Los policías santacruceños sublevados reclaman un aumento salarial del 25 por ciento.

El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ordenó ayer que se inicien sumarios a los policías que realizan medidas de fuerza desde el jueves en Río Gallegos y Caleta Olivia en reclamo de un aumento salarial. Su ministro de gobierno, Gustavo Martínez, aseguró que el gobierno provincial será “inflexible” con la protesta, sugirió que el reclamo “no es económico sino que tiene otras características”, y agradeció al gobierno nacional por el envío de efectivos de Prefectura y Gendarmería. El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, afirmó que el conflicto en Santa Cruz “debe ser absolutamente normalizado” y remarcó que “debe existir cohesión y disciplina en las fuerzas de seguridad para servir a los habitantes”.

Peralta tomó la decisión de iniciar sumarios luego de reunirse en la jefatura de policía con el titular de la fuerza, Salomón Aleuy, y con el ministro Martínez. “La medida la establece el reglamento disciplinario interno por lo que se iniciarán en forma extraordinaria los sumarios respectivos a los efectivos autoconvocados cuya finalidad será separarlos de la fuerza de forma preventiva”, explicó el ministro de Gobierno. Martínez aseguró que mantienen comunicación permanente con Capitanich y agradeció al gobierno nacional que “está prestando todo su apoyo” con el envío de prefectos y gendarmes, que se encuentran “recorriendo las calles” de las dos ciudades afectadas por las medidas.

“Vamos a ser inflexibles, no hay lugar para este tipo de medidas”, afirmó el funcionario, y calculó que sobre un total de cinco mil efectivos son 250 los acuartelados. El ministro recordó que Santa Cruz no se vio afectada a fines de 2013, cuando se produjeron reclamos en varias provincias, gracias a la decisión de “crear un consejo del salario que permitió sentarse a discutir una especie de paritaria”. En ese ámbito “hemos planteado las condiciones económico financieras de la provincia”, explicó, y agregó que “los aumentos que han recibido han sido suficientes y no estamos en condiciones de dar más”. “Ahora no estamos negociando. Nunca negociamos bajo esta medida de presión”, aclaró. Rechazó cualquier petitorio o reunión con los policías autoacuartelados por considerar que “el marco institucional de diálogo permanente que fue creado es novedoso y atiende precisamente estas necesidades para que la fuerza de seguridad pueda sentarse con el gobierno y sus representantes”. “Por fuera del Consejo no se va a aceptar ninguna petición porque se busca vulnerar un órgano formal y legal”, advirtió.

Capitanich sostuvo que “cualquier cuestión asociada a un acuartelamiento es un delito” y llamó a “terminar con la apología del delito sistemática”. El jefe de Gabinete mencionó “la estrategia urdida por grupos opositores, donde muchas policías provinciales fueron instrumento el 2 de diciembre de 2013”, y calificó esa sublevación como parte de “una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia”. “Por lo tanto incurren en un delito de sedición investigado por fiscales de la República y también por la Justicia de las provincias”, remarcó.

“La acción tanto preventiva como correctiva es menester de los gobiernos provinciales”, aclaró Capitanich, y advirtió que “no se pueden tolerar acciones de esta naturaleza porque infringen la ley”. “Es importante repetir algo que sabemos todos: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, concluyó el jefe de Gabinete.