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La Corte avaló la justicia transicional

La Corte Suprema de Justicia avaló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acordada entre el gobierno colombiano y las FARC, y le pidió al presidente Juan Manuel Santos que sean jueces del país los que integren ese tribunal y que la justicia transicional, que se aplicará una vez que termine el conflicto, dure un máximo de diez años. Así se lo expresaron al jefe de Estado a través de una carta en la que señalan que solo los anima “el propósito de contribuir a la superación de las diferencias que tienen polarizado el país y en riesgo el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) con las FARC”, ya que los promotores del No al acuerdo de paz, encabezados por el ex presidente Alvaro Uribe, objetaron que se establezcan esos tribunales especiales.

La misiva de la Corte Suprema señala que respalda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero precisa que los magistrados que la conformen “deberán ser colombianos de nacimiento como lo impone la Constitución política y quedar sometidos al control disciplinario, fiscal y penal previsto para los funcionarios de la Jurisdicción Ordinaria”. El gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron un acuerdo de paz el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias, pero no fue refrendo en el plebiscito del pasado 2 de octubre en el que se impuso por ajustado margen el No. Los equipos negociadores del gobierno de Colombia y las FARC acumulan ya tres días de reuniones en La Habana para lograr un nuevo acuerdo de paz que recoja las propuestas de los sectores que defendieron el No y de otros sectores que presentaron correcciones. Igualmente la Corte Suprema le sugirió al presidente Santos establecer en cinco años la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que pueden ser prorrogables por un período igual. Asimismo propusieron que la JEP no podría revisar casos juzgados, ni resolver conflictos de competencia, ni tutelas ni extradiciones anteriores a su creación. También señalaron que la JEP debe aplicar “el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacionales”.

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