El atentado que el miércoles costó la vida a dos guardias civiles y a un intérprete en Afganistán ha reabierto en España el debate sobre la presencia de sus tropas en el país asiático. Son ya 94 los militares españoles muertos desde el inicio del despliegue en suelo afgano, en 2002. Y las voces que piden el replanteamiento de la misión o la retirada son cada vez más.

A ellas se ha sumado Convergencia i Unió (CiU), el tercer partido por representación en el Congreso de los Diputados. Aunque con alguna crítica, los nacionalistas catalanes habían defendido hasta ahora el despliegue en Afganistán y habían apoyado la estrategia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero allá.

Pero tras el atentado del miércoles, su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, cuestionó la presencia española en suelo afgano y pidió abrir un debate, “de una vez por todas”, sobre “una guerra que muy probablemente la comunidad internacional tenga perdida”.

De Afganistán se ha retirado ya Holanda, y Canadá –con tres mil efectivos– lo hará el año que viene. Es lo que partidos como Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quieren que haga España. “Retirada inmediata”, urgió el coordinador general de IU, Cayo Lara, tras el atentado contra los agentes de la Guardia Civil.

La de Afganistán es la misión más importante que las tropas españolas realizan actualmente en el exterior. En el país asiático hay un millar de efectivos españoles desplegados en el marco de la ISAF, que comanda la OTAN, y que cumplen la que el gobierno de Zapatero considera la misión “más peligrosa” de todas en las que ha participado el país.

Situada entre los diez primeros contribuyentes en tropas a la ISAF, España se comprometió hace casi un año a sumar 220 efectivos de los 780 que se encontraban entonces de forma permanente en las provincias de Herat y Badghis. Fue tras la petición que al respecto hizo a su aliado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un momento precario: en lo que va de 2010, la alianza ha sufrido ya más de 400 bajas mortales.

Según la ONU, el número de civiles muertos aumentó un 20 por ciento en el primer semestre de este año, hasta 1271. La situación no mejora. Lo deja claro el atentado del miércoles en la antigua base española de Qala-e-Now y los disturbios posteriores, cuando centenares de afganos trataron de irrumpir en el lugar, situado en una zona en la que la población había acogido bien hasta el momento a las tropas españolas.

De un tiempo hasta ahora, la tropa española ha sido testigo de una proliferación de enfrentamientos que ha hecho aumentar las operaciones de autodefensa. El año pasado llegó a verse envuelta en un combate de más de cinco horas, que terminó con un saldo de 13 insurgentes muertos en el paso de Sabzak, en Qala-e-Naw, uno de los ataques más graves sufridos por el contingente español en los ocho años de misión en Afganistán.

Es un escenario que el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que apoya el despliegue, califica de “situación de guerra”. Y lleva tiempo pidiendo al gobierno de Zapatero que así lo reconozca. Lo ha vuelto a hacer después de las últimas muertes de españoles en el país asiático. El Ejecutivo, sin embargo, califica el despliegue en suelo afgano de “misión de paz” y “humanitaria” y hasta ahora se ha negado a entrar en lo que califica de “debates terminológicos”.

El gobierno aborda la situación en Afganistán “como si el ejército hiciera de ONG e ignorando la existencia de una guerra”, dijo al respecto Duran i Lleida. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se unió ayer a las críticas y expresó su preocupación por “la precipitación del gobierno a la hora de enviar y mantener a guardias civiles en escenarios bélicos”