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Argentina y Uruguay, mala hora para pelearse

 Por Martín Granovsky

La Argentina y Uruguay están en conflicto. No es la primera vez, teniendo en cuenta el efecto freezer de la disputa por las pasteras. Pero tres factores hacen que el conflicto actual sea más gratuito que el otro. Uno, que los protagonistas son solo los dos gobiernos, sin minorías ambientalistas o ex gobernadores con ganas de que todo reviente. Otro, que preside Uruguay Pepe Mujica, un político sensible para interpretar virtudes y defectos de la Argentina pero al mismo tiempo inteligente para poner la relación por encima de dimes y diretes. Y el tercero, que el conflicto se produce justo cuando la Argentina y Uruguay, junto con Brasil, consiguieron la incorporación plena de Venezuela al Mercosur y, por lo tanto, el nuevo mercado común nace con un ruido molesto.

Uruguay no es ninguna maravilla. Un país donde una dictadura mantuvo presos políticos durante 12 años, dos de esos años enterrados en un pozo, debe tener algún cable en corto.

Uruguay tiene algunas maravillas. Uno de esos presos del pozo es Mujica, presidente desde 2010, que jamás olvida pero, igual que tantos dirigentes lúcidos de la Argentina, no usa el sufrimiento propio y el de sus compañeros para autoglorificarse sino para reflexionar. En una entrevista con el periodista Lucho Soria, del semanario Brecha, reproducida en la web por el sitio argentino El historiador, Mujica dijo: “Puede sentirse como una monstruosidad, aparente, lo que voy a decirle... le doy gracias a la vida por lo que he vivido, porque si no hubiera pasado esos años, de aprender el oficio de galopar para adentro para no volverme loco de pensar, me hubiera perdido lo mejor de mí mismo. Me obligaron a remover mi suelo y por eso me hice mucho más socialista que antes”. Y agregó: “El hombre no es él, el hombre es hijo de las peripecias, de las adversidades. Algunos tuvimos la suerte de que la vida nos apretara, pero no nos fulminara. Nos diera licencia para seguir viviendo y en alguna medida recoger la miel que pudimos cosechar en el marco de las amarguras. Si no, nunca hubiéramos fabricado esa miel...”.

Con una población que el censo de 2011 estableció en 3.286.314 personas (51,99 por ciento mujeres y 48,01 por ciento hombres), Uruguay solo aumentó en 45.311 personas desde el censo de 2004. Según el Instituto Nacional de Estadísticas la población sigue envejeciendo y puede haberse atenuado la emigración. Si uno lee, por ejemplo, el diario La República de ayer, verá tendencias comunes a otros países, la Argentina incluida. Una noticia da cuenta de marchas en todo Uruguay contra la violencia doméstica, que este año cobró 19 muertos entre 12 mil víctimas, un 20 por ciento más que en el mismo período de 2011.

Es el mismo país cuyo presidente acaba de enviar al Parlamento un proyecto que regula y controla la producción y comercialización de la marihuana “a efectos de contribuir a reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales, los que, por tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven denigrados e involucrados en actividades delictivas y en prácticas con alto riesgo, exponiéndose así, además, a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológicamente más riesgosas, como es el caso de la pasta base de cocaína entre otras”.

Ese país de acá nomás suele ser endiosado porque, a diferencia de la antropofagia política argentina, sería el paraíso del consenso, la continuidad política y la homogeneidad entre el Frente Amplio, los colorados y los blancos. Más allá de que a menudo el consenso como fetiche disfraza espíritus conservadores, en el caso uruguayo se trata de puras tonterías sin datos. A Mujica la oposición lo ataca sin piedad como en cualquier país del mundo, a tal punto que la presidenta del Frente Amplio, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo que “todo lo que ocurre, la oposición lo analiza en términos de campaña electoral”. Xavier aclaró que desde el Frente “debemos decir rotundamente que no estamos en campaña electoral”.

El ruido dentro del ruido entre la Argentina y Uruguay se llama Riovía. Es una empresa de capitales holandeses que draga el canal Martín García en el Río de la Plata, vital para el puerto de Montevideo, y aspira a seguir haciéndolo en el futuro si gana la licitación recién convocada por una comisión binacional formada por los dos países.

Es sabido que, con un atraso de dos años y sin elementos, un ex embajador uruguayo en la Argentina, el diplomático de carrera Francisco Bustillo, denunció presuntos sobornos en torno de Riovía y el dragado. También saben los funcionarios de ambos países, según pudo establecerlo Página/12 de funcionarios que pidieron reserva de su nombre, que no solo a Cristina Fernández de Kirchner le cayó mal haberse enterado tarde de un dictamen del Tribunal de Cuentas de Uruguay según el que, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, se produjeron “situaciones que permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos”. También hubo dilación en la circulación interna del dictamen dentro del gobierno uruguayo.

La Argentina había invalidado la precalificación de Riovía y se había preguntado en un comunicado de la Cancillería, impensable sin la venia de la Casa Rosada, quién protege a la empresa. Hubo varios comunicados más alrededor del tema, muchos de ellos mientras arreciaban los datos sobre relaciones supuestas o reales entre el vicepresidente Amado Boudou y los dueños de la ex Ciccone, la imprenta predilecta del masserismo en 1978, que ahora está a punto de ser estatizada. ¿Habrá jugado en los comunicados un sentimiento de irritación por parte de la Presidencia ante un escándalo como el de Riovía, que podría carecer de una pata argentina? Es una especulación sin respuesta certera, aunque no convendría dejar de explorar la pregunta.

La última novedad pública en el conflicto es que el canciller uruguayo, Luis Almagro, se presentó ante la Justicia de su país para disipar toda sombra de duda. Una interpretación es que la presentación apunta a salvar la honra de Bustillo, el amante de la importación hacia la Argentina de autos deportivos flojos de papeles.

Hay otra lectura posible: que si la Justicia no encuentra nada concreto, Bustillo quede desacreditado y quizás Riovía, empresa con la que el diplomático trabó buena relación, termine perdiendo un amigo de peso.

Hasta que la Justicia se expida, la cuestión es el mientras tanto.

Chance número uno: Uruguay y la Argentina giran en falso y cada uno se dispara a sí mismo un tiro en el pie. Ese sería el sentido de instalar un roce fuerte y duradero de dos socios y vecinos en el preciso instante en que parece mejor, mucho mejor, invertir la energía en un Mercosur reseteado.

Chance número dos: Pepe y Cristina cierran este capítulo mientras allí los jueces investigan Riovía y aquí la Justicia pesquisa el trasfondo de la propiedad de la Compañía Sudamericana de Valores, el último nombre de fantasía de Ciccone. Al mismo tiempo, el Estado aprovecha la ocasión y manda a los libros de historia la política impuesta por Armando Gostanián según la cual la Casa de Moneda no tenía éxito en las licitaciones sobre billetes porque, simplemente, buscaba el fracaso. Justicia trabajando y reversión del modo de imprimir billetes serían (¿son?) una combinación sanadora que aplacaría los ánimos y los predispondría para cuestiones más agradables. ¿O no importa más una linda charla entre Cristina y Pepe que, pongamos, un diálogo entre Francisco Bustillo y Alejandro Vandenbroele?

Como diría el personaje de Les Luthiers: “¡Haya paz!”.

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Imagen: Télam
 
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