EL MUNDO

En Oaxaca, el gobierno mexicano busca dividir para salir del caos

El gobierno trabaja contrarreloj para solucionar la crisis social, que lleva más de cuatro meses, antes de la asunción del nuevo presidente. Se habla de prebendas, también de represión.

 Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D.F.

Entre discursos que llaman a privilegiar el diálogo político y mantener abiertos los canales de negociación en Oaxaca, tras bambalinas se prepara un operativo policíaco-militar para recuperar el orden en la capital del estado, en caos desde hace poco más de cuatro meses. Mientras tanto, el presidente Vicente Fox insiste en que el conflicto será resuelto antes del 30 de noviembre, cuando termina su gobierno. Sin embargo, el presidente entrante, Felipe Calderón, no parece tan confiado e insiste en que el gobierno federal no debe dejar “expedientes abiertos” que le compliquen el inicio de su gestión de seis años.

Fox se reunió el lunes con once gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, incluido el oaxaqueño Ulises Ruiz. Ya por la noche, acordaron destinar recursos fiscales para satisfacer las demandas laborales del magisterio de ese estado, así como resolver conflictos específicos que abanderan algunos grupos que militan en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), así como una serie de reformas, como por ejemplo la ciuadadanización de los órganos electorales, de transparencia local y los relacionados con temas de derechos humanos. Además, la Secretaría de Gobernación intensificaría las negociaciones con los actores del conflicto. Sobre la renuncia del gobernador Ruiz, ni una palabra. Por el contrario, dejaron abierta la puerta a una intervención de la fuerza pública federal, como última opción.

Y es que el gobierno del estado de Oaxaca pretende desarticular la crisis política que mantiene en la ingobernabilidad a este estado desde hace 128 días mediante la división de los grupos integrantes de la movilización que exige la destitución del gobernador priísta Ulises Ruiz. Si logran desmovilizar tanto a los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como a varias organizaciones civiles integradas en la (APPO), la intervención de la fuerza pública federal se concentraría en los grupos más radicales. Por lo menos, este es el escenario que Ulises Ruiz habría planteado y al que apuesta su propia permanencia en el poder.

“El Estado (mexicano) hará lo que tenga que hacer”, dijo el secretario de Gobernación Carlos Abascal, luego de negar que el gobierno de Oaxaca le solicitara el envío de policías federales para restablecer el orden. El gobernador hizo “un comentario incidental” al respecto, pero no una solicitud “formal y por escrito”, según Abascal, para quien el uso de la fuerza pública “no está ni contemplando ni descartando”.

Por lo pronto, el gobierno oaxaqueño intervino el Instituto Estatal de Educación del estado y, con el apoyo de agentes del Ministerio Público, separó de sus cargos a cinco profesores de la sección 22 del SNTE que ocupaban cargos administrativos para evitar que desde ahí se boicoteen sus intentos por cooptar al resto del magisterio, en su afán por reabrir 14 mil escuelas que se mantienen en paro. El lunes, sólo un millar de planteles habrían reanudado clases.

Esto tampoco abona el terreno de la negociación. De hecho, los enfrentamientos recrudecieron desde el pasado fin de semana, cuando militantes de la APPO asaltaron un céntrico hotel en busca del gobernador Ulises Ruiz, quien supuestamente se encontraba en una de las habitaciones, pero en su lugar había diputados locales. La policía local fue enviada a rescatarlos y se desató una balacera, en la que resultó herida una persona. Al mismo tiempo, se siguen reportando movilizaciones de elementos del ejército y de la policía federal en los alrededores de la capital oaxaqueña.

El gobernador Ruiz, por su parte, se siente fortalecido y presume que tiene el apoyo de gobernadores y legisladores de su partido y hasta del presidente Fox, por lo que el tema de su renuncia “no está sujeto a discusión ni a especulación”. En entrevista a un noticiero de televisión, aseguró que negocia con maestros y organizaciones de la APPO “que se están deslindando de los grupos vandálicos”. Los más radicales, aseguró, “se están aislando” y advirtió que sobre ellos sí caerá el peso de la ley.

Ante el escenario de posible represión, la APPO reforzó ayer sus campamentos y hace acopio de piedras y palos en sus barricadas, considerando que un buen número de sus militantes abandonaron la ciudad y marchan desde el jueves pasado hacia la capital del país.

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Maestros y asambleístas montaban guardia ayer; el gobierno había amenazado con desalojarlos.
 
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