EL MUNDO › EL PRESIDENTE COLOMBIANO PRESENTó UN MARCO JURíDICO ESPECIAL

Protección para militares

El documento firmado incluye el reconocimiento por parte del gobierno y de los colombianos del “sacrificio y entrega” hechos por las FF.AA. y la policía. También reconoce que en el desarrollo del conflicto se violaron los DD.HH.

El gobierno colombiano definió ayer el marco de justicia que se aplicará en el posconflicto a militares y policías que hayan incurrido en violaciones a la ley. Consistirá en la creación de un régimen especial, diferenciado, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario.

Ese marco de principios, plasmado en el “Compromiso del gobierno nacional en el marco del fin del conflicto armado, para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado”, fue sellado por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, tras un acto castrense. Poco después, frente a centenares de militares, incluyendo sus comandantes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, brindó un discurso en el que exaltó su papel y subrayó que parte de la premisa de que los miembros de la fuerza pública actuaron con legitimidad porque “tienen a su favor la Constitución y las leyes”.

El documento firmado ayer incluye igualmente dos puntos trascendentales, uno es el reconocimiento por parte del gobierno y de los colombianos del “sacrificio y entrega” hecho por las Fuerzas Armadas y la Policía. “Durante décadas, los agentes del Estado se comprometieron en la búsqueda permanente para garantizar la protección de todos los colombianos.”

El otro supone un reconocimiento de que en el desarrollo del conflicto de más de medio siglo se cometieron violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ese documento define el ciclo de justicia que se aplicará en el posconflicto junto con el acuerdo alcanzado por el gobierno y el grupo guerrillero FARC en materia de víctimas que fue anunciado la semana pasada.

Como parte de ese acuerdo se creará un mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.

El sistema integral de justicia estará integrado por cinco herramientas, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.

En su discurso de ayer, Santos explicó que en el tribunal especial que se creará en ese marco, los magistrados no serán escogidos por las FARC y criticó a quienes expandieron esa idea. “Serán magistrados escogidos con toda la objetividad por instancias con toda la legitimidad, no serán escogidos por las FARC”, destacó. Sin embargo, por el momento no se ha detallado cómo se escogerá a los miembros de ese tribunal.

El mandatario también explicó que el documento se compromete a mantener un trato “simétrico en algunos aspectos y diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo” con respecto al que reciban los integrantes de las FARC. “Eso quiere decir que no van a estar nunca en inferioridad de condiciones”, explicó.

Otro de los elementos más destacados del compromiso es que prevé que no se culpe a los superiores de los militares o policías que hayan incurrido en violaciones de la ley “simplemente porque un superior estaba encargado de esa unidad y esa unidad cometió un delito”.

Ese fue uno de los puntos más espinosos y que más inquietud levantó entre la fuerza pública, pero Santos subrayó que solo serán acusados y juzgados quienes sean encontrados como directamente responsables.

Asimismo, quiso destacar que el compromiso también incluye el hecho de que los uniformados que hoy permanecen presos por delitos cometidos en el marco del conflicto podrán acudir al Tribunal Especial de Paz para una revisión de su caso.

De este modo, los agentes del Estado condenados en muchos casos automáticamente saldrán libres por cumplimiento de pena, ya que la revisión reducirá el número de años de encarcelamiento.

De este modo se cierra uno de los puntos más complicados del proceso de paz, que tiene que ver con la aplicación de la justicia a militares y policías, si bien aún quedan dudas abiertas sobre temas fundamentales como la elección de los miembros del tribunal que acaparará buena parte de las miradas durante el posconflicto.

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Santos (centro) presenta el marco jurídico especial en un acto castrense en Bogotá.
Imagen: EFE
 
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