EL MUNDO › SEGúN UNA CORTE ESPAñOLA, ES INCONSTITUCIONAL

Golpe judicial al Estatuto catalán

El Tribunal Constitucional español les asestó ayer un fuerte revés a los catalanes al considerar inconstitucional el Estatuto catalán. “La Constitución no conoce otra que la nación española”, sentenció el tribunal. La resolución es extremadamente larga –881 páginas–, pero contundente en el tema más controvertido: la definición de Cataluña como nación. “La ciudadanía catalana no es sino una especie del género ciudadanía española”, explicaron los jueces constitucionales, respondiendo a un recurso presentado por el opositor Partido Popular (PP). Con la autodefinición de Nación, el Parlamento y el Ejecutivo de la región de Cataluña buscaban evitar la interferencia del gobierno nacional español y, en consecuencia, ampliar su autonomía.

Intentando evitar un reavivamiento del debate entre los catalanes y el poder político en Madrid, la corte sólo rechazó el uso del concepto de nación en lo referido al ordenamiento legal. “Sin perjuicio de que en cualquier contexto que no sea el jurídico constitucional la autorrepresentación de una colectividad nacional en un sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima”, explicó en su sentencia.

De una forma similar zanjaron el debate sobre la lengua oficial. “Los catalanes tienen el deber constitucional de conocer el castellano”, sostuvo el tribunal. Pero acto seguido reconoció la difusión y cotidianidad de la lengua autóctona de esa región. “El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición”, agregó en la sentencia.

Página tras página, el tribunal detalló la jerarquía de las instituciones y los organismos nacionales por sobre sus contrapartes en Cataluña. Por eso el presidente de la Generalitat (gobierno) de la región, José Montilla, convocó una marcha en Barcelona para mañana, bajo el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”. Desde el gobierno nacional respetaron el derecho a marchar, pero lamentaron el creciente clima de confrontación política.

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