EL PAIS › LA DEFENSORIA GENERAL DE LA CIUDAD MUESTRA COMO FUNCIONA LA JUSTICIA ANTE SOSPECHAS DE OCUPACIONES

Cuando el desalojo porteño es express

La Defensoría sostiene que la persecución es la única respuesta a los problemas de vivienda. En el 78 por ciento de los casos estudiados los expulsados no pudieron tener “una defensa material”.

 Por Irina Hauser y Werner Pertot

La gestión PRO, a través del fiscal general Germán Garavano, desarrolló un sistema de desalojos, bajo la consigna de Horacio Rodríguez Larreta de que debían hacerse “despacito y en silencio”. Un informe de la Defesoría General porteña –al que accedió Página/12– revela las consecuencias de esa práctica. Según explica el documento, rige un protocolo que permite desalojar para restituir el predio o inmueble a quien lo reclama sin importar si se probó un delito. Se saca a los ocupantes sospechados de usurpación “sin escucharlos previamente”, a veces se los detiene, y al final del camino el 70 por ciento de las causas son archivadas. La estrategia del desalojo express –detalla el texto– derivó en que el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas se vieran impedidas de contar con “una defensa material”, o sea un abogado que los defienda.

El informe se armó sobre una muestra de 240 casos que fueron seleccionados en forma aleatoria de las 1169 causas por usurpación que se iniciaron desde 2009. Señalan que “en el 70 por ciento de los casos no participó un defensor o defensora de modo previo a la restitución del inmueble y que en el 78 por ciento no existió una defensa material”, dado que al imputado no le llegó una intimación previa al desalojo. La Defensoría Pública advierte que el protocolo que estableció Garavano para los desalojos “viola el derecho a defensa en juicio y el debido proceso legal de los ocupantes de los inmuebles denunciados”.

Además, de las causas iniciadas en 2009, el 71,2 por ciento terminan siendo archivadas: el 21 por ciento por falta de pruebas, el 32 por ciento por “no constituir delito” y en el 14 por ciento se accede a una instancia de mediación. También advirtieron que el 15 por ciento de los casos no planteaban, en principio, un caso de usurpación.

En los conflictos de vivienda en las villas, las causas van al archivo la mitad de las veces (52,4 por ciento), por lo que los autores del informe concluyen en que “queda claro que el sistema judicial no da respuesta cuando el delito es cometido en contra de personas vulnerables”.

También advierten que en el 88 por ciento de los casos no se intimó previamente a los presuntos ocupantes a restituir el inmueble antes de proceder al desalojo. “Al retroceso en políticas públicas de vivienda se suma la persecución del aparato represivo estatal como única respuesta ofrecida por el Estado, lo que agrega otro factor de vulnerabilidad social: la estigmatización como delincuentes”, sostiene Be-ttina Castorino, secretaria de Derechos Humanos de la Defensoría.

La fiscalía general porteña contraatacó con una resolución en la que instruyó a los fiscales a notificar a los ocupantes de sus derechos y de la garantía de defensa, en un reconocimiento implícito a lo señalado por la Defensoría General. “No se ha hecho saber ni se ha detectado caso alguno en el cual se haya vulnerado el derecho de defensa en juicio y de ningún modo puede deducirse de la aplicación del protocolo”, se defendió Garavano en ese texto. También presentó sus propios números que dan cuenta de “los satisfactorios resultados obtenidos” en materia de desalojos: sostuvo que en el 93 por ciento de los casos no hizo falta una orden judicial para conseguir la restitución del inmueble.

“Si lo nuestro fuera una persecución estigmatizante tendríamos que llevar a la gente a juicio, pero precisamente porque no queremos eso es que lo evitamos. No hay condenas porque las soluciones son amistosas”, aseguró el fiscal general adjunto porteño Luis Cevasco, que coordina expedientes sobre usurpaciones. “La mayoría de las causas van a mediación: se hace un relevamiento, se da intervención al BAP (Buenos Aires Presente, el programa del gobierno porteño para personas en situación de calle) y otros organismos para ofrecer soluciones. Lo del Indoamericano fue distinto por lo masivo”, afirmó. “Tampoco queremos analizar todos los casos del mismo modo, porque acá hay familias necesitadas pero también están los que usurpan para conseguir subsidios y otros grupos que organizan las tomas para hacer negocios inmobiliarios”, sostuvo Cevasco.

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La práctica es desalojar sin que importe si se probó un delito.
Imagen: Ana D’Angelo
 
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