La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de Estado en Honduras es una reedición del que se perpetrara en abril de 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que consciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, no bien encarcelaron a Hugo Chávez, los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero”. Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró ayer como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.

Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular –apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos– sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del Estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del presidente, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya “es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro”. La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos”.

La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.

No está demás recordar que las Fuerzas Armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “reeducadas” durante los años ’80, cuando el embajador de EE.UU. en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del superorganismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras, mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento, el senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry.

La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

* Politólogo.