EL PAíS › EL SENADO MODIFICó AYER UN TEXTO QUE TENíA APROBACIóN DE DIPUTADOS

Una pensión para ex presos políticos

En el texto aprobado ayer no hay una fecha de detención desde la que se puede exigir la pensión para ex detenidos en la dictadura. También se votaron designaciones en la Justicia y la realización de ejercicios militares.

Después de un mes sin sesionar y en su primera reunión tras las elecciones legislativas, el Senado aprobó ayer una serie de iniciativas que incluyeron un régimen de resarcimiento para ex presos políticos durante la última dictadura, la realización de ejercicios militares fuera del país y el acuerdo para la designación de funcionarios del Poder Judicial. Las iniciativas fueron en su gran mayoría consensuadas entre todas las fuerzas parlamentarias, que también trataron otros temas como la creación de la Universidad Nacional de Hurlingham, modificaciones a la ley de diabetes y la sanción de la ley de grooming (ver página 3).

Mientras en las afueras del Congreso se realizaba una manifestación en reclamo del cambio de nombre a la estación de tren Avellaneda por el de Darío Kosteki y Maximiliano Santillán (ver aparte), puertas adentro los senadores aprovecharon para retomar buena parte de la agenda demorada por el año electoral. Se modificó la ley que había aprobado Diputados y que establecía una pensión graciable a los ex presos políticos que hayan sido detenidos desde el golpe del 24 de marzo de 1976. El Senado contaba con una iniciativa que incluía a los detenidos a partir del 6 de noviembre de 1974, es decir, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón. Finalmente, el texto que el Senado aprobó ayer no incluye fecha de inicio de la condición de preso político. Se espera que Diputados lo pueda tratar antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año.

Según el texto elaborado por los diputados Graciela Iturraspe (Unidad Popular) y Juan Carlos Díaz Roig (Frente para la Victoria), el beneficio será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional (aproximadamente unos 3 mil pesos) y será “independiente de cualquier otra reparación” y de la indemnización por daño moral, físico o psicológico consecuencia de la tortura y la reclusión a la que fueron sometidos los ex presos políticos. El órgano de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Una de las iniciativas en las que no hubo unanimidad fue el acuerdo para la designación de Luciano Lauría como juez del tribunal oral federal de Santa Fe y Hernán Israel Shapiro como fiscal general en lo Criminal de La Plata. El senador socialista Rubén Giustiniani anunció que los cinco miembros del FAP no apoyarían el nombramiento de Lauría por cuestionamientos de organismos de derechos humanos de Santa Fe. Giustiniani remarcó que Lauría se excusó como juez subrogante en la causa contra el ex juez Víctor Brussa, quien finalmente resultó condenado a 21 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

El titular de la Comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FpV), respaldó el pliego de Lauría y advirtió que “en realidad, lo que se está haciendo es sacar una bolilla negra a alguien que a algún sector no le conviene, por vaya a saber qué causa, sea juez”. Guinle recordó que en esa causa hubo más de 30 excusaciones y que, incluso, dos secretarios que se excusaron antes que Lauría fueron luego ascendidos a jueces en Paraná y en Rafaela, sin ningún cuestionamiento en el Senado. Por otro lado, desde el kirchnerismo recordaron que en la audiencia pública en la que se convocó a Lauría y se firmó el dictamen no se produjo ningún cuestionamiento sobre su actuación, ni de Giustiniani (que estaba de viaje) ni de otros organismos de derechos humanos. Según fuentes del FpV, Lauría actuó de acuerdo a derecho, ya que se excusó por tener un vínculo laboral con Brussa. Finalmente, los pliegos de Lauría y de Shapiro resultaron aprobados por 49 votos a 5 en una sola votación.

Otro de los temas que se aprobaron fue la autorización pedida por el Ejecutivo para la realización de ejercicios militares combinados, la salida de tropas argentinas fuera del territorio nacional y el ingreso de sus similares extranjeras sin inmunidad. El proyecto debe ser tratado ahora por Diputados, igual que la pensión para ex combatientes. La Cámara alta podría volver a sesionar el 27 de noviembre, día en que jurarán los nuevos senadores. Todavía no estaba definido si el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias o pedirá prórroga de ordinarias.

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Una de las iniciativas en las que ayer no hubo unanimidad fue en el pliego del juez Lauría.
Imagen: Télam
 
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