EL PAIS › ENTREVISTA CON LUCIANO HAZAN, COORDINADOR DEL PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

“Todos los políticos deben comprometerse”

Hazán destaca los avances en la judicialización de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, esboza los principales problemas que enfrenta y plantea que los dirigentes de todos los partidos deberían explicitar su postura ante las políticas de derechos humanos.

 Por Ailín Bullentini

Luciano Hazán trabajó muchos años en el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, en donde comenzó un vínculo con la memoria, la verdad y, sobre todo, la justicia, en relación con las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Desde hace poco más de año y medio es coordinador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia nacional; también integra el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU. Su constante vínculo con víctimas de aquellos horrores, familiares y testigos de las causas, también con operadores judiciales, funcionarios y legisladores, le permiten graficar el estado de situación del proceso jurídico que aborda los crímenes del terrorismo de Estado, plagado de megacausas, bifurcaciones constantes y estrategias que buscan impunidad. Hazán remarca el constante avance logrado desde 2003 en la temática, le reconoce matices y amplía las razones que explican esas diferencias. También propone soluciones bajo el amparo de una gran premisa: “Todos los políticos de todos los partidos deberían estar comprometidos con el juzgamiento de los delitos del genocidio”.

–El informe anual del Programa Verdad y Justicia reconoce diferencias en el avance de la judicialización de los delitos de la última dictadura. ¿Cuáles son sus razones, cuáles sus soluciones?

–Es complicado ser tajante. Los abogados que integran el equipo del programa, que trabajan en todo el país, son los que nos informan acerca de los obstáculos o problemas en el avance del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Hay causas que demoran mucho en ser elevadas a juicio oral; hay juicios que, por el proceso de atomización que se da en esta problemática, acaban siendo poco representativos... Creo que el camino hacia la solución es de doble vía: se tiene que trabajar provincia por provincia, jurisdicción por jurisdicción, pero al mismo tiempo a nivel general. Muchas soluciones deben ser generales, a partir de la creación e implementación de normas o decretos. Lo sucedido con la oralización de los recursos, por ejemplo, fue algo que se impulsó desde Abuelas de Plaza de Mayo y que no sólo impactó en las causas por crímenes contra la humanidad sino en todas las nacionales. Pero luego de los paraguas generales aparecen las respuestas a problemas concretos de cada jurisdicción, con determinados actores en cada una. No obstante, vemos que algunas problemáticas se repiten y las buenas prácticas también se pueden replicar. El ejemplo es el protocolo que creó junto con el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa el Tribunal Oral Federal de Tucumán para trabajar en delitos contra la integridad sexual. Nosotros lo recomendamos en nuestros informes o en el contacto directo con otros tribunales del país.

–Las reglas que la Cámara de Casación emitió en enero de 2012, con el aval del presidente de la Corte Suprema, para “acortar” los procesos y acelerarlos, ¿no es una de esas medidas generales para evitar demoras?

–Totalmente. Ahora, en términos de sociología jurista, existe lo que se llama el fetichismo normativista: vos podés cambiar una norma, pero no necesariamente con ese cambio lograrás el efecto inmediato y directo en la realidad. Con esas reglas no hay duda de que las autoridades de la Justicia confirmaron estos casos como prioritarios, una cuestión de Estado. Y, para más, eso mismo que la Cámara dice, también lo dicen los tratados internacionales. Está repleto de gestos políticos, no sólo del Poder Judicial sino por el poder político, que apuntan a modificar la realidad. Pero, para que así sea, necesitás trabajar, porque el problema es el cumplimiento de esas normas. Este es uno de los desafíos del programa y de muchos de los actores involucrados en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y la existencia de esa estructura es, a su vez, uno de los valores agregados de la Argentina en términos comparativos a nivel mundial. En estos diez años desarrolló una institucionalidad que no existe en otras geografías, no es común. Por eso el país es tan observado en este tema.

–Más estructura burocrática para luchar contra el letargo de la burocracia judicial...

–Se generaron instituciones que permiten que la normativa, que es clara, no quede dormida en la práctica burocrática judicial. Muchas veces el adormecimiento de las investigaciones, del juzgamiento, puede tener una sesgo ideológico; pero otras no: sólo responde a la propia lógica del funcionamiento de la burocracia que, mientras no haya alguien que esté mirando de cerca, controlando, no va a avanzar. ¿Qué puede sacar uno de este proceso, en balance? Bueno, que se genera una institucionalidad bastante organizada y cooperativa que permite que estas cosas se atrasen menos de lo habitual; que llega para acompañar a las víctimas, los organismos, las familias, las querellas, todos los que están al pie del cañón y hacen el trabajo central.

