EL PAIS › DANIELA BRUNA UGOLINI RENUNCIO A SU POSTULACION PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEñO

Una candidata de Macri fuera de carrera

Su candidatura era resistida por varios sectores y desató un conflicto que amenaza llegar a la CIDH. Para reemplazarla se menciona a Manuel Garrido, Alejandro Garay y Carlos Mahíques.

 Por Werner Pertot

Daniela Bruna Ugolini presentó su renuncia como candidata al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), adonde la había propuesto Mauricio Macri. El jefe de Gobierno mantuvo su candidatura durante un año, pese a que no contaba con los votos suficientes en la Legislatura, lo que generó resistencia en diversos sectores sociales y su caso provocó un conflicto en la Justicia porteña que amenaza con llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre los nuevos candidatos al TSJ que evalúan en la gestión PRO están el ex fiscal Manuel Garrido; el secretario de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Alejandro Garay, y el titular de la Cámara de Casación bonaerense, Carlos Mahíques. También tentaron al abogado de Clarín Alejandro Carrió, que no aceptó.

La fiscal que no llegó a jueza del TSJ se caracteriza por fallar siempre a favor del Ejecutivo. Las organizaciones civiles y de derechos humanos la impugnaron por sus dictámenes como fiscal de Cámara contra los derechos a la educación, la vivienda o la salud. Entre otros, cuestionaron sus pronunciamientos en contra de que una mujer se ligara las trompas si no pedía antes autorización al marido, contra la provisión de agua a la Villa 31 bis y en contra de otorgarle un subsidio a una familia pobre por un hijo nuevo, porque “debería asumir la responsabilidad en la paternidad”. También convalidó los dos mil despidos de Macri en 2008, además del descuento a los docentes por días de huelga. Ese último dictamen es coherente con su historia: cuando era procuradora en la época de Enrique Olivera, Ugolini recomendó que sacaran con la policía a una estudiante de 17 años que formaba parte de una agrupación en el Mariano Acosta.

Más allá de las impugnaciones, el procedimiento de designación tuvo cinco fallos en contra, dado que Macri adelantó los tiempos, especulando con la composición de la Legislatura que terminaba en 2009. El TSJ intervino a pedido del jefe de Gobierno, secuestró todos los expedientes y levantó las medidas cautelares. Aun así, Ugolini no consiguió los 40 votos necesarios. El gobierno porteño mantuvo la candidatura, mientras continuaba abierto el “conflicto de poderes”. Una vez que el TSJ falló en favor del gobierno porteño, Ugolini pudo renunciar. Los jueces Roberto Andrés Gallardo y Elena Liberatori –que denunciaron el proceso como “un intento de disciplinar a la Justicia”– y el Consejo de la Magistratura porteño apelaron a la Corte Suprema. El Tribunal Superior debe decidir si admite el recurso. Si no, los magistrados llevarán el caso a la CIDH.

En su carta de renuncia, Ugolini festejó la decisión del TSJ a favor de Macri como “un triunfo de la Justicia en la Ciudad”. “Quiero destacar la importancia que ha tenido el fallo del TSJ, que puso en evidencia los intereses espurios de quienes, arrogándose indebidas facultades, actuaron en contra de la Constitución”, cargó Ugolini contra los jueces de primera instancia. La carta, dirigida al vicepresidente primero Oscar Moscariello, asegura que renuncia por “razones personales y familiares”.

Con la salida de Ugolini, en la gestión PRO retomaron la danza de nuevos candidatos. En la cúpula del macrismo prima la idea de que el candidato –el segundo que propondrá Macri– debería ofrecer un perfil inobjetable, para poder tener consenso de cuarenta legisladores (el PRO tiene 24 bancas). Entre los nombres que circulan, el larretismo propone a Carlos Mahíques, que preside del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y comenzó su carrera como penalista en 1974. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, impulsa al ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, que actualmente es director del Programa de Transparencia de Cippec.

Otro posible candidato es Alejandro Garay, constitucionalista y secretario de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). También pensaron en el presidente de ADC, Alejandro Carrió, pero su rol actual como abogado en la causa que investiga la adopción irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera hizo que ambas partes desistieran de su postulación. En el gobierno porteño se reservan todavía algún tapado para ocupar el cargo.

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Ugolini atribuyó su renuncia a “razones personales y familiares”.
Imagen: Martín Acosta
 
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