En medio de las presiones de Estados Unidos, la OEA, la ONU y sus vecinos latinoamericanos, la dictadura hondureña volvió a desafiar a la comunidad internacional. Ayer presentó una denuncia contra el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ante la Corte Internacional de La Haya por supuesta injerencia política. Según el comunicado que leyó ante las cámaras el canciller Carlos López, el gobierno de Lula “alteró el orden público interno en Honduras” al recibir al presidente Manuel Zelaya en su embajada en Tegucigalpa hace más de un mes. Pero a Brasilia la acusación no le quita el sueño. “Esa acción ni siquiera puede ser aceptada por la Corte Internacional, pues se trata de un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas que, así como el gobierno de Brasil, no reconoce al gobierno de facto”, advirtió un vocero de Itamaraty.