–La opción, entonces, es trabajar interdisciplinariamente.

–Si hay algo que caracteriza el trabajo del programa es su integralidad. Abordamos los problemas de manera individual y tratamos de encontrar soluciones para cada una de las problemáticas que van surgiendo. Pero no lo hacemos solos sino junto con varios organismos, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Casación, el Poder Ejecutivo, la Corte, la Cámara de Diputados, en la Comisión Interpoderes, un ámbito bastante interesante creado a instancias de la Corte que este año tuvo conformada su mesa ejecutiva y empezó a reunirse más asiduamente. Allí recibimos, por ejemplo, a familiares y víctimas de Jujuy, preocupados por la causa que investiga los crímenes del Ingenio Ledesma, y sirvió para prender algunas alarmas entre todos los poderes del Estado. No resuelve todos los problemas, pero destraba y no es poco. En Santiago del Estero, por ejemplo, los familiares y testigos de causas de lesa humanidad y las organizaciones de derechos humanos nos informaron sobre maniobras de dilación en el juzgado federal, sobre lo que estamos trabajando. De los querellantes de la Zona Norte del conurbano llegó la información sobre los conflictos con el cuerpo médico forense: documentamos el problema y estamos pensando en soluciones.

–La dificultad ante los planteos de problemas de salud de las defensas es una cuestión que ustedes plantearon. ¿Tiene que ver con una falta de adaptación a nuevas reglas de juego o se trata de negligencias ideológicas?

–Lo segundo, absolutamente. Hay una sospecha concreta y fundada sobre la transparencia en los peritajes del cuerpo médico forense. Y la respuesta al problema es la actualización de la institución. Si uno tuviera un cuerpo de peritos intocable, idóneo, con legitimidad en el proceso, como lo que sucede con el Banco Nacional de Datos Genéticos, no sería necesario que las partes convoquen a peritos de parte. Y en muchos casos no son sólo las partes acusadoras las que dudan de los profesionales que actúan hoy sino los propios tribunales: sucedió en Rosario, en Ciudad de Buenos Aires en varias causas. Esto abre la puerta a nuevas artimañas. La defensa pública también desarrolló su propio equipo de peritos, un grupo de profesionales que está todo el tiempo articulando estrategias para evitar que los represores sean enjuiciados. Se observa el nacimiento de un nuevo privilegio; nosotros lo vemos de esta manera y nos preocupa, entendemos que son presiones de diferentes factores de poder que siguen operando en contra del proceso de judicialización. Por eso hay una demanda a la Corte para que mejore la transparencia del cuerpo médico forense.

–Otra de las dificultades que plantearon en el informe anual del programa tiene que ver con el leve avance en nuevas líneas de investigación. ¿A qué se debe la demora y cómo se neutraliza?

–Hay que reconocer que en cuanto a los delitos contra la integridad sexual se está avanzando. Nosotros planteamos que hay lugares del país en los que la comunidad judicial sigue siendo más reactiva a tratarlos como tales, pero a nivel general hay avances. Sin ir más lejos, la Corte Suprema impulsó desde su Oficina de la Mujer una capacitación a operadores judiciales sobre el tema. Nuestra insistencia es hacia la protección de las víctimas: recién ahora se están animando a hablar y eso habla de la confianza que le tienen al proceso de memoria, verdad y justicia, que demostró que se sostiene en el tiempo. Insistimos con que la Justicia logra que sus testimonios sean reparadores. Ahora, respecto de las responsabilidades civiles, la cosa está mucho más difícil. En algún aspecto, el poder político avanzó lo suficiente para poder llevar a la Justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad y armadas por los horrores. Esto no sucedió en los ’80, no sucedió en los ’90, sino a partir de 2003. Ahora, cuando hay civiles involucrados, se mete con poderes particulares. Los empresarios siguen pisando fuerte hoy y esto genera resistencia desde el Poder Judicial. Estamos trabajando junto a un grupo de organismos estatales y organizaciones civiles en una investigación sobre casos de responsabilidades empresarias que debería rendir sus frutos durante este año.

–Hay resistencia del Poder Judicial. ¿No la hay dentro del poder político?

–Sin duda. Todos los políticos de todos los partidos deberían estar comprometidos con el juzgamiento de los delitos del genocidio en el que estuvieron involucrados no sólo miembros de las fuerzas sino también de la política, de las empresas, de la Iglesia.

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Imagen: Télam
 
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