EL PAIS › LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE DIPUTADOS SE CONSTITUYO EN TUCUMAN

“Una estrategia contra la impunidad”

Sobrevivientes de la dictadura, familiares y abogados de las querellas de los juicios que se desarrollan en el noroeste del país analizaron, junto a los diputados, los avances y las dificultades que enfrentan las causas de lesa humanidad en esas provincias.

 Por Alejandra Dandan

Desde Tucumán

“Es trascendental lo que sucede en el día de hoy para nuestro trabajo”, dijo Remo Carlotto.

El hecho fue definido como “trascendental” desde el comienzo. En uno de los salones de audiencia de la Legislatura tucumana llenaron el espacio sobrevivientes de la dictadura, familiares y abogados de las querellas de las provincias del noroeste argentino. Llegaron para plantear avances en las causas de lesa humanidad, pero sobre todo dificultades por la escasez de jueces, las políticas de protección a los testigos o las detenciones domiciliarias de los represores. A la cabecera de la sala se sentaron el diputado Remo Carlo-tto y el pleno de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que por primera vez decidió constituirse fuera del Congreso. Por eso, Carlo-tto lo definió como “trascendental”. “Es trascendental lo que sucede en el día de hoy para nuestro trabajo de integrantes de la Cámara de Diputados –dijo–, tenemos que ser parte de un trabajo común, capaz de elaborar una estrategia conjunta contra la impunidad en un camino en el que hemos tenido logros, pero en el que aún hay que aunar esfuerzos.”

“Se sabe que Dios atiende en Buenos Aires”, comentó Renée “La Turca” Ahualli en la puerta de la Legislatura, antes de que se abriera este espacio de dos días de puesta en común, de relatos sobre los avances, pero sobre todo de las dificultades del NOA. “Cuando vienen de allá es cuando empiezan a moverse algunas cosas, aunque uno sepa que no debe ser así.” La Turca, que ya no tiene compañeros que puedan declarar en las causas, porque “están todos bajo tierra los de mi época”, se sumó enseguida a los que esperaban más adentro el inicio del encuentro.

En el tercer piso, la comisión de doce diputados nacionales, entre los que llegaron Horacio Pietragalla, Marcelo Santillán, Adela Segarra, también el radical Manuel Garrido, se constituyó en un acto al que se sumaron como gesto de compromiso los diputados que llegaron de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. También sumaron a Jorge Auat, Pablo Parentti y Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación Fiscal de las causas de lesa humanidad, y a Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura.

“El encuentro tiene dos objetivos”, explicó Carlotto en el arranque, ya con los organismos de derechos humanos en el frente. “Redoblar esfuerzos para acompañar a las querellas en el juicio y castigo, que es un mandato de la Presidenta para que en los próximos años logremos terminar con los juicios” por violaciones a los derechos humanos. El otro objetivo es entender una preocupación que enseguida empezó a escucharse en la sala: la necesidad de cárcel común y efectiva para los represores, acusados por víctimas que todavía no saben si están en condiciones de ser protegidas.

La situación

Durante tres horas se presentó el panorama de Catamarca, La Rioja y Tucumán. El caso más difícil lo dio Tucumán, con dos ejes: la escasez de jueces, que se convierten en itinerantes para lograr estar en varias provincias a la vez para distintas causas, en un escenario que les impide profundizar o acelerar las audiencias en cada lugar, y la protección de testigos. Catamarca y La Rioja dieron cuenta de los estados de las causas. Los representantes de Catamarca, en particular, se detuvieron en las condiciones de las cárceles y describieron situaciones de hacinamiento y torturas en el presente.

“Los recursos son escasos”, dijo Julia Vittar, abogada querellante de las causas de Tucumán, luego de fundar el pedido. En los próximos meses comienza en Tucumán una megacausa que reunió dos de los procesos más abultados e importantes de la provincia, dijo: Arsenales II y Jefatura de Policía. Varios miembros del tribunal a cargo de ese juicio están con juicios en simultáneo en Catamarca, Santiago del Estero y Salta. “Aprovecho que está acá el representante del Consejo de la Magistratura para decirle –dijo Vittar– que tienen que proveer al Poder Judicial federal de hombres para que respondan a todas las causas.”

En el otro eje, la seguridad, se sumaron una y otra vez varias voces. En el próximo juicio se investigarán los casos de centros clandestinos de Arsenales y Jefatura, pero también los conocidos como Motel y Reformatorio. Las personas que tienen que declarar, dijo Vi-ttar, deberán hacerlo ante muchos victimarios que están acusados, pero no se encuentran detenidos.

Poco después, la situación pareció aún peor. En un puente entre pasado y presente, alguien contó que el penal de Villa Urquiza no recibe a represores porque dicen que no tienen lugar para albergar a los procesados por delitos de lesa humanidad. Y relataron además que quien hasta hace dos semanas era el segundo de la estructura de seguridad de Tucumán está acusado en Salta en una causa de lesa humanidad. “Uno de los problemas de la política de protección a testigos –dijo en este caso Estela Assaf, de la APDH tucumana– es que no se llega a acuerdos porque no se acepta que la persona a cargo sea de la policía de la provincia o del Ministerio de Seguridad. Así que esto es un punto de inflexión para nosotros: muchos testigos víctimas tememos por la integridad física y psíquica.”

Desde Catamarca se evaluó la última sentencia. “No fue del todo de nuestro agrado”, dijo Mirta Clerici, de Familiares. Recordó que a los dos jefes máximos de la represión no se les quitó la detención domiciliaria tras la condena y criticó el poco monto de las penas. “Esta era otra provincia muy retrasada, le ganamos por poquito a Jujuy, le sacamos 15 días de diferencia”, bromeó. Los abogados Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo recordaron que el Tribunal hoy dará a conocer los fundamentos. “Esto demuestra sin embargo que se empieza a desandar el camino de la impunidad de los delitos”, dijo Lobos y recordó que “estamos a las puertas del segundo juicio”, porque acaba de elevarse otra causa emblemática: la masacre de Capilla del Rosario, de agosto de 1974, considerada de lesa humanidad con hechos previos a la dictadura. Una diputada provincial, Cecilia Porta, pidió la palabra, habló de la “sentencia amarga”, pero dijo que “nos permite que se empiece a hablar de estas cosas”. Agradeció a la comisión por lo que parece uno de los avances más importantes: “La federalización de la mirada, porque me quedé pensando en esa palabra ‘interior’, y acá necesitamos que nos ayuden con todo esto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en otro planeta. Después de la General Paz está todo por hacer”.

En La Rioja se habló del avance de dos causas, entre ellas la del obispo Enrique Angelelli. Las actividades siguieron con un encuentro con el Tribunal Oral Federal de Tucumán y esta mañana se hará con la Cámara de Apelaciones. Hoy continuarán los análisis de otras provincias y, luego, se evalúa elaborar un documento final. El ex juez español Baltasar Garzón será recibido hoy en ese mismo contexto.

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