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 Por Eduardo Aliverti

Una crónica enviada a la Siberia del cuerpo central del diario (página 46, sección Sociedad) fue todo el despliegue que Clarín le dio, el viernes, al incalificable procedimiento judicial en la casa del colega Víctor Hugo Morales. Tampoco en las ediciones electrónicas y en sus programas radiofónicos y televisivos fue posible encontrar grandes coberturas del hecho. Al contrario: se diría que más bien lo ignoraron. En la edición de ayer tampoco hubo referencia al tema. Hablaron de que nunca hubo tanta impunidad y desfachatez, pero no fue sobre ellos mismos.

Podría entenderse que al propio Grupo (¿o a muchos de sus periodistas, tal vez?) le provocó vergüenza ajena ese allanamiento que tuvo entre sus protagonistas a uno de los abogados del holding, Damián Cassino. Se lo ubica por el pelambre colorado pero, sobre todo, por su inolvidable intervención papelonesca cuando le tocó defender a ese cliente en las audiencias públicas convocadas por la Corte, en medio del enésimo debate por la ley de medios audiovisuales. En aquella instancia, el comentario generalizado fue la pregunta de cómo era posible que Clarín, nada menos, tuviera de letrado a un profesional con luces tan imperceptibles. Luego, ya más en los círculos politizados, sucedió la incógnita de por qué no lo echaron aunque fuere, para disimular algo, un tiempo después. Hoy, frente a la acción en el domicilio de Víctor Hugo que, como él dijo, pareció una entrada a la búsqueda de un narco al que debe agarrarse de sorpresa en su madriguera, se repite el interrogante de cuál explicación dar a un hecho cuya grosería deja o agrega al Grupo una imagen lamentable. Publicitariamente horrorosa. Y jurídicamente –junto con el sentido común– muy difícil de legitimar, porque es insólito suponer que el relator no tendría cómo solventar el monto reclamado por difundir en pantalla de fondo los goles de Boca ante el Real Madrid en diciembre de 2001, lo cual, en segunda instancia, fue considerado un robo de los derechos de Cablevisión. ¿Cuál es el negocio de mostrarse como una patota a la luz pública? ¿No calculan el impacto negativo de imágenes como las vistas hasta el cansancio, con unos escribientes inventariando cuadros y jarrones? La respuesta más sencilla, o inmediata, es la ostentación de poder para intimidar mediante un accionar humillante: acá están nuestros jueces, porque son eso, nuestros, y responden a todo cuanto necesitemos en el momento que lo requiramos. A las pocas horas, por si hubiera dudas, se conoció que fue prorrogada hasta enero de 2016 la medida cautelar que le permite a Clarín evitar adecuarse a la ley de medios. Es la propia Corte la que avaló el procedimiento para transferir de oficio los activos del Grupo, que se niega a desinvertir, porque será compensado económicamente para resguardarlo de afectaciones patrimoniales. Clarín lleva más de cinco años evadiendo la ley pero, aun cuando el máximo tribunal del país rechazó sus argumentos, jamás falta el magistrado que le permite probabilidades de dilatar. Volviendo unas líneas, a la pregunta de cuál es el beneficio de estas artimañas que perjudican la credibilidad del Grupo, quizá la contestación sea que, lanzado a toda velocidad en una guerra sin cuartel contra el Gobierno, ya nada les importa porque cualquier retroceso sería visto como claudicante. Suena un tanto psicologista, pero se da en un marco de metas comunes con una parte de la corporación judicial que, en estos días, ofreció otros picos de exhibición, pasmosos y capaces de mostrar las cosas con una lógica política general. El punto central es ése y no Clarín, porque por más influyente que sea una empresa o grupo no puede equipararse a la responsabilidad de uno de los poderes del Estado. La sed de revanchismo de un particular es incomparable con las acciones de la Justicia.

