El proyecto de Presupuesto comienza su belicoso periplo en Diputados. La intención del oficialismo es que la Cámara lo apruebe antes de fin de mes y que el Senado lo haga ley en los primeros días de octubre, esto es, antes de las elecciones. No la tiene sencilla: deberá caminar y negociar los votos, recolectarlos de a uno. Es verosímil (nada es seguro en este planeta ni estas pampas) que lo consiga con mayorías ajustadas.

El presupuesto, como suele ocurrir con los que hace largo tiempo propone el kirchnerismo, es más una señal política que un preciso programa de gobierno y de asignación de recursos. Un mensaje a propios y extraños, una ratificación de identidad en la compleja coyuntura política. Las cifras que maneja el oficialismo son, todos lo saben o sabemos, muy tentativas. Es difícil creer en (e imposible asumir la certeza de) una pauta crecimiento superior al 6 por ciento cuando ni la situación mundial ni la economía brasileña registran signos de recuperación compatibles con esa cifra voluntarista. Pero el Frente para la Victoria (FpV) no profetiza sobre un futuro siempre indeterminado, sí ilumina el modo en que piensa gobernar en 2014. O por decirlo con palabras más afines al debate de estos días, transmite en negro sobre blanco que no acepta dócilmente la tesis del “fin de ciclo”. No está dispuesto a someterse a una transición boba, de renuncia a sus premisas. Elevado gasto social, manteniendo la vasta cobertura que va desde las jubilaciones hasta la Asignación Universal por Hijo. Pago de la deuda externa con recursos del Banco Central. Negativa a endeudarse para cubrir dificultades financieras. O sea, no se gestionará con el programa de “los otros”.

En la Argentina se discute de un modo peculiar, poco asible para los no iniciados: el Gobierno y sus adversarios llaman “no devaluar” a hacerlo a un ritmo anualizado que coquetea con el 25 por ciento en 2013. Como sea, la hipótesis es que en 2014 se mantendrán los coordenadas K en ese rubro y en otros. No habrá “cambio de rumbo” ni resignación del activismo estatal o de las políticas sociales.

El paquete no es cerrado y es mucho más lo que falta definirse que lo que está atado. Lo que queda por decirse y hacerse es una ración enorme de la política económica: la “sintonía fina”, la irrupción de nuevos instrumentos, el modo de operar los problemas más patentes del modelo. Hablamos del déficit energético, la inflación entre los más evidentes. Sería chocante que el oficialismo mostrara esas barajas ahora: va contra su idiosincrasia y contra su idea táctica actual. Jamás ha obrado con esa anticipación y es ilusorio definir qué se hará cuando no se ha despejado la incertidumbre del resultado electoral.

El gobernador Daniel Scioli se ha anticipado con cambios al veredicto de las urnas, que presume crecientemente adverso. Es una táctica, opinable como todas. El gobierno nacional, da la impresión, elegirá otra: no moverá ficha hasta noviembre.

El cronista piensa que cambios de herramientas, innovaciones y renovación de equipos son una necesidad. Concuerdan con eso muchos kirchneristas de fierro, que lo murmuran en los pasillos o le arriman un bocadillo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner si ella los habilita. La palabra “reinventarse”, ya se mencionó en estas columnas, es de uso común, aunque dosificado. ¿Cuándo hacerlo? A los ojos de este escriba, anticipar las variantes sobreexpondría a los recién entrados al resultado de la votación, lo que no es aconsejable. La política pragmática es resultadista: cuando se conozca el score se podrán sopesar mejor aciertos o errores, ya con la chapa puesta.

