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Festeja la derecha cien días de García en Perú

El balance de los primeros cien días del retorno de Alan García a la presidencia del Perú fue muy positivo para el establishment y las fuerzas de derecha, pero desastroso para los movimientos sociales, los grupos ambientalistas y los defensores de los derechos humanos.

 Por Carlos Noriega
Desde Lima

Alzando la voz con vehemencia ante un grupo de pobladores de uno de los barrios más pobres de la periferia de Lima, y con ese gesto de soberbia que siempre lo ha acompañado, pero que desde que ganó por segunda vez la presidencia se ha vuelto prácticamente incontrolable, el presidente Alan García la emprendió contra los críticos a su gestión calificándolos de “fracasados” y “derrotados”. De esta manera, García respondió al balance que en estos días se hace de su gestión presidencial al cumplirse esta semana los cien primeros días de su gobierno. Un balance que desde la derecha y los grupos de poder económico es más bien generoso, pero que desde las organizaciones populares, los sindicatos y los intelectuales progresistas es muy crítico. Quien fuera su rival por la presidencia, el ex comandante nacionalista Ollanta Humala, le respondió calificando como “pésimos” los primeros cien días del gobierno de García, porque, aseguró, “no ha habido ningún cambio”. “Lo invito (a García) a que retome sus banderas de candidato. Si no cambia y si no mejora su gestión, es probable que no logre terminar su gobierno de cinco años”, advirtió Humala ante un grupo de sus seguidores durante un acto partidario.

Si algo ha marcado estos primeros cien días del gobierno de García es el alejamiento de sus ofertas electorales –que, entre otras cosas, hablaban de cambiar el modelo neoliberal, poner límites a las ganancias de las transnacionales, restablecer derechos laborales y rebajar las tarifas de los servicios públicos, nada de lo cual se ha hecho ni, al parecer, se piensa hacer– y su acercamiento a la derecha, incluyendo al partido del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Han sido cien días en los cuales se ha visto a un García haciendo todos los esfuerzos posibles por ganarse la confianza de los empresarios y del sistema financiero internacional y convencerlos de que ya no es el García que gobernó entre 1985 y 1990, y que, entre otras cosas, propuso el no pago de la deuda externa y la nacionalización de la banca. El García de hoy se ha convertido en un gobernante de derecha, en un ortodoxo neoliberal. No es casual que sea desde los sectores más conservadores y desde el establishment económico de donde hayan partido los mayores elogios a sus cien primeros días del gobierno de García.

“Si García continúa con su alianza con la derecha y el fujimorismo, dejando de lado las promesas que le hizo a los sectores populares, tendrá tantos problemas como los tuvo en su primer gobierno, pero esta vez será por la presión de los movimientos populares”, señala el historiador y analista político Nelson Manrique, catedrático de la Universidad Católica de Lima. Por ahora, García cuenta con el apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación y con su capacidad para sacar de la manga anuncios efectistas que acaparan titulares, como su propuesta de reimplantar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores. También cuenta con la debilidad de la oposición. Pero en dos semanas, García debe enfrentarse a las elecciones regionales y municipales, y una derrota en las urnas sería un duro golpe a su gobierno y podría ser el inicio de tiempos menos tranquilos para su gobierno.

Uno de los aspectos más controversiales de lo que va de la gestión de García es su acercamiento al fujimorismo. Ese pacto implícito se expresa en el nulo interés que el gobierno de García le está poniendo al proceso para extraditar a Fujimori, actualmente en Chile, y en la incorporación al gobierno de connotados miembros del régimen fujimorista. La última expresión de esta alianza entre el oficialismo y el fujimorismo, a la que se suma la derechista Unidad Nacional (UN), ha sido la promulgación en el Congreso de una ley, propuesta por el abogado de Fujimori, que abre las puertas para que el Estado prohíba operar en el país a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que resulten incómodas a sus intereses. Esta categoría incluye a los organismos de derechos humanos –a los cuales el vicepresidente Luis Giampietri les ha declarado la guerra– y las organizaciones ambientalistas que cuestionan las operaciones de las empresas mineras y petroleras.

En el plano internacional, García apuesta a un acercamiento con Washington y se ofrece ante el gobierno norteamericano como una alternativa para minar la influencia de Hugo Chávez. Otras prioridades son el acercamiento a Brasil –por razones fundamentalmente económicas– y, en segundo lugar, a Chile. Fuera del terreno político, García, casado desde hace treinta años, debió enfrentar la revelación de que tiene un hijo de menos de dos años de edad producto de una relación extramarital. Pero lo que era un potencial escándalo se desinfló rápidamente, en parte por la rápida reacción de García de admitir esta situación cuando los rumores recién comenzaban y en parte por la renuncia de la prensa a tratar el tema.

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García se alejó de sus promesas electorales para revertir su imagen ante el poder financiero.
 
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