto a su entonces compañera de fórmula, Clara Rojas. Las candidatas por el Partido Verde tenían preparado un mitin en San Vicente del Caguán, uno de los bastiones electorales de Betancourt, pero fueron secuestradas mientras se dirigían hasta esa zona.

Betancourt fue rescatada, junto a otros 14 rehenes, por el ejército el 2 de julio de 2008, tras una fuerte campaña internacional en la que tuvo un fuerte protagonismo el presidente francés Nicolas Sarkozy y en la que intervinieron el Departamento de Estado estadounidense y varios mandatarios latinoamericanos. El operativo militar sucedió a un intento frustrado de negociación con la guerrilla, que incluyó el traslado a la selva colombiana de una delegación internacional encabezada por el ex presidente argentino Néstor Kirchner. Horas después de ser liberada Betancourt se deshizo en elogios hacia el ejército colombiano y el presidente Uribe en una conferencia de prensa que ofreció junto al primer mandatario y el jefe del ejército. Después emprendió una gira internacional para agradecer a los mandatarios que habían presionado para obtener su liberación y luego se instaló en París.

Rojas, que tuvo un hijo en cautiverio con un guerrillero de las FARC, había sido puesta en libertad por las FARC el 10 de enero del 2008, tras una mediación del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba. La relación entre Betancourt y su candidata a vicepresidenta se había quebrado durante sus años en la selva y tras la liberación ambas se intercambiaron fuertes críticas.

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Betancourt abraza a Uribe en tiempos mejores, antes de presentar la demanda judicial.
 
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