EL PAíS › DOCE JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PUEDEN COMENZAR POR FALTA DE JUECES

Dificultades para avanzar en San Martín

Querellas, víctimas y familiares pidieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ana María Figueroa. Hay doce causas elevadas a juicio oral que esperan fecha de apertura, entre ellas los secuestros en la Ford.

 Por Alejandra Dandan

Un nuevo techo sacude las causas de lesa humanidad en San Martín. A los problemas estructurales de la instrucción, que continúa fragmentando las causas, se suman los impedimentos recurrentes en la integración del Tribunal Federal Oral 1 que debe hacer los juicios. Querellas, víctimas y familiares pidieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ana María Figueroa, para pedir que el máximo tribunal penal designe con urgencia a jueces para el TOF. Hay 12 causas elevadas a debate público que esperan una fecha de apertura desde hace más de un año. Entre ellas hay expedientes emblemáticos como los secuestros de la comisión interna de Ford Motor Argentina que lleva a juicio a ex directivos. Luego de meses de reclamos, las querellas consiguieron integrar el TOF con una jueza, pero ahora se va otro de los jueces.

“Hicimos un planteo por escrito para pedir a la presidenta de la Casación que nos reciba a todos”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de zona norte. “Le estamos diciendo que tienen que constituir urgente un tribunal porque el juez Diego Barroetaveña se va a fin de mes. Es decir, en veinte días nos quedan dos jueces cuando tenemos doce juicios listos para el juicio y se viene pidiendo desde el año pasado que los tribunales fijen una fecha”.

Según Taboada, Figueroa se comprometió a recibirlos. “Hace dos meses, Casación nombró a María Lucía Cassain para integrar el tribunal. Con eso volvíamos a tener a los tres jueces. A la mañana siguiente, a primera hora, fuimos al TOF y presentamos un pedido que pusiera fecha para el comienzo de un juicio. Era el tercer pedido que firmaba Pablo Llonto como abogado. Esta vez firmaron todas las querellas: la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Provincia, Llonto por las querellas particulares y Tomás Ojea Quintana por la querella de Ford. Y aun así, no respondieron”.

En esa línea se inscribe este reclamo. En aquel momento, Casación nombró a Cassain en lugar de Héctor Segretti, que renunció a estos casos. Se suponía que con eso avanzarían los debates, pero no fue así. Con el tribunal integrado, los jueces y juezas podían fijar fecha de comienzo, pero no lo hicieron. A ese problema ahora se añadió otra vez la falta de jueces porque Barroetaveña anunció que no renueva el contrato como subrogante, que se vence a fin de mes.

“Varios juicios están listos para empezar ahora mismo. Entre ellos el de metalúrgica de San Martín, que lleva a juicio por primera vez a los integrantes de la comisaría de Villa Ballester, donde estuvieron secuestrados los obreros”, continúa Taboada. “Hace un año comenzó el juicio a los obreros. Ese juicio terminó. Consideramos que esto es para hacer una denuncia fuerte. Ante esa ausencia de respuesta y ahora la falta de un tribunal constituido y permanente, estamos pidiéndole a la presidenta de la Casación que nos reciba para conversar, solucionar y encontrar una alternativa definitiva al problema”.

A criterio de las querellas, hay una confluencia de cuestiones que contribuyen al bloque de las causas. En la etapa oral, la falta de jueces permanentes en un TOF que además se resistió en los últimos fallos a pensar herramientas para juzgar la complicidad empresaria en una zona donde muchas de las víctimas son trabajadores del cordón industrial. Y otro problema es la falta de respuesta cuando las querellas reclaman una fecha. En la instrucción, hay problemas de distinto tenor. La jueza federal Alicia Vence no recibe ni a querellantes ni a los fiscales. Hay un enorme dilema con la fragmentación infinita de las causas y falta de un criterio de investigación efectivo. Pero, además, las querellas señalan también problemas sobre la lógica de persecución a los responsables. Explican que no sólo hay resistencias a juzgar a los cómplices civiles, sino a otro tipo de poderes fácticos territoriales como las comisarías y sus policías. Taboada entiende que allí se repite la lógica de la obediencia debida, porque los que llegan a juicio o se juzgan son las cabezas de las comisarías, pero no sucede lo mismo con los operadores que intervinieron en esos lugares.

Además, están las cuestiones de apariencia doméstica, pero que son funcionales a la impunidad. Falta personal y también espacio. Pese a tener un lugar nuevo asignado en el primer piso del edificio donde se hacen los debates, la secretaría a cargo de la instrucción de los juicios no se muda. Donde están ahora es una casa en la que a las querellas les resulta difícil acceder a consultar con tranquilidad un expediente: si logran sentarse en una silla, por ejemplo, suele estar ubicada en un pasillo y la consulta bloquea la circulación.

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