EL PAíS › PANORAMA POLíTICO

Alegatos

 Por J. M. Pasquini Durán

En el día de San Cayetano, jueves 7, el cardenal Bergoglio rezó “por una patria para todos”. La misma frase presidía la procesión de esa jornada en la que miles de creyentes acudieron ante la imagen de su veneración para implorar o para agradecer. A diferencia de otras épocas, dicen las crónicas y los testimonios, este año un porcentaje de los asistentes acudió a comunicarle al santo que había conseguido trabajo. Al día siguiente (ayer), ante el tribunal tucumano que lo juzga, el terrorista militar Antonio Bussi (a) “El Negro” volvió a hablar de la patria mientras invocaba en su defensa que los delitos que se le imputan fueron cometidos como actos de guerra para impedir que esa patria que él reivindica fuera conquistada por ciudadanos que habían sido capturados por “el mal”, el marxismo-leninismo guerrillero. Fijó una fecha para el inicio de las operaciones de contrainsurgencia, el 9 de febrero de 1975, un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la patria todavía era para casi todos, y aseguró que en su área terminaron en el año 1979.

El resto de sus justificaciones, como las de Menéndez, han sido repetidas por todos los defensores de la dictadura, hasta con las debidas cuotas de hipocresía y cinismo: Bussi demandó para sí mismo la aplicación de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra, pero no explicó las razones que invalidaron esas normas para los detenidos por sus comandos ya que, según él, todos eran bandos beligerantes en aquella guerra. Bussi utiliza el gambito Pinochet, que consiste en exagerar sus enfermedades para evitar que llegue el día de la condena. Quiere, como el dictador chileno, morir en su cama sin ninguna sentencia firme. Durante su mensaje se quebró en sollozos con alguna intermitencia, pero ya se sabe que el antiguo comandante tiene la lágrima fácil cuando se trata de sí mismo. Todavía se recuerdan sus gimoteos cuando tuvo que explicar los fondos depositados a su nombre en bancos del exterior.

“Obviamente que hubo muchos errores, fue una guerra”, había dicho el miércoles Cecilia Pando, la amiga de los terroristas de Estado, a los que llama “presos políticos”, quien se desaforó ese día en el Tribunal Oral Federal correntino, que dictó sentencia a cinco militares acusados de diversos crímenes. Con gritos y ademanes, Pando amenazó de muerte a Eduardo Luis Duhalde, secretario de Estado de Derechos Humanos, y calificó de “cobardes maricones” a los jueces y fiscales. Tiene derecho, por supuesto, a defender a quien quiera en esta “patria para todos”, pero ni ella ni nadie puede reivindicar la justicia por mano propia, sin cometer por lo menos un delito de acción pública. No alcanza hasta ese límite la libertad de expresión ni tampoco se puede hacer oídos sordos a las amenazas, sobre todo con el recuerdo vivo de J.J. López, testigo de la acusación contra Etchecolatz, desaparecido hace más de un año a manos de anónimos impunes. De todos modos, los intentos de los terroristas militares de justificar sus miserables conductas, así como la desesperación correntina de Pando, y la condena a perpetua que deberá cumplir en celda común el jefe de Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, coacusado también en Tucumán, además de otros casos, indican que por fin el trámite judicial en defensa de los derechos humanos está marchando, lentísimo pero inexorable. Si los círculos civiles y militares que quieren el olvido a cualquier precio llegan a la misma conclusión, habrá que estar preparado para cualquier operativo mafioso.

La derecha violenta está atacada en todos los tiempos del verbo. Si el pasado la condena, el presente la cuestiona y el futuro parece huir de sus manos. A pocas horas del pronunciamiento popular sobre la legitimidad del gobierno, Bolivia es un espejo de ese drama político. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, pidió en público que las fuerzas armadas “tumben al presidente de la República”, y en un mitin reivindicó a “la mesa de enlace” agropecuaria de Argentina y a los estudiantes de Venezuela, como parte del eje que lucha por desalojar a los aliados de Evo Morales, electo por el voto popular y, según las encuestas, con una cómoda mayoría en la consulta. También hay Fernández en la maldad. La situación en Bolivia es demasiado compleja para traspolar sus parámetros a cualquier otro país sudamericano, porque ninguno tiene 36 etnias aborígenes ni menos aún la historia vivida por los bolivianos, una suerte de laboratorio donde se han agotado muchas de las fórmulas políticas que todavía tienen vigencia en otras naciones. En la memoria relampaguean las imágenes de la revolución nacionalista a mediados del siglo XX o la operística muerte del Che Guevara, asesinado en un rincón de esa geografía que guarda incontables riquezas debajo de los pies de pobres de toda pobreza. ¿Será posible que la retórica de derecha cautive a franjas populares? Sin ir más lejos, el propio Bussi recordó ayer en su alegato que el pueblo tucumano le otorgó su preferencia en las urnas hasta convertirlo en gobernador y en congresista nacional, aparte de mantener por años el liderazgo de Fuerza Republicana, un partido de su creación.