Lo más notorio fue el increíble operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio en Río Gallegos, a donde envió más de medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana, que no tiene jurisdicción federal, a fin de custodiar el peritaje de empresas ligadas a la familia Kirchner en un expediente por lavado de dinero que ni siquiera responde al objeto original de la causa. Para agotar la capacidad de asombro, el procedimiento fue pagado con casi medio millón de pesos que aportó el gobierno macrista. Prácticamente de inmediato, la Sala I de la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de esa denominada causa Hotesur, al considerar que el juez “perdió la imparcialidad y violó el derecho a defensa de los imputados”. Les impidió el acceso al expediente, no precisó lo que se investigaba y no permitió a los defensores presenciar declaraciones de testigos, agrega la Cámara. El escándalo no fue ése para los órganos del clan mediático-tribunalicio, sino una nueva avanzada del kirchnerismo contra la Justicia independiente. Y apenas transcurridas unas horas del fallo de la Cámara, y otra vez munido de la Metropolitana, hubo los allanamientos ordenados por Bonadio en YPF, Enarsa y la Secretaría de Energía, en una causa impulsada por tres diputados del PRO –Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo– a raíz de presuntas operaciones sospechosas en la importación de gas. Tienta decir que todo es simplemente una comedia, porque para tomárselo en serio debería señalarse que cruzaron los límites cuando en verdad ya los traspusieron hace rato. Pero sí que debe abordárselo seriamente. Si acaso la ética periodística fuera considerada un tema menor, no lo es que unos componentes sustantivos del Poder Judicial encaren de esta forma –o de cualquier otra, es cierto– una declaración bélica contra otro de los poderes republicanos que tanto les preocupan. Son virtualmente un ejército en operaciones y el tamaño de la ofensiva debe considerarse proporcional al de los intereses que les afectaron. O a lo que ellos sienten como tal cosa. Y la obscenidad de sus actos, con el apoyo unánime de la claque opositora, parece más bien el indicio de que están agotando unos últimos recursos ante lo que semeja una derrota electoral irreversible.

Es por eso que la intervención en la casa de Víctor Hugo, estimable “técnicamente” como un episodio de escasa relevancia o de trascendencia sólo jurídico-personal, adquiere un enorme valor simbólico por la magnitud del descaro. Vale la pena que tome dimensión editorial, porque son este tipo de gestos los que enseñan el carácter de una etapa política y las cuitas de algunos de sus grandes actores. Si es por los periodísticos, la semana anterior hubo otra perla que impresiona. Llegó a titularse de cabeza, en primera plana, que el Papa, mientras viajaba a Paraguay, le pidió a Cristina un mayor compromiso con la Justicia. El texto es exactamente el mismo que siempre envía el Vaticano, a todos los presidentes, en todos los países, cuando el avión papal ingresa al espacio aéreo de cada quien. Un mero copy-paste. Otro papelón que no les importó. No se desmintieron, no pidieron disculpas, no produjeron ni una microscópica fe de erratas. Está muy mal si nos acostumbramos a esto, y está peor si se lo hace a cuenta de la independencia periodística.

Recientemente, la alcaldía de Madrid, ahora a cargo de la ex jueza Manuela Carmena en nombre de la plataforma ciudadana que integra Podemos, inauguró un blog para –entre otros objetivos– refutar artículos periodísticos considerados erróneos. El sitio se denomina Madrid Versión Original y aclara que su propósito no es desmentir interpretaciones u opiniones, sino “solamente informaciones que puedan ser contrastadas”. El ayuntamiento madrileño agrega que desea ofrecer su versión de los hechos, y permitir a la ciudadanía y a los medios “encontrar la información original que dio lugar a una noticia que contiene afirmaciones inexactas o matizables”. Por caso, la alcaldía acaba de negar por este canal haber anunciado nuevos impuestos sobre el turismo, a propósito de que varios medios publicaron esa noticia, cuando sólo era la especulación de un concejal. Y también desmiente que la alcaldesa haya burlado la ley al fichar como jefe de Gabinete al marido de su sobrina, según informó el diario La Razón. Como corresponde, la iniciativa desató un vendaval de críticas por parte del universo mediático conservador, a través de sus asociaciones corporativas y de los dos principales diarios españoles, El País y El Mundo. Juzgan que la llamada “web de la verdad” es una herramienta de presión y desprestigio hacia la prensa. El ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), recurrió al eterno sambenito de que hay halo a “regímenes totalitarios”. Y tanto la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) pidieron directamente el cierre del sitio web porque “puede crear un clima de animadversión hacia los medios”. La presidenta de APM, Carmen Riego, fue más lejos todavía y denunció el “intento de que haya un pensamiento único”. ¿En qué cabeza trastornada puede caber semejante hipótesis, si apenas se trata de que un municipio refute información falsa sin siquiera involucrarse en la interpretación de segundas intenciones? En ninguna, pero no importa.

Es, aquí, allá y en donde (les) fuere menester, la vieja cuestión de que atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. O con la independencia de la Justicia.

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Imagen: Leandro Teysseire
 
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