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Revisionismos: La modificación de los topes para el monotributo revisionan la política impositiva de los últimos años. El Gobierno inducía una suerte de eutanasia de ese sector de contribuyentes, forzando su pase a otras categorías. Los llevaba a rangos más costosos y más exigentes en el papeleo. La vastedad y variedad del universo de los monotributistas emparejaba demasiadas situaciones diferentes. Tal vez primaba un encono fiscalista con un fragmento de autónomos con mucha destreza para disimular ingresos y subfacturar de lo lindo. La obstinación en su contra (para nada injusta si se le circunscribe bien) llevaba a medidas demasiado expandidas, cayendo en la redada pequeños productores, monotributistas sociales, miniempresarios, changuistas o prestadores de servicios particulares. Para nada grandes contribuyentes, todos ellos bastante sometidos a los vaivenes de la economía, lo que equivale a decir que la pasaron regular o hasta mal el año pasado y el primer trimestre de éste.

El Gobierno optó por una buena praxis, que les da aire y distensión a millones de argentinos de clase media, media baja o a laburantes bien rasos en trance de formalización. La razonabilidad de la movida no excluye el reproche o el lamento por no haberlo hecho un tiempo antes, lo que hubiera podido tener una traducción electoral que ahora es muy problemática.

El aumento de los mínimos no imponibles para el Impuesto a las Ganancias es otro ejemplo de sana rectificación, inducido por las Primarias. El oficialismo vuelve a demostrar que tiene capacidad de volver sobre sus pasos perdidos, lo que debería motivarlo a un ejercicio de introspección: repasar qué obstinaciones o qué lecturas de la realidad lo llevaron a retacear esas medidas un tiempito antes, cuando hubieran sido más funcionales. De cualquier forma, como el Presupuesto, las reformas signarán el año próximo y acaso en el otro, mejor enfilado. No es poco para los ciudadanos. Si hubieran mediado más destreza y astucia hubiera podido ser más gratificante para el oficialismo.

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Populistas somos todos: El entusiasmo de la dirigencia opositora por gravar al “gran capital” o a las transacciones financieras cesó como por encanto. Bastó que el oficialismo transformara esa demanda en proyecto de ley. La torsión en el aire estimula a la risa o a la indignación, según el talante del observador. Imposible saber si tamaña contradicción es consecuencia de su afán de no malquistarse con el establishment o al de oponerse a cualquier acción del Gobierno, aunque sea congruente con reclamos propios difundidos pocos días atrás. En cualquier caso, es una pintura de la consistencia programática y hasta moral de muchos dirigentes opositores. El diputado Claudio Lozano, que no resalta por su transigencia con el oficialismo, hizo excepción. Fue coherente con su discurso de años, lo que lo transforma en una rara avis entre sus pares.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) difundió un comunicado con su estilo: parco, drástico en la defensa de sus interesados, escrito por un escolar poco aventajado. Consagró esa pieza maestra de la ideología empresaria que es la “doctrina Héctor Méndez”. Propugnó que se reduzcan impuestos, a condición de no tener que pagar otros. La fe en el pagadiós cunde en la época del papa Francisco. La AEA celebró el aumento del mínimo no imponible de ganancias, propugnó que se institucionalice un coeficiente semestral que lo actualice. Y despotricó contra los impuestos nuevos, a la distribución de utilidades de las sociedades comerciales y a la venta de acción. “Peronistas somos todos”, pintaba el tres veces presidente Juan Domingo Perón, cuando le daba por ironizar. En la era global, “todos” se comportan como populistas fiscales apoyando disminución o supresión de impuestos en simultáneo con aumento de beneficios sociales. Bienvenida al club, AEA.

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A formalizar, a formalizar: El Gobierno presentó un paquete de medidas tendiente a combatir el trabajo informal, en una reunión presidida por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con asistencia de representaciones gremiales. La alta tasa de informalidad es una de las mayores rémoras del “modelo”, que consiguió reducciones enormes en los primeros años de gestión y no consigue mejorar sus marcas desde hace años. Entre las ramas de producción que mejoraron sus desempeños se destacan la construcción, los servicios de salud, las actividades manufactureras. Hace años que se registra un preocupante amesetamiento de los indicadores, que abarcan a un tercio de la clase trabajadora, cuanto menos.