Con semejantes antecedentes, ¿por qué no puede ilusionarse Julio Cobos con ser la esperanza blanca del centroderecha nacional, con base rural auspiciada por la “mesa de enlace” y los escombros radicales a sus pies? Algunos piensan que es un delirio pasajero, pues recuerdan que en las últimas elecciones (octubre/2007), él acompañó a la presidenta Cristina que obtuvo el 46 por ciento de los votos válidos, pero el mendocino perdió en la provincia que había gobernado hasta ese momento. Es tan limitada su influencia que la Presidenta pudo ir en las últimas 48 horas a Mendoza y San Juan a inaugurar obras y a ser agasajada por las autoridades locales, sin que nadie le reproche que no viaje en la delegación su compañero de fórmula, dedicado por esas horas a disfrutar del espectáculo de Midachi en Buenos Aires y a su módica notoriedad. La semana anterior le falló una ilusión más modesta, pero coherente con su voto en el Senado contra un proyecto del Gobierno que lo tiene de vicepresidente.

Dado que Cristina pensaba viajar a Tarija, junto con su colega Hugo Chávez, para firmar un acuerdo con Morales, en realidad una oportunidad para enfatizar las buenas relaciones, Cobos programó una visita a la feria rural en Palermo investido de presidente de la Nación por algunas horas, para confundirse en un abrazo con Luciano Miguens y sus aliados. Por razones de seguridad, el viaje quedó suspendido, aunque todo el resto de la ceremonia campera igual se cumplió. Es curioso que un político formado en las ideas republicanas del radicalismo y en la creencia católica, en el momento de elegir su futuro se desplace hacia una derecha cuyas convicciones empalman con el espíritu secesionista de los santacruceños bolivianos, una patria para pocos en lugar de “para todos”, desde el momento que la “mesa de enlace” sostiene cada vez que puede que “la patria es el campo” y el resto, la mayoría de la población, ¿qué es, acaso la antipatria? No está claro puesto que Bussi afirma, lo mismo que Menéndez y otros terroristas de Estado, que la antipatria fue vencida por el Proceso que excita a Pando. A lo mejor lo que quiere decir es que la nación debería subordinarse a los intereses agropecuarios y ése es el mensaje que aceptó el vicepresidente Cobos, justo cuando la Presidenta se hace eco en sus discursos de la consigna de San Cayetano. Ni siquiera el elemental alegato de Alfredo De Angeli encuentra una cornisa para deslizarse porque el Gobierno, de a poco, va trazando las vías de diálogo para encauzar las demandas legítimas “del campo”. En San Juan, ayer, la presidenta Cristina reiteró el compromiso de su gobierno de elaborar y sancionar una política agropecuaria de alcance nacional y largo plazo.

Nadie tiene obligación de confiar en las promesas de políticos y gobernantes, pero las normas de la república democrática dictaminan que los pocos deben respetar la decisión de los muchos cuando ocurre en las urnas, con libertad y sin proscripciones. Para eso los mandatos tienen fecha de vencimiento de manera que los ciudadanos puedan ratificar o corregir sus decisiones, de acuerdo al balance que cada uno haga de la gestión cumplida. Falta poco más de un año para la próxima oportunidad de elegir congresistas y poco más de tres años para renovar la presidencia nacional. Para algunos puede ser una eternidad y para otros un suspiro, pero para todos existe la expectativa que sólo incomoda a muy pocos: la democracia cumplirá 25 años en diciembre próximo, apenas un cuarto de los cien años que la sociedad se prometió a sí misma cuando la dictadura de los Bussi, Menéndez y unos cuantos más tuvieron que abandonar el poder de vida y muerte que ninguna urna les había otorgado. Hay más de una generación que desde la cuna conoció el régimen democrático, con sus luces y sombras, como el único de su existencia, no sólo aquí sino en toda Sudamérica. Es el mejor alegato de la historia y un legado invalorable, suficientes mandatos para depositar esperanzas en el futuro.

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