[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Veintiocho años después de la Masacre de Palomitas, a los militares Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche se les están terminando los atajos para evitar a la Justicia: la Cámara Federal de Salta ratificó sus detenciones y procesamientos como “autores y coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado”. En julio del ’76, doce presos políticos que estaban alojados en el penal de Villa Las Rosas, Salta, fueron fusilados al simular una fuga. Los uniformados retirados presos fueron los responsables del operativo.
El 31 de mayo pasado, el juez federal de Salta, Miguel Medina, había procesado al coronel Mulhall, al teniente coronel Gentil y al capitán Espeche por los fusilamientos en el paraje Palomitas, ubicado a 50 kilómetros de la capital provincial. Mulhall era el comandante de la guarnición militar Salta; Gentil, el interventor de la policía provincial, y Espeche fue el encargado de montar la parodia del traslado para propiciar los asesinatos.
El 1º de agosto del año pasado, por orden del juez Medina detuvieron a Mulhall en Olivos, quien se descompensó oportunamente para ser internado en el Hospital Militar y evitar así su traslado a una prisión salteña. Gentil fue apresado también en la provincia de Buenos Aires. Ambos gozan de prisión domiciliaria. Espeche, quien residía en Comodoro Rivadavia, Chubut, y era copropietario de una empresa de seguridad fue el único que fue llevado a una unidad militar de Salta.
Mulhall llegó a ocupar el cargo de interventor federal de la provincia durante un breve lapso. Fue él quien le entregó al entonces juez federal Ricardo Lona una nota con la versión oficial de la masacre: “En circunstancias que una comisión del Ejército procedía al traslado de presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por otros delincuentes subversivos”. Según declararon los militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Lona había pedido que los presos fueran llevados a otro penal por miedo a una fuga. Lona, quien se desempeñó como camarista en Salta hasta principios de este año, fue sometido a juicio político por ese caso, entre otros. Para evitar el desgaste presentó la renuncia, el presidente Néstor Kirchner no se la aceptó hasta que el Consejo de la Magistratura dio su veredicto a su favor por apenas un voto.
La vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida archivó la investigación de esa causa, reanudada en 2002, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que declaró la nulidad de esas normas ante el pedido de los familiares de las víctimas y entidades de derechos humanos.
Ahora, el nuevo fallo de la Cámara ratificando las prisiones y procesamientos de los militares da un paso más hacia la realización del juicio oral. Desde que el Congreso sancionó la nulidad de las leyes de impunidad varias de las causas por violaciones a los derechos humanos que se reabrieron avanzaron hasta esa instancia. Sin embargo, todas están pendientes del fallo de la Corte sobre la validez de esa decisión.