Los capitalistas más refractarios a ponerse en regla con las leyes son las patronales agropecuarias y una fracción de la industria textil. La informalidad en esos rubros es mucho más alta que la media. La explotación se agrava para los trabajadores que realizan migraciones transitorias, sin garantías materiales ni legales para regresar a sus hogares, con consecuencias dolorosas en núcleos familiares vulnerables. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (Renatea), de creación relativamente reciente, realizó un ejemplar operativo de registración días atrás en Santiago del Estero. Abarcó a miles de trabajadores hasta entonces “flojos de papeles”. Hubo labores conjuntas con varios ministerios y la Anses, que incluyeron acciones sanitarias, provisión de documentos de identidad, en general movidas de cobertura social y ampliación de derechos. Son tareas novedosas, enderezadas al largo plazo, para un conjunto de trabajadores muy relegados, a contrapelo de décadas de explotación cruel.

La acción reseñada es tan pionera cuan parcial e insuficiente. No es sencillo inducir a la baja de la informalidad, en grandes números. El abanico de situaciones es variadísimo. Va de las grandes explotaciones rurales a las grandes empresas textiles “no registradas” que someten a la mano de obra a regímenes cuasi esclavistas. Pero pasa también por el mundo de pequeñas y medianas empresas que aducen (a menudo con razón) que su economía de escala no soporta legalizar a toda su planta.

El objetivo del Gobierno es combinar “el palo” (inspecciones, sanciones más severas, registro de malos pagadores de multas, su exclusión de las listas de proveedores del Estado) con algunas “zanahorias” para las pymes (deducciones fiscales, reintegros, incentivos). El tema merece más detalle pero es interesante consignar que el Estado no desiste de una brega que, por decirlo con eufemismos, no estaba en el menú de sus precursores ni integra la hoja de ruta de quienes aspiran a relevarlo.

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A fidelizar, a fidelizar: Los consultores que trabajan para Sergio Massa o Hermes Binner lucen confiados y elevan preces para que nada se mueva mucho de acá hasta octubre. A su ver, los grandes ganadores de agosto van mejorando su cosecha aunque los ciudadanos han entrado en una impasse distractiva que, seguramente, cesará pocos días antes de la votación. “La gente está en otra cosa”, sintetizan.

Entre los asesores del gobierno nacional, el optimismo es moderado, cuando lo hay. Concuerdan con sus colegas; en septiembre baja el hervor electoral que retomará temperatura el mes que viene. En el ínterin, la voluntad del oficialismo transita dos vías: la de las políticas públicas y la de la militancia. “Fidelizar” es la consigna: conservar e interpelar a los votantes propios, convencerlos para participar, eventualmente para cambiar de criterio.

En cuanto al impacto de las medidas económicas, no hay grandes ilusiones. Y, de cualquier modo, estas se difieren para más adelante. “Nadie nos va a aplaudir por haberles concedido lo que nos pidieron –se sincera en primera persona del plural un asesor del kirchnerismo–. Pero, por ahí, en octubre algunos sentirán la plata en el bolsillo y podrían pensar que ya nos castigaron bastante.” Se subraya el potencial y el relativismo.

Entre tanto, los gobernadores caminan cada una de sus provincias o intentan hacerlo. En noviembre se lanzará la carrera a las presidenciales, la posición ganada en octubre condicionará la largada. Los medios dominantes dan por hecho que Cristina Fernández de Kirchner no tendrá capital político ni garra para intervenir en esa competencia. Calculaban lo mismo en 2009, se equivocaron. La Presidenta decidió cambiar y competir. Por añadidura, ganó en 2011. No es seguro que el resultado se repita, la historia es chúcara a las reiteraciones estrictas. Pero se puede dar por seguro que el kirchnerismo dará batalla, con sus armas y petates. Las medidas que se reseñan al principio de la nota cumplen, entre otras, esa función.