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La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más medianías.

Otro tanto podría decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas, y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con decenas de muertos en todo el país.

No sólo por la vía de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar, medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York, y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri.

De regreso al presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa.

La herencia

Ningún gobierno recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en 2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público, renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde. Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien días de gracia.

Ni necesidad ni urgencia

Hasta ahora se las ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia, explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.

A confesión de parte

La decisión del juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba parte de la denuncia.

El coronel Luis César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.

Larga vida al juez Julián Ercolini.